El asesinato de Jaimer Albeito Idrobo, líder de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, se llevó a cabo el pasado 26 de junio en el municipio de Balboa, Cauca, el líder recibió dos impactos de bala que le quitaron la vida.
Por medio de las redes sociales, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, denunciaron los hechos y afirmaron, que “hasta la fecha, el Gobierno no ha tomado ninguna medida de protección para Coccam, ni ha indicado en qué van las investigaciones de nuestros 36 compañeros asesinados”. Según afirman, entre el 2017 y lo que va del 2018, han sido 36 las personas asesinadas de este sector social que decidieron acogerse a los acuerdos de La Habana.
Para Arnobis Zapata, quien hace parte de la comisión política de esta organización, “los líderes en los territorios le apostaron al programa de sustitución de cultivos de coca y a convencer a la gente de que se metieran al programa, pero nos encontramos con que, donde antes estaban las FARC, hay actores nuevos que anteriormente eran llamados paramilitares”. Según comenta, estos grupos armados están controlando los territorios por el beneficio de los cultivos de coca, los líderes quienes se han negado a continuar con dichos cultivos han sido víctimas de la violencia de estos grupos, sin que el Gobierno tome riendas en el asunto. El pasado mes de abril, se hizo efectivo el decreto de protección colectiva, sin embargo, la situación de vulnerabilidad está creciendo. Zapata asegura que, “los cultivadores de coca sienten que el Gobierno los acompañó hasta que vieron sus fincas libres de coca, pero después les cumplen a medias porque los proyectos productivos para sembrar en esas tierras no están apareciendo”.
Desde la Coccan se pide abrir investigaciones, se juzgue a los responsables de estos crímenes, y se les brinde condiciones a sus afiliados de continuar ejerciendo la labor social sin que sus vidas e integridad física se vean afectadas.
