ONU solicita investigaciones por represión policial en Chile

El representante de la ONU para América del Sur solicitó a las autoridades revisar las causales que generan conflictos.

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La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó este lunes a las autoridades chilenas investigar los hechos de represión suscitados el pasado 2 de octubre en el puente Pío Nono en Santiago de Chile.

El pedido llega después de que un carabinero arrojara a un joven de 16 años desde lo alto del puente Pío Nono hasta caer a la orilla del río Mapocho, acción que dejó al adolescente seriamente herido.

“Para la Oficina es necesario investigar y, si procede, juzgar y sancionar no solo la responsabilidad individual del funcionario de Carabineros directamente involucrado, sino también investigar la eventual responsabilidad de los mandos a cargo de la operación (…) es preocupante la omisión de asistencia por parte de Carabineros a la víctima, que tuvo que ser auxiliada por otros manifestantes y rescatistas civiles”, indica la Oficina.

En su comunicado, el representante de la Oficina del organismo multilateral en América del Sur, Jan Jarab, señaló que preocupa el accionar hostil de las autoridades policiales del país austral, “preocupa el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden y seguridad, pues son conductas reiteradas. Hago un llamado a que se identifiquen los patrones y analicen las causas que favorecen estas conductas”, agregó.

“Se necesita una reforma profunda de las fuerzas del orden y seguridad, que tenga como pilares la profesionalización de sus agentes, formación en derechos humanos, subordinación a la autoridad civil y especialmente, mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles”, aseveró Jarab.

Finalmente, el representante de la ONU para América del Sur solicitó a todas las autoridades policiales y políticas revisar las causales que generan confrontaciones en la población, “se necesita abordar las causas estructurales de la conflictividad en la sociedad, como la desigualdad socioeconómica y la inequidad social. El Estado debe proteger los derechos humanos de todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación”, concluyó.

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