Los fondos mineros, el dinero que llovió en Asturias gracias al Plan del Carbón, fue la millonaria liquidación con la que el Estado, a través del Gobierno del PP de José María Aznar, compensó a Asturias por el cierre definitivo y prolongado en el tiempo de la minería.
La negociación entre los sindicatos mineros (SOMA-UGT y CCOO) y el Gobierno central, con el Gobierno autonómico de comparsa, se prolongó eternamente y finalmente José Ángel Fernández Villa, al frente del sindicato socialista, y Francisco Álvarez-Cascos, en la vicepresidencia del Ejecutivo, firmaron aquel cheque por fin de actividad, que hacía pasar a la historia las minas y la legendaria combatividad de los mineros: 4.484 millones de euros. Cubrían el periodo entre 1998 y 2012. Villa y Cascos forjaron entonces una amistad que se mantiene.
Aquella millonada, gestionada por los propios sindicatos mineros y los Gobiernos español y asturiano, tendría que haber servido para la reindustrialización de las cuencas mineras y la sustitución del carbón por otras actividades productivas. Nada de ello se produjo. Las inversiones se dedicaron a infraestructuras y servicios, en gran parte perfectamente prescindibles, y a alimentar la corrupción.
Ya se verá si a la corrupción de comisiones ilegales que acaban en sucios bolsillos, porque eso lo tendrán que investigar la Justicia y los medios tras el “Caso Villa”. Pero sí hay constatación evidente de otra corrupción no menos escandalosa: las millonarias subvenciones a empresas fantasmas que llegaron a las cuencas mineras asturianas solo a pillar las cuantiosas subvenciones de los fondos mineros. Y en esto los sindicatos no eran cómplices sino activos agentes, incluso colocando a sus parientes y afines en las empresas.
Fue una corrupción consentida ante la que todo el mundo miraba hacia otro lado. Uno de los casos más llamativos fue el de la empresa Alas Aluminium, adquirida recientemente por un grupo extranjero. Una denuncia por los ERE fraudulentos es el último capítulo de la escandalosa historia de Alas Aluminium, el caso más significativo entre las empresas que protagonizaron en Asturias un verdadero saqueo a los millonarios fondos mineros. No es la única, porque fraudes similares supusieron otras como Venturo XXI, Diasa o Rioglass, también financiadas con esos fondos públicos. Pero Alas es la más importante y la más emblemática: un modelo de gestión empresarial corrupta desde su nacimiento, lastrado por contrataciones a dedo dictadas por cuotas políticas o sindicales. La aventura de esta empresa que fabricaba perfiles de aluminio se dejó por el camino casi 100 millones de euros.
El pasado 7 de mayo se presentó tanto en Presidencia como en la Consejería de Economía, una denuncia de posibles Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos en la empresa langreana Alas Aluminium. El fraude consistía en prejubilaciones ilegales de personas que no trabajaron en la empresa ligadas a sindicatos y partidos. Este fraude consiste en la contratación ficticia durante unos meses de un sindicalista, político, familiar o amigo para después incluirlo en el ERE. La denuncia apuntaba a Alas, aunque no excluía que pudiesen darse otros casos en otras empresas con participación pública, y solicitaba una investigación aclaratoria.
Pero ni el anterior Gobierno asturiano de Foro Asturias ni el actual del PSOE abrieron investigación alguna ni contestaron al escrito.
En las cuencas mineras, y especialmente en el valle del Nalón es difícil dar con alguien que rechace tajantemente la posibilidad de que la acusación sea fundada. Es un secreto a voces, admitido por muchos de los beneficiados, que gran parte de las contrataciones de la empresa semipública Alas Aluminium (49 por ciento estatal) fueron hechas, desde que nació en 2005, a dedo, y favorecidas por partidos y sindicatos. Había incluso cuotas sindicales de contratación, que aparecían incluso en los ordenadores de la empresa: 125 colocados a través de UGT y 70 a través de CCOO.
El listado de familiares de políticos o sindicalistas contratados es largo y significativo. Abundan los socialistas (del PSOE, SOMA o UGT), pero tampoco faltan los relacionados con CCOO, IU e incluso el PP. Entre ellos están las hijas de los entonces alcalde socialista y secretario general del PSOE de Siero, Juan José Corrales y Juan José Corriols, respectivamente, lo que se explica porque la primera ubicación prevista para Alas Aluminium era Lieres. También trabajaron en la empresa un hijo y una hija de Constantino Fernández, secretario general del PSOE en Langreo, y una hija del que fuera diputado autonómico José Amado Mallada, vinculado al SOMA. En algunos casos se trataba de la pareja, como la esposa del secretario de la Federación de Industria de CCOO en el valle del Nalón, Juan Vaisaneque. Tampoco faltaban cargos públicos, como la concejal de IU en San Martín del Rey Aurelio Flor Alonso. Influyente en las contrataciones era al parecer José Antonio Martínez, entonces portavoz del PP en Langreo y ahora diputado autonómico de Foro Asturias.
“Todo el mundo metió su cuota”, dice en referencia a partidos y sindicatos un importante político, que reconoce haber recomendado a sus familiares al primer director de la empresa, “aunque eso no me obliga a nada: yo no caigo en la indignidad porque no me da la gana”. También reconoce que esas prácticas son nefastas social y moralmente, pero están totalmente extendidas en las cuencas.
Un trabajador de Alas, Miguel Fernández, miembro del primer comité de empresa por CCOO, recuerda que “mucha gente tenía un contacto para entrar y entraron, pero a otros no se les arregló”. En su caso confiesa que lo intentó “en el PSOE y la UGT y no lo conseguí”.
En cambio René Rendal movió más teclas, en partidos y sindicatos, “aunque no tengo claro quién me metió”. Como todo el mundo pasó unos cursillos, pero “eran una comedia”, confiesa. Opina que “el SOMA es la ETT [Empresa Temporal de Empleo] de Hunosa y de todas las empresas que viven a su alrededor”.
En las cuencas estos hábitos están muy asumidos. El concejal del Frente de Izquierdas en Langreo, Xandru Fernández, habla de una “red clientelar” formada por “empresas en las que no entra nadie que no esté ligado al SOMA o al PSOE”, aunque admite que CCOO, IU y otras organizaciones no son ajenas a ello.
Héctor Palacio, portavoz de la Asociación de Parados del Valle del Nalón ADEPAVAN, dice que “es algo normal en la cuenca y viene de los años ochenta: pa entrar a trabajar hay que pagar un peaje político o sindical”.
Las cuotas político-sindicales son una de las causas que explican que Alas estuviese sobredimensionada desde el principio, con una plantilla que llegó a rozar los 400 trabajadores. “Éramos tantos que nos estorbábamos para trabajar y las grúas chocaban entre ellas”, recuerda Daniel Martín.
David Castaño asegura que “el jefe de mecanizado era un camarero del bar donde comía el director industrial; entró y al poco era jefe y me consta que en mecanizado había gente con el grado de formación profesional, gente muy preparada”.
Este tipo de relatos es habitual entre quienes trabajaron en Alas, “donde todo era un poco surrealista”, contaba en un texto publicado en La Nueva España en enero del año pasado Irma María Fernández, que fue despedida de la empresa, lo que provocó movilizaciones de sus compañeros, entre los que gozaba de aprecio personal y profesional. Explicaba que la gestión empresarial era “un despropósito” y aludía a directivos con “sueldos millonarios, lujosos coches de renting con revisiones, cambios de aceite, ruedas, gasoil y demás incluidos, tarjetas de crédito, blackberry’s, portátiles, comidas a la carta diarias…. todo a costa de la empresa”, además de viajes internacionales inútiles.
La retribución que tenía en 2007 el primer director de la empresa, Julio Blanco era una fija de 55.000 euros más IPC, una variable de 35.000 euros brutos, un seguro de vida, más una parte variable condicionada a la producción y las ventas. También “se establece una prima de hasta un máximo del 20 por ciento más para todos los objetivos que sobrepasen las cifras pactadas, sobre el total de la retribución”. La liquidación de la retribución variable en 2006 fue de 23.000 euros.
La muerte de Julio Blanco fue un duro golpe para las expectativas de la empresa, según coinciden muchas personas consultadas para la elaboración de este reportaje, que creen que su desaparición precipitó la hecatombe final.
Lo de los incentivos salariales a la producción da que pensar en una empresa donde parecía haber mucho más interés en producir que en vender. Los trabajadores asistían asombrados a la continua acumulación de stocks. “Era infinito”, recuerda René Rendal. Daniel Martín tiene clara la explicación: “Los perfiles se acumulaban no para la venta, sino para cobrar subvenciones”.
No era ésta la única muestra de despilfarro. Daniel recuerda la compra de una máquina en Italia por 600.000 euros que no se utilizaba y “a los cuatro días estaba oxidada”.
Ese “pozo sin fondo, crónica de una muerte anunciada y elogio a la mala praxis en la gestión empresarial”, en palabras de Irma María Fernández, acabó con el cierre de la empresa y con unas deudas descomunales, no precisamente para los seis socios privados de Alas, para los que esta aventura empresarial fue un buen negocio. De este desastre ya alertaba hacía tiempo una parte de la cúpula directiva, donde el enfrentamiento interno era evidente, según actas de reuniones.
La empresa tuvo tres ERE, el primero en 2008 y el último en 2011. Este último ya afectó a la totalidad de la plantilla, de 273 trabajadores. Entonces las deudas de la empresa ya ascendían a 58,5 millones de euros y Alas entró en concurso de acreedores. En junio de 2011 fueron despedidos 174 empleados, quedando el resto regulados un máximo de seis meses, que no llegaron a cumplirse. En septiembre echaron a otros 55 y el 20 de noviembre a los 25 restantes.
La empresa está en manos de un Juzgado de lo Mercantil de Oviedo y se espera que decida la liquidación definitiva este mes de julio.
Se calcula que la deuda final supera los 70 millones de euros. El Principado, en contra de las recomendaciones de la Dirección General de Presupuestos, firmó un aval para la empresa que ahora, ante la liquidación final, tendrá que pagar: la cuantía asciende a 7.693.333 euros.
Todo muy aleccionador en la empresa puntera entre las surgidas de la iniciativa pública para la reindustrialización de las cuencas, lo que supuso una aportación de más de 16 millones de euros de fondos mineros.
A pesar de este escándalo tampoco ha habido investigación alguna en ámbitos institucionales. Una comisión de investigación que se planteó en el Ayuntamiento de Langreo fue vetada por el PSOE a última hora. Dicen que la alcaldesa recibió para ello una convincente llamada.
El 49 por ciento del accionariado de Alas Aluminium es público, a través de Hunosa y su filial Sadim y las sociedades públicas Sodeco y Sociedad Regional de Promoción. El resto (51 por ciento) está en manos de seis empresarios del sector del aluminio de Asturias: Grupo TAS, Fadasa, Alfer, Aluminios de Teverga, Edinain y Alucris. Todo les salió gratis, incluido el suelo, 103.140 metros cuadrados en la antigua escombrera del pozo María Luisa, en Ciañu.
Según los trabajadores sus beneficios fueron cuantiosos. Irma María Fernández dejó escrito que nutrían “sus empresas particulares con los perfiles de Alas”, con privilegios continuos en “precios y plazos”. Miguel Fernández dice que “se subcontrataba innecesariamente para llenar los bolsillos de los socios”. También sostiene que para ellos “salían pedidos sin registrar”. Daniel Martín tiene visto comercializar material salido de Alas “con otro logotipo”.
Daniel Martín es uno de los ex trabajadores de Alas Aluminium ahora en el paro. Estuvo en la empresa afiliado a CCOO, hasta que se dio de baja, y ahora milita en la Corriente Sindical de Izquierdas. Su relato es coincidente con el de otros muchos ex compañeros suyos.
¿Cómo eran las contrataciones en Alas Aluminium?
En los cuatro primeros cursos, de los siete impartidos, posiblemente se respetaron las reglas de juego con el máximo decoro posible, aunque ya hubo coladero. De los que estaban en las aulas cumplían los requisitos el 80 o el 90% de la gente, pero uno o dos de cada diez no tenían lo que se exigía, que era un módulo superior o un módulo de grado medio relacionado con el metal, años de experiencia demostrable en el sector y estar inscrito como demandante de empleo en el INEM. Este último requisito es el que a veces no se cumplía, porque hubo gente que siguió trabajando hasta el mismo momento en que empezó el curso. El retraso en la construcción de la fábrica provocó además que el sistema de contratos fuera inviable y que muchos de los que fueron entrando lo hicieran sin haber cumplido los plazos. Hubo quien estuvo dos o tres meses de contrato temporal y antes de que llegara 2006 ya era indefinido. Para conseguir las subvenciones necesitaban tener 96 trabajadores indefinidos antes de terminar 2005 y lo consiguieron de esta manera: se saltaron la formación e incumplieron los plazos de contratación que se exigían. Eso dejó a la gente contenta, pues hubo alguno que entró solo un mes antes y ya le hicieron indefinido, pero el juego no era así. Antes de la contratación ya te daban la garantía, aunque te contrataran en noviembre y acabaras en marzo ellos ya te daban un papel en el que te justificaban que ibas a ser contratado.
¿Por qué se dice que entraban en el juego partidos y sindicatos?
Porque había mucha gente allí de partidos y sindicatos, gente afiliada. No era raro escuchar a alguien que te animaba a afiliarte a la UGT o a CCOO. De hecho, entre los compañeros había una afiliación muy por encima de la media española. Se afiliaban antes o durante el curso, muchos por la UGT de Sama y otros tantos por CCOO del Valle del Nalón. En alguna ocasión en que se habló de hacer una movilización, hubo una llamadita del entonces presidente de la compañía a las sedes sindicales y les dijo que todo el mundo tranquilo, que quedaban todavía personas de cada sindicato por entrar y que no se les ocurriera hacer ningún movimiento ni ninguna tontería.
Se dice que también abundaban los hijos de cargos públicos, sobre todo de los Ayuntamientos del Valle del Nalón.
Vamos a ver: hijos de sindicalistas o de gente relacionada con los sindicatos y los partidos políticos había un buen puñado. No puedo decir una cifra exacta, pero cerca del 50% de la nave donde yo trabajaba tenía algún tipo de relación familiar o bien con un sindicato o bien con una fuerza política. De todos los colores.
¿Y tenían cualificación profesional para ello?
No. Eso solo se cumplió en los cuatro primeros cursos. Pero en los cursos quinto, sexto y séptimo, quizá octavo, que ya corresponden al período posterior a 2005, es decir, a 2006 y 2007, la situación fue aberrante. Si tuviéramos la oportunidad de revisar los currículos se vería que muchos de ellos no tenían derecho a estar ahí.
¿La plantilla estaba hinchada artificialmente?
Muy inflada. Se supone que una fábrica como ésta está hecha para funcionar con una cifra de 106 personas. La fábrica de El Cortizo, que es gemela a la de Alas Aluminium, funciona con 114 operarios, y aquí llegó a haber 270 operarios, más unos 120 procedentes de empresas de trabajo temporal (ETT), más 13 subcontratados de mantenimiento, más media docena de subcontratados de la limpieza, más unos 20 trabajadores en las oficinas. Si te pones a sumar todo esto te salen en torno a 400 personas. La fábrica de El Cortizo, si está a plena producción, funciona con 150 o 170 personas, incluida gente de ETT para apoyar.
Da la impresión de que el único objetivo era pillar subvenciones.
Está claro. De lo que se trataba era de conseguir la mayor cantidad de ayudas posibles, por ejemplo para maquinaria. La justificación para acceder a esa ayuda se conseguía haciendo que el trabajo fuera lo más manual posible y poniendo turnos donde no era necesario. Todas las barras se movían allí dentro de forma manual, y si había que llevar una carga de un punto a otro se ponía sobre un carro de ruedas y a empujar. ¡Y eso que había tantos puentes-grúa que se estorbaban unos a otros! Llegué a contabilizar 13 puentes-grúa.
O sea que también había despilfarro.
Claro. ¿Qué necesidad había de comprar 13 puentes-grúa y un balastro? No les interesaba producir, les interesaba conseguir el mayor cupo posible de subvención. Y en este caso era metiendo gente y haciendo que el trabajo fuera manual a propósito, porque si hubiera estado bien automatizado con 100 o 120 personas hubiera sido de sobra. No hubieran sido necesarios ni el quinto ni el sexto ni el séptimo curso, subvencionados todos, por supuesto, con ventajas para la contratación, exenciones en el pago de la seguridad social, bonificaciones por contrato indefinido, etc., etc., etc.
¿No les interesaba tampoco vender?
No sé lo que se vendía. Un compañero mío me decía que por cada euro en materia prima que se metía salían en material transformado 60 céntimos de euro, una ruina. En la ampliación de la nave de 2006, que también era para captar subvenciones porque no hacía falta, construyeron un ala paralela y aumentaron la longitud de la nave hasta el fondo. Pues bien: todo este espacio vacío se fue llenando de carros y carros, toneladas y toneladas de material extruido, es decir, con forma de perfil, acumulándose, porque ellos recibían la subvención por tonelada extruida, aunque no hubiera clientes. Con que tuviera la forma ya recibía la subvención. Ellos decían que era stock, para cuando hiciera falta, pero cuando ves un pasillo de 300 metros lleno desde el principio hasta el final, por los dos lados de la fábrica, a siete alturas, de toneladas de materiales… Y así estuvo hasta casi el día en que cerró Alas, porque, cuando iba a cerrar, lo que faltaba por pagar de nóminas, de facturas, de proveedores y demás salió de vender ese material como chatarra, que por cierto a veces volvía de nuevo convertida en materia prima para volver a extruir, a través de la empresa Quercus.
¿Cuál era entonces el interés de los socios privados de Alas Aluminium?
Básicamente autoencargarse la obra. Una de las empresas relacionadas, Mexa, que es socia de TAS o al menos comparten nave en el polígono de Silvota, construyó con fondos mineros la nave de Alas Aluminium. No sé mucho de derecho pero supongo que recibir fondos mineros y autoencargarse la obra debe de ser un delito.
¿Y obtuvieron beneficios a pesar de las escandalosas pérdidas de Alas Aluminium?
Efectivamente. Ellos obtuvieron beneficios porque se lucraron construyendo la nave, porque el suelo era de la empresa pública Hunosa, en terrenos del pozo María Luisa, pero la nave la levantó Mexa, que es del grupo de empresas propietarias de Alas. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. La mayoría de los socios privados se dedicaban además a fabricar carpinterías de aluminio y creo que tenían un descuento en el material.
Y los trabajadores, ante estas evidencias, ¿qué era lo que hacían? ¿Había quienes lo ponían en conocimiento de los sindicatos o de quien fuera?
No. Todo el mundo estaba muy contento con su puesto de trabajo indefinido. La justicia se supeditaba a ganar 1.000 euros. De los 75 afiliados que había en CC.OO, a las reuniones solo iban 10, los otros 65 se habían afiliado por conveniencia y ni se les ocurría asomar el focicu.
¿Y los sindicatos nunca cuestionaron lo que estaba pasando?
Jamás. Decían que era una fábrica que estaba empezando y a la que se le tenía que dar una oportunidad. Le daban un beneficio de la duda muy inocente. Mucha gente se creyó el cuento de que aquello iba a funcionar y los sindicatos se conformaron con ganar afiliados y meter a trabajar a los suyos. Su silencio fue lo más preocupante.
¿Qué conclusión saca usted entonces?
Que Alas Aluminium se montó única y exclusivamente para obtener subvenciones de los fondos mineros sabiendo que los sindicatos no iban a protestar porque los tenían ganados desde un principio metiendo a su gente.
Atlántica XXII, núm. 21, julio de 2012
https://www.atlanticaxxii.com/fondos-mineros-corrupcion-y-despilfarro/
