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La policía alemana elabora una base de datos de más de 100.000 militantes políticos y periodistas

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La BKA, policía federal alemana, recopila masivamente datos de forma ilegal sobre más de 100.000 personas que considera que cometen “infracciones de tipo político”, según informa la radio ADR. Los datos se integran en una lista negra informatizada llamada “Seguridad Interna”, aunque no haya ninguna clase de investigación sobre dichas personas.

La mayor parte de quienes forman parte de la lista negra son militantes antifascistas y periodistas. Las informaciones proceden tanto del servicio secreto como de los diferentes tipos de policías alemanas.

La existencia de dicha lista se descubrió como consecuencia de la cumbre del G20 en Hamburgo, cuando 32 operiodistas perdieron una acreditación que se les había concedido. Algunos de ellos exigieron acceder judicialmente a los datos que la BKA acumula sobre ellos y, tras comprobarlos, concluyeron que eran infundados.

Del fotoperiodista Frank Bründel aseguraba que sostenía o pertenecía a un movimiento violento. El origen de dicha información fue que el periodista acudió a una manifestación del Primero de Mayo en la que le pidieron la documentación, lo que quedó registrado informáticamente para siempre como persona de izquierda y violento.

El registro del periodista Björn Kietzmann le imputa 18 acciones violentas de las que jamás fue acusado, entre ellas la de causar una explosión incluida dentro de la categoría “violencia de carácter político”.

El motivo es que en una ocasión Kietzmann filmó una manifestación en la que un petardo explotó a su lado y le detuvieron, aunque fue inmediatamente puesto en libertad porque nada tenía que ver con lo sucedido.

El primero de los registros contra Kietzmann lleva fecha de 2002 y ninguno de ellos se ha borrado nunca, a pesar del transcurso de los años. Es como una maldición, el pecado original que le acompañará toda su vida, personal y profesional, aunque jamás haya sido juzgado ni condenado.

Como suele ocurrir, los periodistas son la parte visible del iceberg. Hay más de un millón de incidentes registrados en la base de datos, a pesar de que las estadísticas penales sólo registran 41.000 infracciones: 27 veces menos.

La conclusión es obvia: la policía ha sustituido los antecedentes penales, deducidos de sentencias judiciales, por los suyos propios, que son los que realmente importan y duran toda la vida.

Es tan inconstitucional como ilegal, pero ¿a quién le importan esas minucias?

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