«Después de casi cuatro años utilizando los recursos del Gobierno de Estados Unidos contra enemigos percibidos de ciertas familias políticas dinásticas, Markey y Biden tienen cierto descaro al sugerir que la Administración Trump participará en represalias ‘fascistas’ a partir del 20 de enero de 2025», dijo a Sputnik el analista de Wall Street Charles Ortel, en referencia al procesamiento que emprendió Biden contra los manifestantes del 6 de enero y al etiquetado de los partidarios del MAGA (Make America Great Again) como «extremistas».
El periodista estadounidense Jonathan Martin informó el 4 de diciembre que los principales asesores de Biden están debatiendo el tema y que la supuesta lista de indultos podría incluir al senador electo Adam Schiff (demócrata por California), la exrepresentante republicana Liz Cheney y el ex zar del COVID-19, Anthony Fauci.
«El público todavía tiene que aprender cuán profunda se volvió la podredumbre en todo Estados Unidos desde 1988, cuando las élites abrazaron un globalismo no regulado y un sistema de botín turboalimentado donde billones de dólares en gastos que no están auditados (por diseño) pueden ser robados o desviados para financiar campañas políticas y estilos de vida de múltiples mansiones», dijo Ortel.
Según el analista, las trayectorias políticas de las familias de las dinastías Biden, Clinton, Bush, Obama, Pelosi y Cheney merecen un estrecho escrutinio por presunto tráfico de influencias y otras conductas cuestionables.
«Aquellos que aúllan más fuerte ahora, anticipando el regreso de Trump, probablemente incluyen a muchos con conocimiento sobre la culpa de su propio papel en la comisión de una serie de crímenes, creyendo que el sistema seguirá manipulado para protegerlos», señala.
Por qué Hillary y Bill Clinton necesitan los indultos
Mientras la Casa Blanca de Joe Biden está considerando «perdones preventivos» para algunos de los principales demócratas, Ortel sugiere que los Clinton podrían estar en la lista.
«‘La ‘Fundación Clinton’ (entre comillas, porque desafío a un abogado informado a demostrar que existe válida y legalmente como una organización benéfica pública) ha emitido una vez más presentaciones públicas falsas y materialmente engañosas mientras continúa solicitando donaciones de diversas maneras a través de las fronteras estatales y nacionales», afirma Ortel, que lleva varios años realizando una investigación privada sobre el presunto fraude de la organización benéfica.
En 2018, dos investigadores forenses convertidos en denunciantes, John Moynihan y Larry Doyle, testificaron ante el Congreso de Estados Unidos que la Fundación Clinton no opera como una organización 501(c)(3) exenta de impuestos, sino que actúa como un agente extranjero y debe al Gobierno estadounidense entre 400 y 2.500 millones de dólares en impuestos.
Además, la investigación del fiscal especial John Durham indicó que Hillary Clinton y su equipo desempeñaron un papel importante en la configuración y promoción de la narrativa de colusión entre Trump y Rusia. Según Ortel, este engaño se utilizó para evitar que el republicano investigara los aparentes esquemas de pago por juego de los Clinton, el mal manejo de información clasificada y el presunto lavado de dinero.
«La Administración Trump, en colaboración con Chris Rufo, el nuevo jefe del IRS [propuesto] y Pam Bondi [fiscal general nominada], podría recaudar cientos de miles de millones de dólares simplemente haciendo cumplir las estrictas normas y leyes relativas a las organizaciones sin fines de lucro. Muchas de estas entidades de ‘élite’ han abusado descaradamente de la ley de innumerables maneras, especialmente los Clinton, desde el 23 de octubre de 1997», dijo Ortel.
El perdón de Biden convierte a Hunter en un testigo invaluable
«[Un] informe señala que la familia Biden ahora puede tener una mayor exposición, ya que Hunter ya no puede invocar fácilmente la Quinta Enmienda», señaló Ortel.
El Washington Free Beacon informó el 3 de diciembre que Hunter ya no podrá confiar en su derecho a guardar silencio, según la Quinta Enmienda, con respecto a posibles delitos federales por los cuales haya sido indultado, según dos exasesores generales de la Cámara.
La Quinta Enmienda protege contra la autoincriminación; sin embargo, dado que Hunter ya no corre riesgo de ser procesado federalmente durante el período comprendido entre enero de 2014 y diciembre de 2024, parece no ser elegible para esta protección.
El periódico alega que los legisladores republicanos deberían aprovechar la oportunidad de citar a Hunter Biden para obtener nueva información sobre el conocimiento o la participación de su familia en sus aparentes planes de tráfico de influencias.
Hay muchas preguntas sobre la conducta de la familia Biden en Ucrania, donde Hunter ayudó a conseguir millones de dólares de financiación para Metabiota, un contratista de bioinvestigación del Pentágono y donde recibió un salario considerable de la empresa de gas Bursima.
«Finalmente, ofrecer indultos a Hunter por delitos federales que se remontan al 1 de enero de 2014 genera sospechas de que Joe puede conocer las actividades ilegales en las que Hunter participó, años antes de los delitos alegados en las acusaciones en los casos de armas (2018) e impuestos (2019)», subrayó Ortel.
