PSOE y Unidas Podemos legalizan los «desahucios en caliente»

Bastará con que la Policía redacte un breve atestado para que el desalojo mediante la patada en la puerta sea legal.

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El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha comprado la campaña de intoxicación de la banca respecto a la ocupación de viviendas. Bastará con que la Policía redacte un breve atestado para que el desalojo mediante la patada en la puerta sea legal.

Los principales partidos de la oposición -PP, Vox y Ciudadanos-, así como diferentes barones del PSOE, vienen insistiendo que la actual ley no protege lo suficiente a los propietarios (y en particular a los bancos, principales afectados y promotores de la campaña), y por eso en las últimas semanas han presentado distintas Proposiciones de Ley que apuestan por un endurecimiento del Código Penal contra las familias que ocupan viviendas vacías.

Aunque desde el Gobierno han defendido que la legislación actual es suficiente, tal y como lo expresó la pasada semana la ministra de Defensa, Margarita Robles, parece que han sucumbido a la presión de la oposición y de las cifras, que reflejarían un incremento del 5% de las ocupaciones en el primer semestre del año.

Así, según ha publicado el diario ABC, el Ministerio del Interior estaría trabajando ya en un protocolo operativo para que Policía Nacional y Guardia Civil cuenten con directrices comunes y respaldo jurídico ante una ocupación.

Según el mismo medio, todavía no hay fecha para conocer este nuevo protocolo, pero el objetivo es tener las líneas maestras en las próximas semanas, y que apunta a una unificación de criterios entre todas las Fiscalías territoriales, para avalar los desahucios con patada en la puerta.

La línea sobre la que se enfocarían estas instrucciones irían encaminadas a un reciente decreto del fiscal jefe de Valencia, José Francisco Orti Valencia, visado por la Secretaría Técnica bajo mando de Dolores Delgado y que destaca porque explora la vía del desalojo cautelar en los casos de usurpación.

Normalmente, las medidas cautelares se aplican en delitos más graves, pero el fiscal valenciano, promueve que se solicite en los casos de usurpación una vez constatado de quién es la propiedad. Además se viene a avalar que en casos en que la Policía aprecie «delito flagrante», se pueda desalojar la vivienda de inmediato.

El mecanismo sería acreditar que la vivienda no constituye morada, para así proceder al lanzamiento forzoso mediante un documento que redacten los propios agentes. Si bien esto podría ser revisado posteriormente por un juez, e incluso podría ser hasta revocado, el objetivo estaría conseguido: la casa quedaría libre y expedita, y aunque el juzgado dijera que el desalojo no se ha hecho de manera regular, esto no implicaría que se restablezca a los ocupantes en la posesión.

En síntesis, bastaría con que las fuerzas de seguridad elaboren un breve atestado donde indiquen que han visto la flagrancia del delito para que puedan desalojar de manera inmediata. Es el plan del Ejecutivo progresista y cuya práctica policial se viene extendiendo desde hace meses a lo largo de España. Todo con la mirada cómplice del Ministerio del Interior.

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