Las derechas chilenas neoliberales (la gubernamental y la de oposición) han vociferado durante años que el sistema político chileno se construyó a imagen y semejanza del español. Los Pactos de la Moncloa significaron un acuerdo de clases para desmontar formalmente el sistema franquista, dándole continuidad ahora en condiciones de democracia. Por supuesto que hay particularidades en cada caso, pero en lo sustancial, las élites políticas chilenas modelaron el sistema con la vista puesta en el que se pactó en Madrid (veleidades de la historia) un 25 de octubre pero de 1977.
Efectivamente, una serie de características dan cuenta de la similitud entre ambos procesos: ambos emergieron de pactos multi partidistas y multi clasistas en los que participaron liderazgos domesticados incluso de izquierda que se plegaron a la corriente hegemónica que sin estar en la oposición al régimen saliente, manejaron el proceso en dirección de sus intereses prioritarios. La izquierda y las corrientes sindicales que llevaron la parte más difícil de la lucha contra la dictadura fueron excluidas de cualquier participación en la toma de decisiones, aceptando ser “furgón de cola” del tren de la “nueva sociedad” que nacía.
En los dos casos, los dictadores (Franco y Pinochet) dejaron claramente trazada la ruta que habría de venir. En España, a través del restablecimiento de la monarquía borbónica y en Chile, fijando “candados” que parecían hacer inamovible la Constitución impuesta a sangre y fuego por el tirano. Ambos modelos se sustentaban en el establecimiento de férreos sistemas represivos estructurados para favorecer al capital y marginar a las clases populares, atraídas por la necesidad de poner fin a las dictaduras.
Los dos países desarrollaron sus procesos atados a las órdenes del gran capital transnacional que es el que verdaderamente decide. España se ha mantenido amarrada a Alemania y Chile a Estados Unidos. Alemania, fue un actor clave por la influencia que ejerció en los actores nacionales que recibieron su apoyo, lo cual le permitió condicionar los resultados alcanzados a partir del uso deliberado de la coerción a través de las instituciones u organizaciones internacionales.
También se manifestó el deseo de fiscalizar el proceso de transición española por parte de Alemania, al manifestarse su interés por ocupar un papel central o privilegiado en el futuro, lo cual se hizo sin necesidad de utilizar un medio como el control directo y permanente de la situación interna, en tanto hubo confianza en los actores nacionales para alcanzar los objetivos propuestos.
En este sentido, Juan Carlos Pereira Castañares, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid señaló que: “La actitud de la República Federal de Alemania puede ser considerada quizá la más importante [entre] las potencias europeas. El propio ex-canciller Helmut Schmidt ha escrito que ´pensábamos que en España las circunstancias eran especialmente propicias para un giro hacia la democracia, y apoyamos a todos los partidos democráticos y sindicatos hasta donde pudimos`. En efecto, el Gobierno de Bonn se mostró especialmente activo, buscando una salida democrática al franquismo que conllevase la creación de un partido socialista de amplia base capaz de contener a los comunistas y de constituir a medio plazo una auténtica alternativa de gobierno”.
En el caso de Chile, después de las grandes protestas y movilizaciones del año 1986, la gigantesca introducción subrepticia de armamento al país por parte del Partido Comunista y el fallido atentado contra el dictador en septiembre de ese año, Estados Unidos entendió que Pinochet debía ser removido so riesgo de una salida revolucionaria a la dictadura. Antes que finalizara el año, se estableció un “puente aéreo” entre Washington y Santiago a través del cual congresistas, miembros del gobierno y militares de Estados Unidos comenzaron a presionar por igual a la dictadura y a la oposición de derecha para buscar un consenso que llevara a una salida negociada. La derecha opositora y las élites de algunos partidos que habían sido de izquierda y que fueron domesticadas en Europa, se plegaron a la negociación verificada a partir de la realización del plebiscito de octubre de 1988 y las elecciones de diciembre de 1989.
Algunas proyecciones recientes de estos pactos se han expresado a través de la exclusión, persecución y represión de las nacionalidades: en España a los catalanes y en Chile a los mapuche, cercenando la posibilidad de autodeterminación de pueblos sujetos al control del Estado central por vía de la fuerza y de una justicia entregada al Poder.
De la misma manera, ambos países insertos en modelos de economía ultra neoliberal desactivaron sus sistemas de salud pública generando una incapacidad manifiesta para manejar la pandemia, redundando en centenares de miles de infectados y miles de muertos.
Ahora, los dos países han querido seguir unidos por la sandez gubernamental, militar y policial, utilizando la mentira que desprecia la inteligencia del pueblo. El 20 de octubre del año pasado, dos días después que iniciara la gigantesca movilización social en Chile, el presidente Sebastián Piñera hizo una declaración en la que señaló que el país estaba «en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, el Metro, los supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible».
Tales palabras emitidas en un ambiente de confrontación, rodeado de militares fueron el preludio de la brutal represión que sobrevendría a partir de entonces. Como se señaló en su momento, nunca antes un jefe de Estado desde Pinochet había caracterizado la situación interna del país en tal dimensión.
Piñera, sustentó su llamado a las armas para reprimir al enemigo interno en un informe elaborado por la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE) que le había sido entregado por el entonces ministro de Defensa Alberto Espina. La “inteligencia chilena” había detectado que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela, a las órdenes del G-2 (Servicio de Inteligencia cubano) habían gestado una «ofensiva insurreccional para Chile». Para cumplir la misión contaban “con un batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana, quienes ingresaron a Chile como refugiados, muchos de ellos formados en escuelas subversivas cubanas como Punto Cero», señalaba con estulticia el limitado presidente.
Todos sabemos lo que vino después: violaciones a los derechos humanos incluyendo torturas, abusos sexuales, vejaciones, uso indiscriminado de la fuerza, heridos por armas de fuego, muertos, y más de 460 personas con daño ocular y pérdida de visión de uno o dos ojos. Según la fiscalía nacional un número irrelevante de personas han sido procesadas por la violencia institucional y una cifra mucho más ínfima se encuentra en prisión preventiva haciendo patente el objetivo de la guerra contra el pueblo inventada por Piñera.
Fue una institución del propio Estado chileno quien se encargó de desmentir al presidente. La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) señaló que las pruebas suministradas por la DINE buscaban en el exterior, un culpable de la movilización popular, escudriñando en el intento de comprobar una hipótesis que se basaba en que las protestas estaban manejadas por organizaciones integrantes del Foro de Sao Paulo, aunque esto tampoco fue comprobado según el reporte de la agencia estatal. Incluso el fiscal metropolitano de la zona oriente de la capital del país, Manuel Guerra afirmó que la acusación de Piñera sobre la intervención extranjera en el estallido social chileno «fue solo humo».
Para no ser menos, en España se ha hecho pública una acusación de una lógica tan irracional que raya en lo absurdo. Según la justicia del Reino, Rusia hizo un ofrecimiento al ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont de 10.000 soldados para convertir Cataluña en «un país como Suiza». Los argumentos expuestos no resisten ni la más mínima consideración. En relación con esta acusación, se ha desatado por parte de la Guardia Civil bajo dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona la operación “Volhov”, nombre de una División que agrupó voluntarios españoles que combatieron junto al ejército nazi en el sitio a Leningrado, durante la invasión hitleriana a la Unión Soviética.
La dimensión de esta barbaridad supera cualquier análisis racional. La entrada de 10 mil soldados rusos en España significaría el inicio de la tercera guerra mundial, algo muy lejos del ánimo y la voluntad de las autoridades rusas y del presidente Vladimir Putin en su relación con Europa.
Pero el nivel político y cultural de las autoridades españolas, la mentira continuada de sus medios de comunicación y la reiterada suposición de que es posible mantener al pueblo en una ignorancia que abra paso a manipulaciones de todo tipo, hacen que declaraciones como esta, tengan espacio en la atribulada opinión pública española que ya no sabe en quien creer.
De la misma manera que se hizo en Chile, en España, el desarrollo de la operación Volhov ha significado la detención de 21 personas, muchas de ellas empresarios o profesionales y el registro de viviendas, oficinas y almacenes, bajo la acusación de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales. Todo esto bajo la suposición de que Rusia está conectada con el proceso independentista de Cataluña a fin de desestabilizar al Estado español según el documento judicial que lo afirma y que se ha filtrado a la prensa.
En Chile gobiernan la Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional, ambos partidos herederos de Pinochet y de su ideología. La oposición de derecha y centro estructurada en los partidos Demócrata Cristiano, Socialista, Por la Democracia y el recientemente creado Frente Amplio sirven de comparsa a la democracia de facto. En España, los partidos social demócratas denominados Socialista y Podemos son los que ostentan el gobierno. En este caso, es la oposición franquista agrupada en los partidos Popular, Ciudadanos y Vox la que sirve de comparsa, simulando oposiciones coyunturales mientras soportan por igual al sistema neoliberal monárquico. Tal vez, esa si sea una diferencia, aunque como dice Silvio Rodríguez eso “no es lo mismo, pero es igual”.
[…] España y Chile: “No es lo mismo, pero es igual” […]