La crisis de legitimidad del gobierno de Dina Boluarte y la mayoría mafiosa del Congreso de la República está profundizándose debido a la falta de acción frente a los grandes problemas que aquejan al pueblo, como el tema de la creciente inseguridad ciudadana.
El Estado subsidiario o “mínimo” de los neoliberales, plasmado en la Constitución de 1993, ha relegado el rol social que debe cumplir -entre ellas la seguridad ciudadana y el combate a las economías ilegales- cediéndole esa función a la iniciativa privada. Este Estado que he devenido en mafioso, está dedicado en proteger las inversiones foráneas destructivas del medio ambiente, devolverle los lingotes de oro a los traficantes de los recursos nacionales, proteger la tala ilegal, la deforestación, promover la criminalidad organizada en todas sus formas, debilitar la lucha anticorrupción con leyes que favorecen a los delincuentes grandes y chicos; es un Estado incapacitado para combatir la inseguridad ciudadana.
Mientras el gobierno de la Sra. Boluarte se aferra a mantener al ministerio del interior Juan José Santibañez, un cuestionado personaje que se ha dedicado a ser escudero de las perores causas, pero no ha dado ninguna medida efectiva para afrontar la brutal espiral de crimen que reina en las calles de Lima y las principales ciudades del país.
Por otro lado, la mayoría mafiosa del Congreso se ha dedicado a aprobar normas, como la modificación de la Ley Contra el Crimen Organizado y la Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, que están favoreciendo a los criminales. Ahora esa misma derecha pide “mano dura” y la tipificación del “terrorismo urbano”, puro efectismo discursivo como gran solución a los problemas que ellos mismos han contribuido a crear.
EL MÁS AFECTADO ANTE LA OLA DE CRIMINALIDAD ES PUEBLO TRABAJADOR. Las empresas de transporte público y sus trabajadores, los mototaxistas, los restaurantes, las bodegas, y casi cualquier negocio y emprendimiento se están viendo afectados por la falta de respuestas para perseguir y castigar ejemplarmente a estas bandas.
La Policía, que se ha mostrado muy “valerosa” en sus desfiles y empleando armas de fuego para asesinar a ciudadanos que han salido a protestar, ahora parece impotente ante las bandas criminales. Por otro lado, la administración de justicia y el sistema penitenciario no contribuyen a hacer efectiva las sanciones, así como un sistema de sanción y reinserción social.
Es la hora de la organización, lucha y unidad del pueblo, en sus más variadas expresiones, para exigir y enfrentar esta nueva plaga que se extiende por todo el país, con la complicidad o tolerancia de un gobierno y un Congreso que deben haberse ido ya.
Ante esta situación, planteamos las siguientes medidas:
- Renuncia inmediata del ministro del Interior
- Deben derogarse de inmediato las normas que favorecen a la criminalidad.
- Convocar al Consejo de Estado para que se aplique una estrategia multisectorial de urgencia para proteger a la clase trabajadora y el pueblo.
- El gobierno debe asignar más presupuesto para aumentar el número y cualificación de los efectivos policiales.
- Los servicios de inteligencia nacional y policial deben volcarse a la vigilancia, persecución y desactivación de las bandas criminales, en vez de criminalizar a los movimientos sociales.
- La población debe organizarse, en donde sea posible, para su autodefensa, con el ejemplo de las rondas urbanas y campesinas, para repeler a la criminalidad.
26 de setiembre de 2024
Buró Político del Comité Central
