Según un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), la política de separación de familias fue defectuosa desde un principio, hubo falta de planificación, fallos de comunicaciones generalizadas entre las agencias federales que participaron en su ejecución e indiferencia administrativa por la separación de niños, decenas de ellos menores de cinco años.
La Patrulla Fronteriza detuvo por más tiempo del debido a menores indocumentados detenidos en la frontera durante la aplicación de la separación forzada ordenada por el gobierno de Donald Trump, revela un informe del Inspector General de DHS.
El reporte agrega que la política de separación de familias, parte de la política de tolerancia cero de Trump en la frontera, fue defectuosa desde un principio, hubo falta de planificación, fallos de comunicaciones generalizadas entre las agencias federales que participaron en su ejecución e indiferencia administrativa por la separación de niños, decenas de ellos menores de cinco años.
El informe, una copia a la que tuvo acceso el diario The Washington Post, se convierte en el primer intento del gobierno de elaborar una especie de autopsia de los estragos causados por las separaciones, ocurridas entre el 5 de mayo y el 20 de junio, cuando Trump se vio obligado a dar marcha atrás en respuesta a una fuerte oleada de críticas dentro y fuera del país, y también por parte de miembros de su familia.
Detalles del informe
El diario detalla que la revisión hecha por el inspector general del DHS halló que al menos 860 niños migrantes “se quedaron en las celdas de la Patrulla Fronteriza por más tiempo que el límite de 72 horas” exigido por los tribunales de justicia.
Agrega que “un menor fue confinado 12 días y otro por 25 días”, siendo que el máximo de tiempo permitido es de tres días, tiempo durante el cual el menor debe ser entregado al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
“Muchos de esos niños fueron colocados en corrales (jaulas) en instalaciones de la Patrulla Fronteriza ubicadas en el Valle del Río Grande, al sur de Texas”, agrega el reporte.
El reporte precisa que estas instalaciones “se diseñaron como estaciones de paso de corto plazo, sin camas ni duchas, mientras que los niños esperaban el traslado a refugios administrados por el HHS”.
Cientos de afectados
La Patrulla Fronteriza (CBP) en el sector del Valle del Río Grande, zona ubicada en el extremo sur de Texas, limítrofe con México, es el área más concurrida por cruces ilegales a lo largo de la frontera. En ese lugar las autoridades federales tuvieron al menos 564 niños más de lo que se suponía que debían, según el informe.
En el sector de El Paso, también en Texas, la CBP tenían bajo su custodia 297 niños por encima del límite legal permitido en sus instalaciones.
Los investigadores del DHS describen “un proceso interagencias mal coordinado que dejó a los padres separados de sus hijos angustiados y con poco o ningún conocimiento del paradero de sus pequeños”.
En otros casos, los funcionarios federales se vieron obligados a compartir archivos de menores en documentos de Microsoft Word enviados como archivos adjuntos por correo electrónico, porque los sistemas internos del gobierno no podían comunicarse entre sí, dice el diario.
“Cada paso de este proceso manual es vulnerable al error humano, lo que aumenta el riesgo de que un niño se pierda en el sistema”, subraya el reporte.
Procedimiento desastroso
The Washington Post dice: “basado en las observaciones realizadas por los inspectores del DHS en múltiples instalaciones a lo largo de la frontera a fines de junio, los agentes separaron a niños demasiado pequeños para hablar con sus padres de una manera que cortejó el desastre”.
“La Patrulla Fronteriza no colocó a los niños demasiado pequeños (que no podían hablar debido a su corta edad) brazaletes de muñeca u otros medios de identificación, ni les tomaron huellas digitales ni fotografías a la mayoría de ellos durante la separación y el procesamiento, y con ello garantizar que se puedan vincular fácilmente con el archivo adecuado”.
“Es una prioridad de nuestra agencia procesar y transferir a todos los individuos bajo nuestra custodia a la agencia de detención apropiada tan pronto como sea posible”, han dicho la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un comunicado.
“La seguridad y el bienestar de los niños extranjeros no acompañados (…) es nuestra mayor responsabilidad y trabajamos en estrecha colaboración con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para garantizar la transferencia oportuna y segura de todos los menores no acompañados bajo nuestra custodia tan pronto como la colocación esté disponible en el HHS”.
Informes anteriores
El 14 de septiembre, un informe del Inspector General del DHS reconoció la “falta de integración de la tecnología de la información” en todos los sistemas de inmigración clave y que, “a veces”, dice, mantiene a los niños más allá del límite de 72 horas” antes de enviarlos al cuidado del HHS.
La agencia mantuvo a los niños “más tiempo”, principalmente porque el espacio de refugio de HHS “no estaba disponible”, dijo Jim Crumpacker, el funcionario del DHS que respondió al informe. Pero indicó que la transferencia de niños a entornos menos restrictivos es una prioridad.
Semanas antes, el 23 de junio, tres días después que Trump promulgara la orden ejecutiva que detuvo las separaciones forzadas en la frontera, el DHS anunció que había desarrollado una “base de datos central” con el HHS que contenía información de ubicación para padres separados y menores a los que ambos departamentos podían acceder para reunir familias.
El inspector general no encontró evidencia de tal base de datos. “El equipo del Inspector General del DHS preguntó a varios empleados [de Inmigración y Control de Aduanas], incluidos los involucrados en los esfuerzos de reunificación del DHS en la sede de ICE, si conocían dicha base de datos y no la hallaron”.
Desde entonces, DHS ha reconocido que no existe una nterfaz electrónica directa “entre los sistemas de seguimiento de DHS y HHS”, dice el periódico sobre el informe.
Los inspectores dijeron además que continúan teniendo dudas sobre la exactitud y confiabilidad de la información provista por el DHS sobre el alcance de las separaciones familiares.
Fallo judicial
El 26 de junio una corte federal del sur de California, en San Diego, ordenó al gobierno de Trump, en un plazo de 30 días, reunificar a la totalidad de los menores separados forzosamente en la frontera en el marco de la política de tolerancia cero.
El DHS en primera instancia aseguró que había detenido a 2 mil 551 menores, de ellos 103 niños menores de cinco años. Pero semanas más tarde, de acuerdo con informes entregados por abogados del Departamento de Justicia (DOJ) al tribunal, reconoció que el número de detenidos era de 2,654.
De ellos, al viernes de la semana pasada el DHS ha reunificado a 2 mil 296. El resto, 358, permanecen bajo custodia del gobierno federal a más de 65 días de finalizado el plazo de las reunificaciones.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que demandó al gobierno por las separaciones forzadas argumentando que el gobierno de Trump violó la ley y el debido proceso migratorio, alega además que más de 470 padres que fueron deportados solos a sus países de origen, los hicieron firmar documentos para renunciar a sus derechos de permanencia en el país sin explicarles las consecuencias.
Los deportados, en muchos casos, no sabían o no les dijeron claramente que sus hijos iban a quedar bajo la tutela del Estado.
La ACLU y el gobierno acordaron la semana pasada que cientos de padres quienes ya tuvieron una primera entrevista de miedo creíble durante sus procesos de asilo y ésta les fue negada, y todavía permanezcan en Estados Unidos, tengan una segunda oportunidad.
La corte está esperando un reglamento final por parte de los abogados del gobierno y de la ACLU para firmarlo y ordenar que entre en vigor.
