La presentación del proyecto de ley llega en un momento en que los campus universitarios se han convertido en el epicentro de la lucha nacional contra el antisemitismo y la guerra entre Israel y Hamás, y esta iniciativa es una respuesta directa a las protestas propalestinas.
El proyecto de ley es una propuesta de los congresistas Ritchie Torres (demócrata) y Mike Lawler (republicano), comunica el medio Axios. Dicha iniciativa permitirá al Departamento de Educación enviar un “supervisor externo del antisemitismo” a cualquier universidad que reciba financiación federal y retirar esta financiación a las universidades que no la cumplan, detalla la publicación. El monitor, pagado por la universidad, tendrá que publicar un informe trimestral en el que se evalúen “los progresos realizados por la universidad en la lucha contra el antisemitismo”.
Por su parte, el miembro de la Cámara Torres indicó que “innumerables estudiantes judíos de campus de todo el país” se quejan de que “se sienten seriamente amenazados debido a su origen religioso y étnico”, cita Axios.
“Los estudiantes judíos comunicaron a mi oficina que se sienten completamente abandonados por la Administración de sus universidades y ven al Congreso como el único acceso a la responsabilidad y la seguridad”, comentó.
La represión de las protestas en los campus universitarios no es algo nuevo para los gobernantes de Estados Unidos, ya que se remonta a la guerra de Vietnam.
En 2019, la organización no gubernamental Centro Internacional de Derecho no Lucrativo (ICNL) también observó que en varios estados de EEUU se habían presentado varias leyes que amenazaban con medidas disciplinarias contra los manifestantes. Así, por ejemplo, un proyecto de ley presentado en el estado de Illinois ese mismo año permitiría a una persona cuyos “derechos de expresión hayan sido violados” en el campus presentar una demanda contra la universidad, incluso si dichos derechos fueron violados por estudiantes manifestantes y no por la propia entidad educativa.
“Esto crea un estímulo para que los administradores universitarios vigilen excesivamente a los manifestantes para evitar posibles responsabilidades”, advirtió la organización.
La ICNL también apuntó a la orden ejecutiva emitida por el entonces presidente estadounidense Donald Trump en 2019 “que vincula la financiación federal de las universidades a que estas instituciones tomen las medidas adecuadas para promover la libre investigación”. Esta orden “podría conducir a una interferencia politizada en la gobernanza universitaria en el futuro y a la supervisión estatal del activismo político de estudiantes y profesores”, enfatizó la organización.
