Activistas sociales, organizaciones políticas, estudiantiles, sindicales y pueblo en general celebraron en las calles de Panamá con la consigna “Sí se pudo”, la decisión jurídica que declaró inconstitucional el contrato con una filial de la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM).
Se prevé que las celebraciones se prolonguen a lo largo de esta jornada y se han replicado en diferentes localidades del país. Muchas de las vías que se mantuvieron cerradas durante semanas ya se han despejado.
Con el fallo, se espera que finalice una crisis nacional y posibilite a arbitrajes internacionales por parte de la concesionaria, la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.
¡SI SE PUDO! #PanamaValeMasSinMineria #VivaPanama #SalDeLasRedes #NoALaMineria pic.twitter.com/duvJnLlTCx
— TT 🇵🇦 (@ttryhane) November 28, 2023
Por parte de los abogados demandantes, Marta Cornejo manifestó que “nos sentimos muy satisfechos (…). En estas 233 páginas de fallo esperamos ver un contenido glorioso para Panamá, que defienda nuestro medio ambiente y que defienda nuestra naturaleza”.
Asimismo, el abogado Harley Mitchell afirmó que “este contrato no solamente violaba normas ecológicas sino de administración públicas fundamentales como el artículo 32 de la Carta Magna que establece el debido proceso legal”.
“El órgano Ejecutivo solo puede negociar contratos de acuerdo a la ley y en este caso, la ley correspondía al decreto de 1969 que establecía específicamente que los minerales de Donoso (donde se ubica la mina) se debían dar en licitación pública”, acotó el abogado.
El fallo por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se dictó el día en el que la nación conmemora sus 202 años de independencia de España, donde miles de personas se dieron cita a las puertas del Palacio Gil Ponce, en Ciudad de Panamá (capital), entre ellos jóvenes, ambientalistas, sindicatos e indígenas.
La CSJ, conformada por nueve magistrados y encabezada por la presidenta María Eugenia López Arias, declaró inconstitucional la Ley 406 que recoge el contrato y que fue aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento y el Ejecutivo.
