Elson Concepción Pérez (Granma).— Enquistado como uno de los componentes del neocolonialismo en América Latina, la presencia de Estados Unidos en el Canal de Panamá, fue usada por los gobiernos de Washington como arma política contra los países de América Latina.
Este solo hecho justifica la enorme importancia de la firma, el 7 de septiembre de 1977, del Tratado Torrijos-Carter, que pasaba a la República de Panamá la administración del Canal, esa gran obra que posibilita la navegación y el trasiego a gran escala de mercancías, entre el mar Caribe y el océano Pacífico.
El Tratado, que se hacía válido con la transferencia de la importante vía marítima a la nación istmeña, el 31 de diciembre de 1999, fue un momento histórico.
La intromisión de la Casa Blanca en la política panameña había provocado, desde los años 20 del pasado siglo, un sentimiento nacionalista que tuvo en Omar Torrijos a uno de sus líderes.
En la zona del Canal, por si le faltaba algo, ee. uu. tenía instalada la tristemente célebre Escuela de las Américas, centro que ha preparado a miles de oficiales, algunos comprometidos con golpes de Estado en países de la región, y en otros hechos violatorios de los derechos humanos.
En 1972, tras las elecciones, la Asamblea Nacional de Panamá confirió a Omar Torrijos poderes de Jefe de Estado durante seis años. Luego de los logros en la reforma agraria, y de haber concentrado gran parte de sus esfuerzos en que se hiciera realidad el traspaso del Canal, Torrijos, en agosto de 1978, nombró presidente de la República al entonces ministro de Educación, Arístides Royo.
La firma del Tratado, por el presidente estadounidense Jimmy Carter, y Torrijos, pasaría a la historia como la devolución de la soberanía de una importante parte del territorio de la nación.
Pero en 1989, Estados Unidos, con el pretexto de que el entonces presidente panameño, general Manuel Antonio Noriega, estaba vinculado al narcotráfico, emprendió una bárbara invasión, causando la muerte a más de 2 000 civiles.
Con el nombre de Operación Causa Justa, el mandatario de Estados Unidos, George Bush (padre), ordenó la ilegal y genocida acción que, solo en el populoso barrio de El Chorrillo, dejó muertos y heridos en plena calle por cientos, y unas 4 000 viviendas destruidas.
