Jair Bolsonaro tuvo su primer desafío como Presidente a comienzos de enero y nada menos que en una de las cuestiones que enarboló como bandera electoral: la seguridad en las ciudades. Ceará, con nueve millones de habitantes, puso tempranamente a prueba su pericia para manejar una crisis durante tres días de ataques en distintas zonas de este estado del norte de Brasil.
Los episodios de violencia se desencadenaron después de que el gobernador anunciara una reforma de la administración de las prisiones de ese estado.
Los medios informaron de ataques a edificios públicos y privados, comisarías, agencias bancarias y autobuses. Unos 300 miembros de la Fuerza Nacional aterrizaron en Ceará por orden del ministro de Justicia, Sergio Moro, para aplastar el levantamiento en un lapso de 30 días.
Los incidentes se concentraron primero en Fortaleza y la periferia pero luego se extendieron hacia el interior. Al menos 21 ciudades fueron escenario de hechos violentos. Según la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social, los disturbios ocasionaron un muerto y tres heridos. Cincuenta personas fueron detenidas.
La crisis de Ceará representó un doble dilema para Bolsonaro. De un lado, puso a prueba su programa de gobierno. El presidente pidió más atribuciones y protección judicial para la policía. Por otra parte, el estado está gobernado por Camilo Sobreira de Santana, que pertenece al Partido de los Trabajadores, la fuerza demonizada por los fascistras en el Gobierno. En estas circunstancias, el capitán retirado aseguró que “jamás haremos oposición al pueblo de cualquier estado. El pueblo de Ceará nos necesita en este momento”.
