La crisis migratoria impulsa a la ultraderecha en España a salir de cinco gobiernos regionales

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El partido ultra Vox ha roto los acuerdos en cinco comunidades autónomas con el Partido Popular después de que este aceptara el reparto solidario de menores inmigrantes no acompañados.

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La dirección del partido de ultraderecha español Vox decidió este jueves por la noche romper todos los pactos de gobierno suscritos con el conservador Partido Popular (PP) en cinco comunidades autónomas: Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, además de retirar su apoyo al de las islas Baleares.

 

La decisión se toma después de que el PP aceptara acoger a algo más de 300 niños y adolescentes inmigrantes no acompañados, para hacer frente a la crisis humanitaria que enfrenta desde hace meses las islas Canarias, que ya tiene su sistema de acogida prácticamente colapsado.

Ese reparto solidario es rechazado de plano por Vox, que también ha advertido que romperá sus pactos en ayuntamientos que colaboren activamente con la acogida de los menores.

A través de una declaración institucional y sin preguntas, el líder de la formación ultraderechista, Santiago Abascal, echó la culpa de la ruptura al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición tan leal como contundente, igual que en el resto de España”, concluyó Abascal.

Cascada de dimisiones y primeras deserciones

Tan solo unas horas después del anuncio de la Ejecutiva de Vox, ha llegado la primera deserción. El único consejero de Vox en el Gobierno de Extremadura, Ignacio Higuero, ha anunciado este viernes que desobedece el mandato de Abascal y permanecerá en el Ejecutivo regional al frente de la cartera de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Higuero, en una comparecencia junto a la presidenta de Extremadura, la popular María Guardiola, ha relatado que ni entiende ni comparte la decisión tomada por la cúpula de su formación y que se dará de baja del partido en los próximos días.

También el consejero de Vox a cargo de la cartera de Cultura, Turismo y Deporte en la comunidad de Castilla y León, Gonzalo Santonja Gómez, ha decidido no dimitir, mientras que han sido cesados otros dos consejeros de la formación ultra en la región, a pesar de rechazar la dimisión impuesta por su Ejecutiva, según informa OkDiario.

Además, el vicepresidente de esa comunidad, Juan García-Gallardo, ha presentado su renuncia como parte de una cascada de dimisiones en la que también se ha sumado el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, que también ha abandonado su cargo.

Ya el mismo jueves, consejeros de Vox de distintas regiones cancelaron actos oficiales y reuniones de trabajo, adelantando los anuncios de dimisión que se están sucediendo este viernes.

Antes, el jueves por la noche, el Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana publicaba el cese del vicepresidente Vicente Barrera y los otros consejeros de Vox en el Gobierno valenciano.

Los menores inmigrantes, en el centro del debate

En el centro de la polémica se encuentra la situación de los menores inmigrantes que llegan al país sin la tutela de ningún adulto. El mayor flujo se produce en las islas Canarias, donde han visto cómo los conflictos que se desarrollan en varios países africanos han provocado un aumento considerable de las llegadas durante los últimos meses.

En el archipiélago ya hace tiempo que se superó la capacidad de su sistema de acogida de estos niños y adolescentes, que actualmente rebasan ampliamente los 6.000, por lo que se ha desatado un debate en torno a la gestión de esta cuestión.

El Gobierno de España aboga por un reparto solidario entre el resto de regiones del país para hacer frente a esta crisis humanitaria. Hasta ahora se había encontrado con el rechazo tanto de Vox como del PP, pero en los últimos días los segundos se han avenido a pactar y acoger en los territorios que gobiernan a un número cercano a los 400 menores.

Eso ha sido la chispa que ha hecho que Vox haya dinamitado sus pactos de gobierno, y es que gran parte de su discurso público se centra en la criminalización de los niños y adolescentes migrantes, a los que vincula con todo tipo de crímenes y con la inseguridad pública, siempre poniendo el foco en su procedencia, con una prédica racista e islamófoba.

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