Alberto Acevedo.— Apenas unas horas antes de que se anunciara al mundo el fallecimiento del estratega Henry Kissinger, a la edad de cien años, un grupo de senadores republicanos presentó un proyecto de resolución legislativa el cual establece que la doctrina Monroe ─el código justificativo de la intervención armada, política y diplomática de Washington en todos los países de América Latina y el Caribe─ es un principio duradero y vigente de la política exterior de los Estados Unidos.
Es, sin lugar a duda, una extraña coincidencia. Como si la labor del exdiplomático, envuelto en innumerables crímenes de guerra, se viera coronada con la extensión de la vigencia de una doctrina que apoyó siempre, y ahora, con su muerte, podía irse en paz. Pero también es un mensaje al mundo, en el sentido de que la potencia norteamericana no renuncia a su labor hegemónica, de querer ser el policía del mundo, como si un poder divino le hubiera conferido, a perpetuidad, ese designio.
La doctrina Monroe, cuya proclamación oficial fue el 3 de diciembre de 1823, fue concebida inicialmente como un instrumento defensivo de la naciente potencia para contrarrestar las ambiciones del colonialismo europeo. Surgió cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, James Monroe, rechazó la propuesta de una acción conjunta de Estados Unidos con el Reino Unido y Francia para bloquear los intentos de reconquista de territorios americanos por parte de España.
América para los americanos
La negativa partió del presupuesto de que para entonces ya existía una supremacía de Estados Unidos sobre el resto del continente, estrategia codificada bajo el lema “América para los americanos”. Esta no significaba soberanía plena de la población norteamericana sobre su territorio, sino la sustitución de la dominación europea por el manejo hegemónico de la naciente potencia en todo el continente.
La directiva fue presentada como el proyecto de un país en surgimiento, con vocación colonialista, que soñaba con convertirse en potencia dominante. James Monroe, quinto presidente de la nación americana, defendió la legitimidad de ese derecho y el papel inicial que tuvo Norteamérica en la independencia del continente de la dominación española.
Consideró que ese suceso le confería a su país la responsabilidad de liderar todo el desenvolvimiento regional, atender su seguridad. Más tarde, esa tesis se asoció con la intención norteamericana de convertirse en el ‘policía del mundo’, atribución que nadie le había conferido.
Aplastando rebeldías
En el transcurso de estos dos siglos, los pueblos latinoamericanos han sido víctimas constantes del injerencismo de Estados Unidos. Una realidad que ha incidido de modo determinante en el atraso económico, político y social de los países bajo su influencia, dando cabida a un estado de subdesarrollo que se prolonga con el tiempo y sin que a los pueblos de la región se les brinde una oportunidad de superación.
Para justificar semejante estado de cosas, los gobiernos estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, echaron mano de la doctrina Monroe, y con ella, un nuevo modelo de dominación hemisférica que, incluso, algunos estrategas de la Casa Blanca intentan extender al resto del planeta.
Materializar este objetivo llevó a la nación del norte a respaldar regímenes abiertamente reaccionarios y a vulnerar la soberanía y el derecho de autodeterminación de los pueblos, mediante el despliegue de sus tropas en los territorios, derrocando presidentes que se mostraran reacios al tutelaje yanqui, o imponiendo sanciones y bloqueos económicos unilaterales, con el propósito de desestabilizar a gobiernos que consideró enemigos, o incluso aplastando a sangre y fuego conatos de rebeldía popular ante las acciones colonialistas.
Pirata de los mares
Ese expansionismo fue una constante a lo largo de este tiempo. Comenzó con el despojo de México, que terminó perdiendo la mitad de su geografía original. Inició con la anexión de Texas, en 1845, que concluyó con una ‘reparación económica’ ridícula, como sucedió más tarde con la separación de Panamá del territorio continental colombiano.
La usurpación del territorio azteca no paró allí. Las tropas yanquis ingresaron a México en incontables oportunidades durante la segunda mitad del siglo XIX, para neutralizar las expediciones, igualmente colonialistas, de los rivales europeos.
Un proceso de invasiones se dio en forma semejante en Puerto Rico, que terminó siendo ‘Estado libre asociado’ de Estados Unidos, las sucesivas ocupaciones de Cuba, Haití y República Dominicana. Para ese momento, Washington soñaba con el dominio de un mar Mediterráneo estadounidense, objetivo que en buena medida no pudo consolidar.
Pero sí amplió sus áreas de dominación marinas, ocupó las aduanas de varios países para garantizar el cobro de dudosas deudas, se apropió de las plantaciones de caña de azúcar y controló de manera directa el manejo de los puertos.
Recursos naturales en la mira
América Latina fue el gran mercado de arranque para una economía que se expandió a un ritmo vertiginoso. Entre 1870 y 1900, la población de Estados Unidos se duplicó, el PIB se triplicó y la producción industrial se multiplicó por siete.
A partir de la frontera sur de los Estados Unidos se construyeron las rutas marinas necesarias para descargar los excedentes y reunir las materias primas que irían a consolidar el nuevo poder imperial.
El 44 por ciento de todas las inversiones norteamericanas se localizaron en esta región, con énfasis en el transporte: rutas, canales, ferrocarriles, y en las actividades más rentables de la época: minería, azúcar, caucho, bananos.
Para garantizar que el negocio siguiera funcionando y continuara cada día más próspero, el imperio garantizó una presencia militar permanente, hasta lo que tenemos hoy, doscientos años después: una verdadera telaraña de bases militares gringas que se extiende por América Latina y el Caribe. Presencia militar que estuvo acompañada de acciones armadas directas en varios países. La doctrina Monroe había conseguido expandirse, como lo planearon sus creadores.
En tiempos más recientes, el apoyo al golpe militar fascista de Pinochet, en Chile, el bloqueo económico a Cuba, las sanciones financieras a la Venezuela bolivariana, los procesos desestabilizadores en Bolivia, Ecuador, el diseño del Plan Cóndor, el genocidio político contra la izquierda en Colombia, son algunas perlas de esta doctrina colonial.
De ahí que sea un imperativo para los pueblos de la región adoptar una estrategia común en contra de las sanciones económicas y la intervención unilateral de Estados Unidos, cualesquiera sea el pretexto para hacerlo. Contrarrestar el militarismo con acciones de paz y cooperación, forjar un modelo económico independiente y soberano y desterrar las causas que generan la inmigración, entre las tareas del momento.
