La Confederación de Choferes de Bolivia anunció, este miércoles, la suspensión de sus movilizaciones nacionales tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno encabezado por el presidente Rodrigo Paz.
El secretario ejecutivo de la organización sindical, Lucio Gómez, confirmó el cese de las medidas de presión luego de una reunión en la Casa Grande del Pueblo, donde el Ejecutivo se comprometió a garantizar el abastecimiento total de diésel y proveer gasolina con estándares de calidad óptimos.
El sector del autotransporte, que el martes protagonizó el bloqueo de las «mil esquinas» y movilizaciones interprovinciales, exige un flujo de combustible constante y sin filas en los surtidores. Gómez enfatizó que el mandatario aseguró una mejora inmediata en la distribución para evitar el uso de combustibles de baja calidad.
Los transportistas advirtieron que el incumplimiento de estos puntos durante la presente semana derivará en el retorno a las calles y la activación de un paro escalonado.
El acta suscrita contempla el resarcimiento de daños materiales para transportistas del servicio público y particulares afectados por la crisis de suministros. Una comisión técnica integrada por delegados de las federaciones departamentales, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y empresas aseguradoras gestionará los pagos correspondientes.
En materia de infraestructura, el Gobierno reconoció limitaciones presupuestarias para el mantenimiento de carreteras y presentó un plan de contingencia supeditado a la aprobación de recursos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La dirigencia sindical exhortó a los legisladores a priorizar este presupuesto y remarcó su rechazo absoluto a cualquier intento de privatización de la estatal petrolera YPFB.
La mesa de diálogo contó con la presencia del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora; el presidente de YPFB, Sebastián Daroca; y el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco. La incorporación directa del presidente Rodrigo Paz al encuentro fue señalada por los dirigentes como una garantía política para el cumplimiento de lo pactado.
El sector se mantiene en estado de alerta mientras las bases y los sindicatos interprovinciales evalúan los alcances del documento firmado en la sede de Gobierno.
