Como cobran poco, los pobrecitos deben recibir dinero del contribuyente para poder pagar los taxis que utilizan. Faltaría más, que para algo trabajan con tanta dedicación y esfuerzo para el bien común de todos los habitantes del Estado español. ¿Qué haríamos sin ellos y sin ellas? Nos moriríamos en la miseria, seguro. Pueden reírse si quieren, yo ya lo estoy haciendo.
Efectivamente, el Senado pagó 740.000 euros en taxis a los senadores durante la pasada legislatura, entre junio de 2016 y diciembre de 2018, a través de las tarjetas que la Cámara pone a su disposición para sus traslados en Madrid.
Estas tarjetas tienen un límite de 3.000 euros y sirve para abonar los traslados de sus señorías en la Comunidad de Madrid. Tienen derecho a pedirla todos los senadores salvo los siete miembros de la Mesa, los portavoces de los grupos parlamentarios y dos portavoces adjuntos -uno del PP y otro del PSOE-, que tienen derecho a usar un coche oficial.
Tan solo 14 senadores, todos de Unidos Podemos, renunciaron a este servicio. Fueron José Ramón Arrieta, Celia Cánovas, Pilar Garrido, Miren Gorrotxategi, Oscar Guardingo, Vicenta Jiménez, Pilar Lima, Ferrán Martínez, Angel Mesón, Isabel Mora, Conchi Palencia, Idoia Villanueva y el portavoz del grupo, Ramón Espinar. Se suma Elvira García, que renunció a la tarjeta durante casi toda la legislatura hasta que la solicitó en noviembre de 2018.
Por años, el gasto en 2016 desde que comenzó la legislatura -27 de junio- ascendió a 109.924,3 euros; el año siguiente, ya un ejercicio completo, los senadores gastaron 302.847,99 euros y en 2018, también de enero a diciembre, 325.034,1 euros.
Las cifras totales indican que sus señorías gastan la mitad de lo que podrían. Cada tarjeta permite pagar hasta 3.000 euros al año y son unos 240 los senadores que la solicitaron en la pasada legislatura, el crédito a su disposición fue de 720.000 euros anuales que sin embargo no llegaron a gastar (qué majos, qué ahorradores, ejem, qué patriotas; para que luego digamos que no se esfuerzan por el bien común).
La información del Senado no es personal, no se detalla cuánto gasta cada parlamentario. Sin embargo, la institución tiene obligación de abrir un plazo de alegaciones antes de dar los datos solicitados a través de Transparencia, puesto que es información que puede «afectar a derechos e intereses de terceros», y un senador manifestó su oposición a que se comunicara su nombre. Se trata de un parlamentario que al arranque de la legislatura en 2016 decidió no solicitar la tarjeta-taxi, pero que unos meses después, en febrero de 2017, cambió de criterio y la pidió.
