Sindicatos chilenos rechazarán proyecto constitucional de la derecha

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Organizaciones sindicales chilenas preparan hoy una movilización en rechazo al proyecto de carta magna impuesto por los sectores más conservadores, que atenta contra derechos civiles, sociales y laborales.

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La protesta ante la sede del Consejo Constitucional fue convocada para el 3 de octubre por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y a ella se sumarán representantes de otros sectores.

Los consejeros del Partido Republicano (de extrema derecha) y de la coalición Chile Vamos (de derecha) aprovechan la mayoría en ese órgano para escribir una ley fundamental a su medida, que limita los derechos de los trabajadores, denunció el presidente de la CUT, David Acuña.

“Lamentablemente se ha vuelto un proceso deslegitimizado”, dijo Acuña, y añadió que el país necesita una Constitución habilitante de derechos, no restrictiva.

Tras advertir que la democracia está en peligro, el líder sindical llamó desde las redes sociales a todas las organizaciones de la sociedad civil a formar un frente común contra este proyecto que pretende socavar los pilares fundamentales del país.

Los contenidos impuestos por los sectores más conservadores atentan contra el derecho a huelga, la paridad de género y la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, inviabilidad fetal y peligro para la vida de la madre.

También favorecen la privatización de servicios como la salud y la educación y elevan a rango constitucional a las Administradoras de Fondos de Pensiones, que lucran con las cotizaciones de los trabajadores y entregan jubilaciones de miseria.

Los Republicanos y los partidos de Chile Vamos están saboteando un proceso que legítima y democráticamente nació de la ciudadanía, advirtió, por su parte, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, en declaraciones publicadas por el periódico El Siglo.

El proyecto de carta magna será sometido a plebiscito el próximo 17 de diciembre y -de aprobarse- reemplazaría a la vigente desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Varios expertos coincidieron en que la propuesta actual podría quedar peor que la impuesta a sangre y fuego por el régimen militar.

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