Líderes de ese colectivo junto a abogados y técnicos llegaron este miércoles hasta la Fiscalía para impugnar prácticas monopólicas de empresas privadas asociadas a la distribución de rubros de primera necesidad parta la población.
Evitar que una mayoría de los panameños tenga acceso a productos de la canasta básica familiar con precios regulados o a los medicamentos, combustible y tarifa eléctrica barata está contemplado en la propia Constitución de la República como delitos, por lo que sus responsables deben ser juzgados, indicaron.
Los abogados del grupo ejemplificaron ante la prensa que sólo la manipulación consentida de los molineros con la calidad del arroz y la venta de un tipo del grano por otro que no reunía las condiciones necesarias es visto como peculado y estafa; un delito que debe ser sancionado.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción, Saúl Méndez, precisó a Prensa Latina que en varas ocasiones- incluso durante una mesa de diálogo con el Gobierno- hicieron esta solicitud al Procurador designado, Javier Caraballo, sin reacción alguna.
«Por eso hemos venido hasta la Fiscalía a exigir justicia y presentar todas las evidencias necesarias para ese juicio en el que podemos convertirnos en querellantes», indicó.
Acaparamiento, adulteración, estafa y peculado, dijo, sobresalen entre los principales delitos que comenten las llamadas mafias farmacéuticas y otras también administradoras de rubros alimenticios, remarcó.
Nuevas acciones se suman a otras iniciativas como la protesta que se protagonizara en la jornada frente a las instalaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, un ente responsable del descontento popular por el enriquecimiento desmedido de compañías foráneas y entidades públicas.
En la mesa única entre los colectivos y el Ejecutivo en la provincias de Coclé, la economista Maribel Gordón hurgó en una de las causas que conllevan a que en Panamá los medicamentos sean seis veces más caros que en América Latina, y fue tajante: la existencia de una mafia farmacéutica a la que hay que imponer márgenes en sus ganancias.
Gordón reveló que los panameños destinan el 10 por ciento de sus ingresos en la compra de medicinas caras en farmacias privadas debido al desabastecimiento en la CSS.
Según evidencias presentadas, existen 20 compañías distribuidoras; de estas, cinco empresas controlan el 75 por ciento de los medicamentos que entran al istmo, y una sola domina el 40 por ciento en un país donde existen 700 farmacias.
