“Hoy podemos afirmar con certeza que la parte ucraniana sigue una línea clara y coherente de financiación del sabotaje y de creación de problemas relacionados con la seguridad nuclear de la central. Si antes, por ejemplo, financiaban la inasistencia de los empleados con dos tercios del salario, ahora pagan la totalidad. Hay sobradas razones para afirmar que se han invertido colosales recursos financieros en el sabotaje”, declaró Karchaa.
Así, las autoridades de Kiev tratan de conseguir que los empleados se queden en casa mientras reciben sus ingresos. Esto se suma a la fuerte y continua presión psicológica sobre los empleados. De ahí que estas acciones crean graves dificultades para el funcionamiento de la central y para garantizar la seguridad nuclear de la instalación.
“Tales acciones por parte de Kiev pueden definirse como un tipo de terrorismo nuclear”, subrayó Karchaa.
Agregó que las amenazas se dirigen no solo a los empleados que firman los contratos, sino también a sus familiares que se encuentran en el territorio controlado por Ucrania. Karchaa también aseguró que a pesar de todos los esfuerzos de Kiev por desestabilizar la situación, la central nuclear sigue firmando contratos y continúa trabajando. A día de hoy, en la planta trabajan unos 3.000 empleados.
Desde hace meses, Rusia acusa a Ucrania de bombardear las instalaciones de la central nuclear en la provincia de Zaporozhie, la región que se incorporó a Rusia en virtud de un referendo celebrado en septiembre pasado y en el que el sí a la unión ganó por mayoría abrumadora.
El pasado 1 de septiembre, una misión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), encabezada por Grossi, visitó la planta. Más tarde, la agencia publicó un informe confirmando los bombardeos contra la central.
