En contra de su propia naturaleza, la Unión Europea no se conforma con restringir la libertad de movimientos de las personas, sino que además impone sistemas informales contra los emigrantes y refugiados.
A cambio de 7.400 millones de euros, el 17 de marzo Bruselas firmó una asociación estratégica con Egipto, aprovechando una grave crisis económica del país norteafricano, particularmente en las áreas de energía y emigración.
El objetivo del acuerdo es que Egipto gestione los flujos migratorios dirigidos hacia Europa a cambio de dinero. Deberá destinar 200 millones de euros a impedir las salidas de emigrantes de su territorio hacia Europa.
La tarea policial asignada a Egipto por la Unión Europea es similar a la encomendada el año pasado a otros estados de la costa sur del Mediterráneo, como Libia y Túnez.
Europa exige a Egipto que asegure su frontera con Sudán, donde acuden millones de refugiados, y con Libia, país de tránsito utilizado por muchos emigrantes egipcios para llegar a Europa. “Egipto es un socio fundamental para la resolución del conflicto palestino-israelí, un aliado decisivo para la estabilización del norte de África y un socio en el control de las rutas migratorias”, afirma la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
Los efectos del dinero no se han hecho esperar. En Egipto ya han comenzado las detenciones arbitrarias y los malos tratos de la policía contra emigrantes, solicitantes de asilo y refugiados, así como las deportaciones a terceros países.
Europa traslada sus aduanas a los países del norte de África
En julio del año pasado la Comisión Europea concedió a Túnez 105 millones de euros para luchar contra la emigración. En 2017 se firmó con Libia un acuerdo similar, incluyendo el adiestramiento y equipamiento de la guardia costera para interceptar las pateras de migrantes en el Mediterráneo.
Este año, además de Egipto, se añadió Mauritania a la lista. Bruselas le pagó 210 millones de euros a cambio de un acuerdo para acoger en su territorio a los emigrantes retornados de Canarias y reforzar su papel como policía de fronteras para impedir que los emigrantes salgan en sus pateras.
La Unión Europea quiere que Mauritania se convierta en una tierra de asilo para las personas retornadas de Canarias. Pero nada impide que a su vez el gobierno africano se deshaga de los emigrantes.
A la Unión Europea le gustaría hacer como el gobierno británico con Ruanda: crear “centros de tránsito” en Mauritania. El plan es que los países europeos puedan decidir el derecho de asilo de los solicitantes sobre el terreno, para evitar que pongan un pie en el territorio de la Unión Europea.
Los intereses de la Unión Europea están por encima de todo
En 2006 se abrió un centro de tránsito durante un cierto tiempo en Nouadhibou, que luego tuvo que cerrar por la presión y la movilización. En 2017 se creó el mismo tipo de centro en Libia con el apoyo del gobierno italiano.
Roma ha hecho la vista gorda ante la creación de centros de detención ilegales para emigrantes, donde miles de solicitantes de asilo en Europa han sido detenidos y expuestos a graves violaciones de los derechos humanos, como torturas y violaciones.
Desde entonces Europa ha tenido que disimular la delegación del control de las fronteras exteriores a los Estados del sur del Mediterráneo, que no acogen con simpatía el papel de gendarmes de los vecinos del norte. La manera de tapar el asunto es celebrar acuerdos más generales, en los que la emigración parece un elemento más.
La subcontratación de la vigilancia fronteriza
La subcontratación de la vigilancia de las fronteras europeas es una política implementada después de la creación del espacio Schengen a principios de los años noventa.
Los primeros acuerdos se celebraron con los estados de Europa oriental como preparación para su integración en la Unión Europea y a cambio de acuerdos de libre circulación.
Con la llegada del nuevo siglo las políticas cambiaron y la deslocalización del control fronterizo a países extracomunitarios. Primero Europa destruyó Siria y luego trató de evitar la llegada masiva de refugiados. Para ello concluyó un pacto con Jordania que permitió a este último obtener ayuda económica manteniendo en su suelo a los refugiados sirios que deseaban viajar a Europa.
Al igual que con Egipto, no hubo ningún acuerdo que hubiera permitido a instituciones como el Parlamento Europeo vetar acuerdo de esa naturaleza que, muchas veces son informales y quedan fuera de cualquier tipo de control político y, desde luego, judicial.
Son políticas que contradicen el derecho internacional. La Convención Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 estipula que no se puede impedir que un solicitante de asilo cruce las fronteras internacionales.
Las políticas de externalización de los controles migratorios, que antes afectaban principalmente a los emigrantes económicos, ahora se han extendido a los refugiados y exiliados.
