Sobre la medida de protesta en los planteles públicos, el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, recomendó a los padres de familia no enviar a sus hijos a las escuelas.
El también vocero de la alianza Pueblo Unido por la Vida, indicó además que otras organizaciones populares y sindicales podrían acompañar el paro con el cierre de calles.
Ábrego insistió en que la protesta busca la derogación de la iniciativa impulsada por el Gobierno pero que privatiza la institución y permite que los fondos de la CSS sean entregados a los bancos y empresas administradoras de pensiones.
Precisó además que la huelga podría extenderse de manera indefinida, hasta alcanzar la derogación de la iniciativa.
Los docentes se suman así al reclamo de que se retorne al sistema solidario en el pago de pensiones y rechazan las cuentas individuales como establece la Ley, además la manera enmascarada conque sustenta el aumento de la edad de retiro, agregó.
Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, indicó que habrá «clases regulares» este viernes 21 de marzo, rechazando el llamado a huelga nacional.
El pasado miércoles, el presidente de la República, José Raúl Mulino, promulgó la Ley 462, en medio de manifestaciones de diversos sectores y sindicatos.
En un mensaje a la nación, luego de suscribir la iniciativa, antes aprobada por la Asamblea Nacional (parlamento) en prolongado y polémico proceso de debates, el mandatario señaló se da un paso importante hacia la sostenibilidad del sistema de seguridad, asegurando tanto las prestaciones de salud como el futuro de las pensiones para los panameños de hoy y mañana.
De otra parte se conoció que el rector de la Universidad de Panamá(UP), Eduardo Flores, envió una nota al director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, en la que rechazó la injerencia de ese organismo en la autonomía de la casa de estudios superiores.
Flores respondió así a una solicitud, en la que se pedía el establecimiento de un control de acceso a la UP.
También reafirmó el compromiso de la UP con la protección de la integridad física de la comunidad universitaria y subrayó que, tanto como ciudadano como en su rol de rector, condena rotundamente cualquier acto de violencia contra personas o bienes.
En los últimos meses, los estudiantes universitarios protagonizaron protestas contra las reformas de la CSS y enfrentaron la represión de unidades antimotines que utilizan gases lacrimógenos para dispersar los bloqueos de calles.
