Distintas ciudades de Chile amanecieron este jueves con barricadas y manifestaciones en puntos estratégicos, actos comprendidos dentro de una jornada nacional de movilizaciones en torno al Día Internacional de los Derechos Humanos.
En estaciones del metro de la capital chilena, Santiago, familiares y amigos exigieron la liberación de los presos políticos encarcelados durante el estallido social de octubre de 2019 y en las protestas de los meses siguientes.
A su vez, áreas cercanas a La Moneda, sede del Ejecutivo, el cuerpo policial Carabineros de Chile utilizó granadas lacrimógenas y carros lanzaagua para dispersar a los manifestantes.
Manifestaciones en Chile desde temprano en este Día Internacional de los Derechos Humanos. Para la tarde, se esperan distintas convocatorias @teleSURtv pic.twitter.com/f6qvrF7poj
— Paola Dragnic (@PaoladrateleSUR) December 10, 2020
La semana pasada parlamentarios de oposición presentaron al Senado un proyecto de ley que procura indultar a los detenidos en el marco del estallido social ocurrido entre octubre de 2019 a marzo pasado.
Sin embargo, los familiares y camaradas de los presos exigen su liberación inmediata, objetando además que quienes actualmente enfrentan la cárcel lo hacen producto de presumidos montajes.
La experta en derechos humanos, Isabel Plaza, apunta que las acciones cometidas por parte de las fuerzas de seguridad durante la represión de la protesta social, incluyeron incidentes “de violencia física, fraudes y montajes para realizar detenciones ilegales, algo acreditado también por el poder judicial chileno”, refiere Plaza.
Comienzan a caer LACRIMOGENAS disparadas por carabineros San Martín/Alameda (19:30) pic.twitter.com/lJf4AU5TGo
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La también académica denunció que, en su mayoría, quienes aún están presos “son jóvenes que han crecido en la pobreza y marginalización social. Niños y adolescentes, de los cuales un 40 por ciento pertenecen a centros de acogida de la red Sename (Servicio Nacional de Menores)”, advierte.
Este jueves también se dio a conocer el informe anual del Instituto Nacional sobre los Derechos Humanos. El referido reporte ya concitó numerosas críticas, pues se centra en los efectos de la pandemia de coronavirus y no en los actos de represión de la revuelta social.
