A dos años del inicio de la gestión del presidente Daniel Noboa, cuya promesa central fue la seguridad, Ecuador enfrenta una crisis de violencia sin precedentes. Desde el 23 de noviembre de 2023 hasta el 31 de octubre del año en curso, el país registró 15.561 asesinatos, con un promedio de 22 homicidios diarios.
La militarización y los estados de excepción, incluyendo la declaratoria de «conflicto armado interno» de enero de 2024, no han logrado revertir la tendencia. En mayo de 2025 se vivió el mes más violento de la historia con 934 muertes. Las proyecciones indican que 2025 podría cerrar con más de 9.000 homicidios, lo cual representaría la cifra más alta registrada.
Expertos señalan que el aumento se debe a la presión de carteles internacionales, la corrupción estatal y el desempleo, que fortalece al crimen organizado. Además, la pobreza, la desigualdad y un sistema judicial comprometido con el narcotráfico actúan como factores estructurales que alimentan la violencia.
En el ámbito económico, para financiar la agenda de seguridad, el Gobierno elevó el impuesto al valor agregado (IVA) del 12 al 15 por ciento en abril de 2024, generando 1.319 millones de dólares adicionales. La eliminación del subsidio al diésel en septiembre de 2025 también incrementó los precios, desatando movilizaciones sociales.
Aunque el Producto Interno Bruto (PIB) muestra un ligero rebote del Productor Interno Bruto (PIB) para 2025, proyectado entre 3.4 y 3.8 por ciento, tras la recesión de 2024, esta recuperación no ha tenido un impacto estadísticamente significativo en la población, ya que la pobreza por ingresos se mantuvo en 24.0 por ciento en junio de.
Políticamente, Noboa logró su reelección, pero sufrió una derrota en la reciente consulta popular, donde el «No» ganó en las cuatro preguntas clave impulsadas por el mandatario, en una jornada que se caracterizó por la alta participación ciudadana.
Paralelamente, se mantienen masacres carcelaria permanentes. El pasado 20 de noviembre, las organizaciones sociales y de derechos humanos de Ecuador emitieron un comunicado en el que denuncian la situación que se vive en la Penitenciaría del Litoral, también conocida como CPL Guayas N.º 1.
En el documento, las organizaciones alertan sobre una escalada de violencia en el centro penitenciario, calificándola como una «violencia letal sistemática y en aumento» o un «exterminio progresivo y constante». Esta crisis, que se inició en marzo de 2024, lejos de ser resuelta, ha experimentado un agravamiento sostenido a lo largo del año 2025.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) ha reportado 590 muertes este año. La mayoría de los fallecimientos son atribuidos a desnutrición, falta de agua y enfermedades no tratadas.
Según el pronunciamiento, el Estado ha permitido la continuidad de un sistema que vulnera derechos básicos y expone a las personas privadas de libertad a un sufrimiento evitable.
Los analistas concluyen que, si bien se han capturado 31 cabecillas y decomisado 513 toneladas de droga, se requieren políticas sociales profundas, reformas judiciales y lucha anticorrupción para enfrentar las causas estructurales de la violencia a largo plazo.
