El pasado 9 de octubre, dos menores de edad fueron retenidos por hombres de la región del Catatumbo, amarrados y frente a la misma población advirtieron hacer justicia para “que los demás ladrones de la zona cojan escarmiento”. La retención de los dos menores, que se grabó por parte de varias personas con el objetivo de hacerlo viral para ponerlos en evidencia y hacer pública la advertencia, culminó en que se los llevaron del lugar y posteriormente, aparecieron asesinados con carteles sobre el pecho que los señalaba de ladrones.
Los hechos ocurrieron en la salida que del municipio de Tibú conduce al municipio de El Tarra. En ningún momento, a pesar de que el episodio de la detención en un espacio público contó con la presencia de varias personas de la comunidad y se hizo visible en redes, aparece la intervención de la Fuerza Pública, como Policía de Infancia y adolescencia o el mismo ICBF, para intervenir en dicha situación.
Por el contrario, en el vídeo lo que se evidencia es el protagonismo de un hombre, quien da la sensación de tener todo controlado y dirigir la “operación” de escarmiento. El mismo hombre con dos acompañantes más con los que sale en los vídeos, aparece dando explicaciones luego de lo ocurrido, asegurando que hombres armados se llevaron a los menores, que habían llamado a la policía, pero que nunca llegaron.
Las dudas sobre lo que ocurrió crecen. Pero, lo cierto, es que las voces que se escuchan en el video decir: “para que no aparezcan por ahí en una carretera” fue como una predicción. ¡A los menores los encontraron asesinados con varios impactos de bala al borde de una carretera!
Una cultura paramilitar
La justicia por mano propia, viene siendo justificada por décadas en Colombia, a causa de la ausencia estatal o precaria presencia del mismo, en regiones del país que históricamente han vivido altos de niveles de violencias. Ha sido además alimentado por los discursos de odio y del enemigo interno que han sido difundidos por las derechas del país, que han gobernado el país siempre.
Ante la gravedad de lo sucedido, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, manifestó desde sus redes sociales su condena al asesinato de los menores, expresaron sus condolencias a las familias e instaron a las “autoridades a investigar estos hechos. Hacemos un llamado al respeto a la vida y protección de los niños y las niñas”.
Igualmente, en un comunicado público, la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo, exigió “respeto a la vida y la integridad de los niños, niñas y adolescentes de la región” asegurando que, como espacio de convergencia, rechaza categóricamente los hechos ocurridos y asegura que no es la primera vez que se presentan eventos violentos en contra de niños, niñas y adolescentes en la región.
También rechazó “hechos de reclutamiento forzado, accidentes con minas antipersonal y violencia sexual que se han incrementado en los últimos meses en diferentes municipios del Catatumbo”. Ya se había solicitado a todas las instituciones garantías para la protección de derechos de las comunidades, pero lo que se expresa, es la ausencia de acciones que correspondan con el cumplimiento de los derechos de la población.
En este sentido, las comunidades y organizaciones sociales instan a que se respeten las garantías humanitarias mínimas demandables por la población civil y “se avance, por tanto, en la materialización del contenido del Acuerdo Humanitario para el Catatumbo como una vía urgente para salvaguardar su vida, integridad y libertad. Reiteramos hoy más que nunca es necesario acoger y aplicar su contenido, lograr la humanización del conflicto armado y respetar la vida”.
