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La realidad de la vuelta al cole

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Podríamos afirmar que ahora mismo los centros educativos son lugares medianamente seguros y que esta seguridad se debe única y exclusivamente al esfuerzo sobrehumano realizado por los trabajadores de los centros educativos. Y es que el Gobierno, que exaltaba la necesidad de un mando único para hacer frente a la pandemia abandonó a cada comunidad a su suerte en este punto.

Los gobiernos Autonómicos tenían la responsabilidad de dotar de los recursos y de realizar los protocolos necesarios para que los centros públicos pudieran abrir con total seguridad en septiembre. Pero llegada esta fecha, seis meses después de la declaración del estado de alarma, veíamos cómo se iban sucediendo los retrasos del inicio de curso; pues a escasos días de su inicio, los centros acababan de recibir las indicaciones para realizar sus planes de contingencia. Estos exigían que se redujera el aforo de las clases a 20 alumnos (cuando la mayoría de las ratios se acercan a la treintena) en unas aulas mínimas en las que no había forma de garantizar la distancia de seguridad.

La solución fácil y real, pasaría por la contratación del personal docente necesario para desdoblar estos grupos y proporcionar los espacios necesarios, pero, los gobiernos autonómicos no están dispuestos a invertir en la escuela pública.

En algunas comunidades solucionaban este problema imponiendo un régimen de semipresencialidad que abandona a su propia suerte a las familias obreras que no disponen de apoyo a la conciliación en esos días en los que ellos deben ir a trabajar.

Inicia el curso y las dudas inundan a los docentes, cada día llegan instrucciones nuevas desde las Consejerías que contradicen las del día anterior. Se pretende convertir a los docentes en policías exigiendo que certifiquen, en caso del contagio de un alumno, si este ha hecho un uso correcto de la mascarilla durante todo momento, tarea que se torna imposible para un solo profesional que tiene a cargo 20 niños. Un profesional cuya tarea es la de educar y formar a estos niños, y no la de convertirse en mero vigilante.

En cuanto a la seguridad de los propios trabajadores, parece que importaba poco y el único propósito de los gobiernos era abrir los centros educativos a toda costa (claro, necesitan un “guardaniños” para poder seguir explotando a la clase obrera en sus trabajos) por eso se inicia curso sin haberle realizado PCR al cuerpo docente en su totalidad. Estos test, que prometían en un principio garantizar la seguridad de la vuelta a las aulas, llegan con cuentagotas y en la mayoría de los casos se trata de test de anticuerpos con una fiabilidad del 60%, lo que no supone ninguna garantía.

Lo de los grupos burbuja es otra historia, pues los niños se supone que no se junten con otros niños que no sean de su clase, pero en la mayoría de centros, donde hay poco espacio y un alto número de alumnado, tienen que compartir zona de patio con algún otro grupo pues no existe forma material ni humana de llevar esta medida a cabo. Lo cual se suma a la reticencia de los gobiernos regionales a contratar al profesorado necesario, encontrándonos a menudo con docentes que tienen que ir de un aula a otra rompiendo así los grupos burbuja. La compra de EPI queda en manos de los centros, sin especificar de qué tipo deben ser.

Esta situación muestra la realidad de este Estado capitalista en el que gran parte del dinero y de los recursos públicos se desvían a la concertada y privada, dejando como siempre de lado a la clase obrera y poniendo por encima la vida de la burguesía. Y muestra ante todo el desprecio por la vida y la salud de los trabajadores de los centros educativos y de las familias, pues prima la necesidad de liberar a los padres de sus hijos para que puedan acudir a su centro de trabajo y realizar una vuelta a las aulas no sólo segura, sino que proporcione una educación de calidad a los hijos e hijas de la clase obrera.

Inés

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