Argentina promulga un reglamento para indemnizar a las víctimas de los efectos adversos de las vacunas

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El lunes Argentina aprobó un Fondo de Reparación Covid-19 para indemnizar a las personas que hayan sufrido los efectos adversos de las vacunas contra el “covid”, en el marco del Plan Estratégico de Salud aprobado en diciembre de 2020.

 

La Resolución 7/2022 está firmada por Carla Vizzoti, ministra de Sanidad, la misma que puso en marcha el plan de inyecciones masivas, optando en muchos casos de forma coercitiva: despido de los trabajadores no vacunados, estigmatización social y falta de información de los efectos secundarios.

Es el primer país del mundo en el que la máxima responsable de un atentado contra la salud establece también un mecanismo de indemnización. Las vacunas son las elaboradas por Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson y Sputnik.

Para iniciar el proceso de indemnización, la víctima debe notificar el efecto adverso a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). El reglamento determina que es la víctima quien demostrar los efectos adversos ante una Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

La Comisión Nacional de Seguridad y Vacunas (Conaseva) deberá pronunciarse sobre la relación de causalidad entre la vacuna y la patología denunciada en base a “criterios de diagnóstico, temporalidad y exclusión de causas alternativas y podrá solicitar todos los estudios médicos que considere pertinentes”.

Si Conaseva concluye que existe la relación de causalidad, la comisión médica establecerá el porcentaje de incapacidad y lo notificará a los demandantes. Las víctimas podrían beneficiarse de un plan de jubilación anticipada.

Los niños están incluidos. El 2 de julio del año pasado un decreto del gobierno amplió la vacunación contra el “covid” a todas las edades.

Se menciona explícitamente la muerte por la administración de la vacuna. En caso de muerte, un tercero podrá denunciar el nexo causal con la vacuna y el Fondo de Reparación concederá a los beneficiarios una indemnización equivalente a 140 salarios del fallecido. La vida de los desempleados no vale nada en este caso. Pero al menos Argentina reconoce la letalidad de las vacunas administradas.

El coste de los daños será asumido por el Estado ya que, como todas los demás países, Argentina tuvo que exonerar de responsabilidad a las multinacionales farmacéuticas.

El reglamento establece un plazo de tres años a partir de la fecha de vacunación para denunciar la patología, tras el cual la víctima no podrá reclamar.

Fuente: mpr21.info

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