La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) expresó este jueves su rechazo a la iniciativa coordinada entre el Senado y la Corte Suprema para buscar mecanismos que permitan la liberación de condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.
En su declaración, los familiares denunciaron que esta medida, justificada por la edad avanzada y el deterioro de salud de los responsables, desconoce la gravedad de los crímenes cometidos.
«Ante la coordinada iniciativa de la Cámara del Senado y la Corte Suprema de buscar mecanismos para otorgar libertad a condenados por violaciones a los Derechos Humanos, amparándose en su avanzada edad y estado de salud, nuestra agrupación de familiares manifestamos nuestro más absoluto rechazo», afirmó la AFEP.
En esa línea, los familiares destacaron que muchos de estos condenados vivieron décadas en impunidad, con penas bajas en relación con los delitos perpetrados, que incluyen más de 3.500 crímenes de lesa humanidad.
La AFEP señaló la complicidad histórica del Poder Judicial durante la dictadura, al desestimar recursos de amparo y negar justicia a las víctimas.
«Resulta particularmente indignante que el Poder Judicial, que durante los 17 años de dictadura civil-militar fue cómplice, desoyendo recursos de amparo y negando justicia, hoy se muestre preocupado y sensible ante los responsables», indicaron.
Recordaron, además, que las violaciones a los derechos humanos, como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y exilios, fueron sistemáticas y contaron con la participación de civiles que aún gozan de impunidad.
El proyecto de ley cuestionado (Boletín N° 17.370-17), presentado por senadores de derecha como Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel y Luz Ebensperger, propone la suspensión o cumplimiento alternativo de penas para adultos mayores, enfermos terminales y personas con discapacidad grave.
Aunque los autores niegan que busque impunidad, la AFEP lo considera una puerta a la liberación de criminales de lesa humanidad. Los senadores argumentaron que muchos condenados eran jóvenes conscriptos o suboficiales sin poder de decisión, y que merecen cumplir penas en reclusión domiciliaria por su estado de salud.
El 30 de junio, la Segunda Sala de la Corte Suprema ordenó el arresto domiciliario total con control telemático para cinco exmiembros de la Armada condenados por secuestros y torturas entre 1973 y 1975, citando su avanzada edad.
Organizaciones como Londres 38, centro de memoria histórica y una corporación de derecho privado, criticaron esta decisión como un factor de impunidad, al aplicarse sin escuchar a las víctimas y contraviniendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La AFEP subrayó que, a más de 50 años del golpe de Estado, Chile aún no esclarece el destino de 1.100 detenidos desaparecidos, y las condenas dictadas han sido tardías y poco proporcionales.
«Las actuales iniciativas legislativas y judiciales atentan contra la garantía de no repetición y envían una señal de incivilidad, bajo un falso manto de humanidad que encubre impunidad», afirmaron. Concluyeron que «la memoria, la verdad y la justicia no son negociables», reafirmando su oposición a cualquier beneficio para los responsables de crímenes de lesa humanidad.
