Pedro Sánchez cierra filas con Marruecos

El Ejecutivo elimina en sus declaraciones el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
Progresiva desaparición de la identificación socialista con la causa saharaui.

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Alfonso Lafarga.— El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, con sus ministras Arancha González Laya (Asuntos Exteriores ), Margarita Robles (Defensa) y el ministro Fernando Grande-Marlaska (Interior) cerró filas con Marruecos, que violó el alto el fuego firmado hace 29 años con el Frente Polisario, desatando la guerra en el Sáhara Occidental.

Se trataba de acallar a la parte minoritaria del Gobierno, Unidas Podemos, y al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por haber recordado en un tuit que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reiteró en 1995 su empeño en celebrar un referéndum para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Las ministras González Laya y Margarita Robles mandaron un recado al líder de Unidas Podemos: la política en materia exterior no es su competencia y la marcan el presidente del Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Podemos pidió al Gobierno que trabaje para que se organice un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, donde España tiene una “responsabilidad histórica y jurídica en la descolonización” del territorio.

Y eso es de lo que no habla Pedro Sánchez, del referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. A este derecho se opone Marruecos en contra de lo que acordó con el Frente Polisario en el alto el fuego de septiembre de 1991, que rompió el 13 de noviembre de 2020 al entrar en Guerguerat y atacar a civiles saharauis que bloqueaban un paso fronterizo ilegal por el que se salen, fruto del expolio, los recursos naturales del Sáhara Occidental.

Más de una semana después de reanudarse la guerra por el Frente Polisario, el presidente del Gobierno sigue en silencio. Las que sí hablaron fueron las ministras de Exteriores y de Defensa y fue para reprochar al vicepresidente segundo su tuit sobre el Sáhara Occidental y decirle que la política exterior del Gobierno la dirige el presidente Sánchez y el Ministerio de Exteriores.

Este departamento expuso el 13 de noviembre en un comunicado que el Gobierno apoya para el Sáhara Occidental “una solución política, justa y duradera y mutuamente aceptable”, pero no citó el derecho de los saharauis a decidir su futuro, planteamiento presente en la mayoría de los programas electorales del PSOE, como fue en el del 28 de abril de 2019, pero que desapareció en los comicios del 10 de noviembre de 2019.

Si en septiembre de 2018 el presidente Sánchez abogó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por la libre determinación del pueblo saharaui, en sus siguientes intervenciones de 2019 y 2020 este principio esencial de la lucha del Frente Polisario ya no fue reivindicado por el líder socialista.

Olvidar los apoyos socialistas a la causa saharaui

Se materializó así el camino que emprendió el ministro de Exteriores Josep Borrell de distanciarse de los planteamientos que aún mantenía el PSOE sobre el Sáhara Occidental y acercarse progresivamente a los intereses marroquíes.

En el haber de Borrell se encuentra haber negado que España sea la potencia administradora de iure del Sáhara Occidental, en contra de lo que establece la ONU y recoge la Audiencia Nacional, así como conseguir impedir, con la ayuda del PP, la celebración de un acto sobre el Sáhara Occidental en el Congreso de los Diputados, por no ser aconsejable desde el punto de vista diplomático y para no perjudicar las relaciones con Marruecos.

Las posiciones de Borrell sobre el Sáhara Occidental llevaron en diciembre de 2018 al diputado de Unidos Podemos Sergio Pascual a acusar al ministro de hacer lobby a favor de Marruecos y a preguntarle cuántos principios de nuestro Estado de Derecho estaba dispuesto a pisotear para contentar al diablo marroquí.

En esta posición favorable a los intereses marroquíes se produjeron el apoyo de España al acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos, en contradicción con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que no reconoce derechos marroquíes sobre las aguas saharauis; la entrega a Marruecos por el Ministerio del Interior del estudiante saharaui Husein Bachir, que llegó en patera a Lanzarote para pedir asilo político y fue condenado a doce años de cárcel, y la condecoración con la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al jefe antiterrorista de Marruecos, Abdellatif Hammouchi, denunciado en Francia por torturas al preso político saharaui Naama Asfari.

Todo esto acompañado del permanente silencio del Gobierno ante las continuas violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el régimen marroquí en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, denunciadas por organizaciones de DDHH internacionales, y la ausencia de condena a las 25 expulsiones de ciudadanos españoles de los territorios ocupados por Marruecos que ocurrieron en 2019, entre ellas cinco parlamentarios vascos.

Después de Borrell, se hizo cargo de Exteriores Arancha González Laya, que llegó más lejos que su antecesor en la política de no contrariar y agradar al ocupante del Sáhara Occidental desde hace 45 años.

El 25 de mayo, Día de África, González Laya borró en su cuenta de Twitter la bandera del Sáhara Occidental del mapa político de la Unión Africana (UA), del que la República saharaui es fundadora, lo que tuvo amplio eco en la prensa marroquí: Le 360 señaló que la ministra publicó un mapa en el que “se preocupó de borrar” la bandera saharaui, un “duro golpe” para el Frente Polisario.

Además de seguir la línea Borrell de no hacer referencia al derecho a la autodeterminación de los saharauis, la ministra desautorizó al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, por reunirse con la ministra saharaui de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, Suilma Beiruk, ante la queja de su homólogo marroquí, Nasser Bourita.

En el actual crucial momento del conflicto saharaui se produjo el 20 de noviembre la visita de Fernando Grande-Marlaskael mismo que cuando era presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional emitió un auto que dice que España sigue siendo la potencia administradora de iure del Sáhara Occidnetal- fue a Rabat para pedir a las autoridades marroquíes que frenen la salida de pateras a Canarias, donde desde el 1 de enero han llegado más de 500 embarcaciones y casi 17.000 inmigrantes.

Según Marlaska, la oleada de inmigrantes a Canarias, muchos desde la costa del Sáhara Occidental, no se debe a la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario, y aseguró que su homologo marroquí, Abdelouafi Laftit, no le planteó este asunto ya que conocen la posición del Gobierno de España: una solución pacífica, justa, duradera, mutuamente aceptable en el marco de la ONU.

Dos días antes de este viaje, el 18, se constituyó en el Congreso el intergrupo sobre el Sáhara Occidental, al que asistieron diputados y diputadas del PP, PNV, Podemos, Grupo Republicano, BNG y Compromís, No se presentaron los diputados del PSOE, lo que si hicieron en anteriores legislaturas.

Y tres días antes, el 1, el delegado del Frente Polisario para España, Abdulah Arabi, declaró a EFE que de España no esperan nada: “Simplemente que no nos haga más daño del que nos ha hecho”.

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