La justicia solo muerde a los descalzos.
La ultraderecha y el franquismo reciclado llevan décadas infiltrando los tribunales. No es una conspiración: es una estrategia. Y la clase trabajadora lo paga cada día.
«La justicia es como las serpientes: solo muerde a los descalzos.» — Eduardo Galeano
Hay verdades que se dicen en cuatro palabras y duelen más que cien discursos. Galeano, como siempre, fue al hueso. La justicia en el Estado español no es ciega. Tiene ojos muy buenos. Los tiene para mirar hacia arriba y apartar la vista. Los tiene para enfocar con precisión quirúrgica a quien no tiene corbata, bufete ni apellido compuesto.
No es una novedad. No es tampoco una casualidad. Es el resultado de décadas de ingeniería institucional, de un franquismo que nunca fue derrotado ni depurado, que murió en la cama y dejó herederos en todos los sillones que importan. En los juzgados. En el Tribunal Supremo. En el Tribunal Constitucional. En las fiscalías. En los consejos editoriales que deciden qué escándalo judicial merece portada y cuál se entierra en el sumario.
El pueblo lo sabe. No hace falta estudiar Derecho para entenderlo. Lo sabe el sindicalista condenado por piquete informativo mientras el empresario que no paga los salarios sigue en libertad. Lo sabe la familia desahuciada cuyo proceso duró semanas mientras el fondo buitre tenía abogados de guardia. Lo sabe el activista procesado por quemar una foto del Rey mientras los corruptos con traje de Armani prescriben una y otra vez. La justicia tiene clase. Y esa clase no es la trabajadora.
«El franquismo no dejó las togas al morir el dictador. Las limpió, las planchó y las pasó de generación en generación.»
La ultraderecha y el fascismo reciclado no han tomado la justicia por asalto. No han necesitado hacerlo. Llevan décadas dentro. El aparato judicial español es uno de los menos renovados de Europa. Sus cuadros se forman en oposiciones que reproducen una cultura jurídica conservadora, jerárquica, profundamente desconfiada de cualquier movimiento popular. Las asociaciones judiciales más poderosas tienen vínculos documentados con la derecha más rancia. Esto no es una teoría de la conspiración: está en los registros, en las votaciones del Consejo General del Poder Judicial, en los curricula de quienes lo componen.
Y mientras esto ocurre, la socialdemocracia, fiel a su costumbre, habla de reformas que no llegan, de consensos que no existen y de diálogos con quien no quiere dialogar sino vencer. Llenan los mítines de palabras como «regeneración democrática» y «Estado de derecho» mientras los mismos jueces que paralizaron leyes de memoria histórica, que procesaron a sindicalistas, que protegieron a banqueros, siguen en sus puestos. Siguen firmando sentencias. Siguen siendo intocables.
El problema no es solo político. Es estructural. Es la herencia directa de una transición que pactó el olvido, que convirtió la impunidad en precio de la democracia. Y ese precio lo seguimos pagando, no los de arriba —que nunca lo pagaron—, sino los de abajo. Siempre los de abajo.
«Un pueblo que no confía en sus jueces es un pueblo que ha aprendido a leer la realidad. No es cinismo: es lucidez.»
La desconfianza ciudadana en la justicia no es nihilismo ni ignorancia. Es memoria colectiva. Es saber que los escándalos de corrupción del PP prescribieron o se archivaron. Que a los banqueros que arruinaron familias enteras les pusieron penas de multa mientras podían pagárselas con el sueldo de una tarde.
Que la judicatura fue capaz de procesar a titiriteros, a raperos, a políticos de izquierda, pero tardó décadas en hacer sentar en el banquillo a un rey que cobraba comisiones en paraísos fiscales. Y cuando llegó, fue en condiciones negociadas, con garantías que ningún obrero tiene cuando entra en un juzgado.
Eso no es percepción. Eso es registro histórico.
Y luego viene la ultraderecha, con su desfachatez característica, a exigir más «mano dura» y más «independencia judicial». La misma ultraderecha que lleva años colocando a los suyos en los tribunales con el pretexto de la meritocracia. La misma que vociferea contra la «politización de la justicia» cuando el gobierno intenta cualquier reforma mínima, pero calla como muertos cuando las asociaciones judiciales conservadoras actúan como brazo político de la derecha en toga. La hipocresía no les pesa porque es parte del método.
No podemos permitirnos más ingenuidad. La clase trabajadora necesita una justicia que no le tenga miedo, que no le sea ajena, que no le resulte un mecanismo de dominación vestido con peluca. Eso no se consigue con buenas palabras ni con reformas cosméticas del CGPJ que dejan intactas las estructuras de fondo. Se consigue con voluntad política real, con depuración democrática de las instituciones, con transparencia radical y con leyes que pongan a los poderosos ante la misma justicia que persigue al trabajador que se retrasa tres meses en el alquiler.
Mientras eso no ocurra, la serpiente de Galeano seguirá haciendo lo que hace. Seguirá mordiéndoles los tobillos a los descalzos. Y los que llevan zapatos seguirán mirando desde arriba, con la sonrisa de quien sabe que las reglas las escribieron ellos.
No hay democracia plena donde la justicia es un privilegio de clase. No hay Estado de derecho donde la ley se aplica con distinta intensidad según el tamaño de la cuenta corriente. Hay que decirlo alto, sin eufemismos y sin miedo a que les moleste a quienes llevan demasiado tiempo sin ser molestados.
André Abeledo Fernández
