El jefe del Ejército brasileño lanzó una advertencia contra la candidatura de Lula da Silva provocando una nota de repudio del Partido de los Trabajadores (PT).
La formación política liderada por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, ha acusado al comandante en jefe del Ejército de Brasil, Eduardo Villas Boas, de querer intervenir en las elecciones presidenciales de octubre por “haber cuestionado” la posible candidatura del exjefe de Estado.
“Es muy grave que un comandante con alta responsabilidad se arrogue el derecho de interferir directamente en el proceso electoral, algo que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) no hacían desde los sombríos tiempos de la dictadura (1964-1985)”, ha denunciado este domingo el PT, en un enérgico comunicado.
La nota hace referencia a una entrevista publicada este domingo por el diario O Estado de Sao Paulo en la que Villas Boas aseguró que “el peor escenario” para Brasil es la victoria en las elecciones de alguien que esté cuestionado en la Justicia.
“Depende de nosotros permitir que se confirme o no. Nos preocupa, porque puede comprometer nuestra estabilidad, las condiciones de gobernabilidad y de legitimidad del próximo gobierno”, advirtió el alto mando castrense.
El PT agrega que se trata de una manifestación de carácter político, de quien pretende tutelar las instituciones republicanas, en este caso específico, el Poder Judicial, que aún examina recursos judiciales legítimos en relación al expresidente Lula.
En la entrevista, Boas consideró además una decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) sobre la necesidad de que el Estado brasileño respete los derechos políticos de Lula como “una tentativa de invasión de la soberanía nacional”.
De otro lado, el diario digital Brasil 247 estima que la posición de las FF.AA. puede ser la explicación al hecho de que jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Tribunal Superior Electoral (TSE) violaran los tratados suscritos por Brasil, al negarse a cumplir la determinación del CDHNU.
Lula fue condenado a 12 años y un mes de prisión, en segunda instancia, por supuesta corrupción asociada al caso Lava Jato y por haber percibido presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos públicos.
