Catalunya, aparta de mí este cáliz (6)

Es más de lo mismo: en su informe al Tribunal Supremo, la Guardia Civil convierte el ejercicio de los derechos en delitos. Las Diadas celebradas en Barcelona desde 2013 fueron un instrumento para “alentar a las masas” contra la “opresión de la justicia española”.

Naturalmente, el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la rebelión, Pablo Llarena, debe estar encantado de que haya tantas pruebas de la rebelión que llevarse a la boca. Necesitan demostrar lo obvio: que las manifestaciones independentistas exigen la independencia.

A las Diadas la Guardia Civil añade más manifestaciones, como las del 13 de noviembre de 2016, el 2 de febrero en solidaridad con Artur Mas y demás acusados por la organización del referéndum, la huelga estudiantil de los días 27 a 29 de septiembre y la concentración en Bruselas del pasado 7 de diciembre: “Por su relevancia pueden ayudar a entender la entidad del desafío independentista catalán”, dice el informe en un alarde de mutación del lenguaje judicial por el periodístico.

La Guardia Civil no tiene otra cosa que hacer y lleva años dedicándose a registrar todas y cada una de las manifestaciones independentistas, sus participantes, sus organizadores, consignas, pancartas y discursos, en algunos de los cuales llamaron a “desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

Fiel a su estilo, la Benemérita no se corta un pelo en tergiversar el significado de las manifestaciones: “Estos movimientos tenían por finalidad intimidar, menoscabar, amedrentar e incluso violentar derechos y libertades constitucionales”.

Para atraer la atención de los jueces, los tediosos informes policiales se aderezan con un “crescendo”, lo que antes se llamaba “espiral acción-represión”, que los convierte en protagonistas de sí mismos: a partir del 20 de setiembre se está produciendo un “hostigamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad, asedio a cuarteles, edificios del Estado y hoteles en los que se alojaban integrantes de la Policía y la Guardia Civil”.

Ya ven: las fuerzas del orden son hostigadas y asediadas por la chusma, lo que invierte la definición que Max Weber dio del “poder” como el monopolio de la violencia por el Estado. No. Se equivocó. En España quien monopoliza la violencia es la plebe enardecida que se dedica a atacar a las fuerzas de seguridad en cuanto tiene ocasión: manifestaciones, escraches, huelgas, okupaciones, desalojos y toda clase tumultos. La fuerza pública nunca ejerce violencia; es víctima de ella.

El Estado tampoco desafía a Catalunya; es al revés. No son los guardias civiles los que viajaron hasta Catalunya el 1 de octubre; son los catalanes quienes se metieron en los cuarteles de la Guardia Civil de Cuenca, Segovia, Teruel, Murcia…

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