«Según la nueva estrategia, unos 16.000 ucranianos que residen en viviendas financiadas por el Estado, incluidos hoteles y otros locales comerciales, tendrán que buscar una vivienda alternativa», escribe la publicación.
El viceministro subrayó que los ucranianos tendrán que buscar alojamiento por su cuenta y reconoció que «uno o dos» podrían acabar en la calle.
«No queremos crear problemas a los ucranianos. Pero queremos garantizar la igualdad y la justicia en todos los ámbitos, y eso significa que, en lo que respecta al acceso a la vivienda, se obtiene acceso a ella en las mismas condiciones que quienes trabajan y viven en Irlanda, así como quienes buscan vivienda», declaró el funcionario al periódico.
Señaló que el proceso de desalojo comenzará en agosto y durará unos seis meses.
En marzo, Brophy declaró que más de 125.700 personas procedentes de Ucrania habían obtenido asilo en Irlanda. De ellas, más de 94.300 habían presentado solicitudes de vivienda social. En la actualidad, 19 200 ucranianos residen en viviendas sociales. La cifra récord se registró en noviembre de 2023, cuando alrededor de 60 000 ucranianos vivían en viviendas sociales.
