La agencia española antidopaje (Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, Celad) habría permitido la realización de los controles con un solo agente en contra de la normativa del país.
Tanto el director del organismo, José Luis Terreros, como Jesús Muñoz-Guerra, responsable del Departamento de Control del Dopaje, estaban al tanto de la infracción y, por lo tanto, permitían la anulación de los resultados positivos detectados, informó este jueves Relevo.
De acuerdo con el medio, la agencia habría abonado con fondos públicos tomas de muestras irregulares en los test antidopaje durante al menos cinco años, desde 2017 a 2022. Más de 30 documentos acreditan que la empresa que se encargaba de realizar los test a los deportistas, tomaba muestras con un solo agente de control.
Además, la compañía, cuyo nombre es Professional Worldwid Controls, a veces actuaba junto con personas que no estaban habilitadas administrativamente para poder llevar a cabo la tarea, lo que le suponía un beneficio. “No se pagaría igual a un verdadero agente de control que a una persona sin habilitación administrativa”, explica el portal.
Las irregularidades cometidas sistemáticamente por la empresa no solo conducían a la inutilidad de la lucha contra el dopaje, sino que también habrían representado un perjuicio económico para la agencia española.
“Ahorrar el coste asociado al segundo agente de control requerido por la normativa suponía facturar a la Celad servicios que en realidad no se podían abonar por incumplimiento de la normativa administrativa. Tanto en materia de control del dopaje como del propio contrato de adjudicación, ya que los efectos sancionadores resultarían inútiles tan pronto como esta irregularidad fuera detectada”, explica el medio.
Auditorías internas ignoradas
Por su parte, Agustín González, secretario general de la Celad en 2021, decidió celebrar una serie de auditorías internas al detectar las posibles infracciones debido a que la Secretaría General de la agencia era la responsable de abonar las facturas correspondientes con fondos públicos.
González llegó a alertar a Muñoz-Guerra de un problema relacionado con los controles facturados por Professional Worldwid Controls en enero, febrero, marzo y abril de 2021. En ese momento, se hizo evidente que los tests realizados de manera incorrecta se estaban abonando sin ningún control en perjuicio de los fondos públicos de la agencia. “No podemos tolerar más tomaduras de pelo ni pagar controles que, además, nos puedan meter en un lío“, sostuvo González.
Sin embargo, sus advertencias no dieron frutos y el funcionario optó por abandonar su cargo debido a la imposibilidad de controlar el dinero público del que disponía la Celad.
Juicios por falsedad documental
Finalmente, Jesús Muñoz-Guerra y la funcionaria del Departamento de Control del Dopaje de la Celad Coral Fernández fueron acusados de falsear el expediente de control de sustancias prohibidas realizado a una atleta y se abrió un juicio oral a respecto.
Ambos acabaron sentados en el banquillo de acusados después de que el 17 de junio de 2017 se descubriera durante una revisión que la compañía Professional Worldwid Controls realizó pruebas en las que no había dos agentes de control. Una de ellas, además, dio un resultado positivo.
“Sin embargo, José Luis Terreros no podía abrir expediente disciplinario ya que la propia Celad detectó una irregularidad en la realización del control que el personal del Departamento de Control del Dopaje dejó constancia en el formulario correspondiente”, explica el medio.
En ese momento Coral Fernández fue asignada como responsable de una nueva revisión. La mujer optó por elaborar “un segundo formato de revisión en el que se ocultó la irregularidad cometida por la empresa adjudicataria y se verificó, en contra de lo que ya se había comprobado correctamente, que sí había dos agentes en el control. De esta manera, la Celad podía abrir el correspondiente expediente sancionador ante el positivo de una atleta de fondo y así lo hizo”, explica el artículo.
No obstante, la deportista denunció los resultados y tras un análisis exhaustivo, Muñoz-Guerra pasó a ser acusado de dos delitos de falsedad de un documento público por lo que podría enfrentar un total de nueve años de cárcel con inhabilitación especial por otros ocho años. Mientras, Fernández está acusada de un solo delito de falsedad y afronta cuatro años y medio de condena. Se les reclama, además, una indemnización de 18.000 euros para la atleta y multas a partir de los 9.000 euros.
