Dicho Real Decreto-ley destina 300 millones de euros para el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar un Fondo Social Extraordinario para hacer frente a las consecuencias sociales del COVID-19 mediante transferencias a las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla para financiar las prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales.
Los Ayuntamientos dispondrán de una cuantía igual al superávit del ejercicio 2019 para financiar las ayudas económicas y las prestaciones de servicios gestionadas por los servicios sociales de atención primaria y atención a la dependencia, o lo que es lo mismo, unos 5 mil millones de euros para todos los ayuntamientos.
Destinarán una línea de crédito de hasta 200 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para atender las necesidades financieras de las pequeñas y medianas empresas para que éstas puedan invertir en la compra y leasing de equipamientos tanto para adaptarlas tanto a la digitalización como para el trabajo no presencial, o teletrabajo.
Destinarán una línea de avales por cuenta del Estado para empresarios de hasta 100.000 millones de euros para “facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19”. Es decir, el Estado avalará hasta 100.000 millones de euros sobre créditos que se realizarán a través de las entidades de crédito, es decir, la banca.
Además, se amplía la capacidad de endeudamiento neto del Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado en 10.000 millones de euros para facilitar la liquidez de las empresas.
Se crea una línea de cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización siendo beneficiarias las empresas internacionalizadas.
Gasto por parte del Estado en investigación científica en el ámbito del COVID-19 por una cuantía de 29.650.000 euros.
Como se puede comprobar, el Gobierno ha decidido movilizar 117.530 millones de euros de dinero público en dicho Real Decreto-ley, de los que para el pueblo trabajador, incluyendo aquí las partidas de investigación científica contra el coronavirus, son 5.330 millones de euros; mientras que para los empresarios se destinan 112.200 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 95,46% del dinero público comprometido por el Gobierno irán a los bolsillos de los empresarios, por un 4,54% que irá destinado para las clases populares y la clase obrera. Como se puede comprobar, fijándonos exclusivamente para qué clase está destinada cada partida de dinero, sin duda, el gobierno de la falsa izquierda no ha dudado en entregar prácticamente toda la tajada a los empresarios.
Pablo Iglesias decía el pasado 19 de marzo que no se puede dejar a nadie desatendido en lo sanitario, pero tampoco en lo económico y social, pero, evidentemente, a tenor de todo lo mostrado anteriormente, su Gobierno atiende infinitamente mejor a los empresarios que al resto del pueblo.
CCOO y UGT, ya antes de que se decretara el Estado de Alarma, habían pactado con la Patronal un acuerdo exigiendo al Gobierno que se diera manga ancha a los empresarios a la hora de hacer EREs y ERTEs, siempre que éstos fueran negociados con ellos y en el caso de los ERTEs el trabajador tuviera derecho a prestación por desempleo, aunque no tuviera el periodo de cotización suficiente para haber devengado dicho derecho, y que el cobro de dicha prestación no les compute a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos. La subordinación de CCOO y UGT a la Patronal es vergonzosa, llevan 40 años engañando y traicionando a los trabajadores de este país y, en una situación clave como la actual, no podían fallarle a los empresarios. El Gobierno, a posteriori, no ha dudado en transponer en el Real Decreto-ley lo previamente acordado por la CEOE, CCOO y UGT.
El Gobierno, y sus arrastrados sindicatos – CCOO y UGT-, venden como un triunfo para los trabajadores los ERTEs. Sin embargo, para quien realmente es un triunfo es para los empresarios que verán como el Estado asumirá la retribución a los trabajadores a los que les suspendan los contratos, es decir, se ahorrarán tanto los salarios como las cotizaciones de los trabajadores. Sin embargo, el trabajador perderá, como mínimo, un 30% de su salario los primeros 180 días que será un mínimo del 50% de su salario a partir del día 181. ¡Esto es el capitalismo! El empresario siempre gana y el trabajador siempre pierde, y el Estado siempre sirve al empresario.
También dice el Gobierno que atiende a las capas más empobrecidas con medidas como la moratoria en el pago de la hipoteca, o porque durante el mes siguiente a la entrada en vigor del real decreto-ley las eléctricas, los suministradores de gas y de agua no podrán suspender el suministro a aquéllas personas que estén en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social tal y como quedan definidas dichas categorías en el Real Decreto 897/2017 de 6 de octubre, ley realizada por el Partido Popular por la que restringieron las condiciones para tener acceso al bono social eléctrico, es decir, ley que benefició a las empresas eléctricas. Hay que recordar que la entrada en vigor de esa ley en 2017 implicó que de 2,3 millones de beneficiarios del bono social se pasara en 10 meses a 1.230.160 de beneficiarios. Sin duda esto es un pequeñito parche que no soluciona, en absoluto, el problema generado por el capitalismo, la pobreza y la desigualdad, que se multiplicará como consecuencia de la acentuación de la crisis capitalista. De hecho aquí se nota la mano del oportunismo traidor podemita, se nota la mano de la engañifa, donde se ponen medidas irrisorias, teniendo en cuenta el dinero público que se pretende movilizar, como fórmula para blanquear el saqueo de las cuentas públicas a favor de la burguesía.
Si de verdad el Estado y su Gobierno quieren servir a los intereses de la mayoría de la población, de las capas populares y del proletariado, en lo concerniente a las hipotecas (derecho a la vivienda), y los “suministros básicos” como denomina a la luz, agua y gas en el Real Decreto-ley e intervenir en el precio de los mismos, no le queda otro remedio que nacionalizar la banca, y las empresas suministradoras de esos “suministros básicos” y subordinarlos a los intereses del pueblo. Cosa que, ni por aproximación, pretenden hacer.
Los medios de manipulación del capital, así como los apéndices sindicales del Estado, CCOO y UGT, anuncian que “el Gobierno deberá absorber más de un millón de parados por la crisis del coronavirus en las próximas semanas”. El Gobierno de los capitalistas, con IU-PCE y PODEMOS, nuevamente ha mostrado a quien sirve, que no son a otros que a los empresarios. Nuevamente el marxismo acierta en su caracterización del Estado como instrumento de opresión de una clase sobre otra y, en el caso del Estado burgués español un instrumento al servicio de la burguesía para someter a los trabajadores. Ello se puede ver en las medidas adoptadas por el Gobierno, donde no dudan en distribuir nuevamente la riqueza a favor de la burguesía, de los empresarios, de los monopolios, de la banca.
Las medidas adoptadas por el Gobierno no pretenden solventar los problemas del pueblo, sino salvaguardar al capitalismo agonizante y los intereses y los privilegios de la burguesía y su Estado, y ello se demuestra día a día en las ruedas de prensa que los cargos elegidos por los ministerios que están al frente de la crisis por el COVID-19 se expresan, donde se está instrumentalizando un problema de salud pública para ajustar las cuentas de un nacionalismo – el español – contra otros nacionalismos de otras naciones que integran el Estado, como el catalán, o para hacer que el pueblo cambie su visión para con el Ejército y otras Fuerzas Represivas del Estado, a cuya cabeza se encuentra una Jefatura del Estado asolada por la corrupción, que es lo que predomina en el conjunto del Estado.
Nos encontramos ante una ofensiva de los monopolios contra los trabajadores a nivel mundial. La pandemia es la fórmula que la burguesía monopolista pretende aprovechar para ajustar el mercado de trabajo al desarrollo del avance tecnológico. De hecho la OIT ya cifra en 25 millones los trabajadores que perderán su empleo a nivel mundial. Los gobiernos de las potencias imperialistas están actuando todos siguiendo la táctica “del capitalismo contemporáneo”, del imperialismo, descrita por el líder de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, un reaccionario desenfrenado que decía que “solo una crisis – real o percibida – da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que ésa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable”. A los pueblos del mundo, al proletariado, únicamente le queda o la miseria y la muerte o la revolución proletaria y el socialismo, no hay término medio, no hay otro camino. En el Estado español PODEMOS e IU/PCE han demostrado ser tan reaccionarios y tan burgueses como la extrema derecha y ahí están las medidas adoptadas que, como hemos visto, sacrifican nuevamente a los trabajadores y benefician los sucios bolsillos de los monopolios, de la burguesía. Aquellos fariseos oportunistas que dicen que su razón de existir es la “unidad de los comunistas” pero que viven de la división del Movimiento Comunista Español deberían recordar ahora cuando demandaban un gobierno de PSOE y PODEMOS/IU como mal menor hace un par de meses; tan fariseos y oportunistas son ellos como aquéllos que se denominan Partidos Comunistas y dan coba a esas expresiones que no hacen otra cosa que hacer el juego sucio a los enemigos del proletariado.
El Partido Comunista Obrero Español (PCOE) reafirma su compromiso con el marxismo-leninismo y con el proletariado, a cuyos elementos más avanzados hacemos un llamamiento para que fortalezcan las filas de nuestro Partido, máxime en un momento como el actual donde los trabajadores nos jugamos todo. Nuestro Partido denuncia el enorme engaño y la enorme traición que se está perpetrando contra los trabajadores. Por ello, el PCOE no va a colaborar ni un instante con los represores del pueblo, que sería debilitar el camino y las filas de la Revolución y acrecentar el número de traidores y siervos de la reacción, sino que multiplicará su labor revolucionaria y militante para desentrañar todas las engañifas contra los trabajadores y organizarlos para que nuestra clase social rompa el yugo de la explotación y se emancipe construyendo el Socialismo.
El capitalismo es un obstáculo para el desarrollo de la humanidad. No sólo ha demostrado su inviabilidad, sino que acredita que únicamente se puede mantener a costa de liquidar al ser humano y a la naturaleza. El imperialismo sólo se puede sostener por la violencia y únicamente puede ofertar más miseria para las masas proletarias, para los campesinos, y más represión, más reacción, más fascismo, y en este escenario también se halla el Estado español. Hoy más que nunca, tanto en el mundo como en el Estado español, adquiere una dimensión mayor la consigna ¡Socialismo o barbarie!
¡Por el Frente Único del Pueblo!
¡Socialismo o barbarie!
Madrid, 20 de marzo de 2020
Comité Ejecutivo del Partido Comunista Obrero Español (P.C.O.E.)
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