Cuando la política invade el deporte: el caso de Somalia, Irán y la vergüenza del Mundial
Nos dicen constantemente que el deporte debe permanecer al margen de la política. Nos repiten que el fútbol une a los pueblos, que las competiciones internacionales sirven para tender puentes entre culturas y que el juego limpio debe estar por encima de las diferencias ideológicas. Sin embargo, cuando observamos lo que está ocurriendo en el Mundial organizado por Estados Unidos, resulta imposible no preguntarse si algunos países están jugando el campeonato en igualdad de condiciones y si realmente se están respetando los principios más básicos del deporte.
El caso del árbitro somalí Omar Artan es especialmente escandaloso. Hablamos de uno de los mejores árbitros africanos, reconocido por la Confederación Africana de Fútbol como mejor árbitro del continente en 2025 y que estaba a punto de convertirse en el primer somalí en arbitrar un Mundial. Después de haber obtenido la documentación necesaria para viajar, fue retenido y finalmente expulsado de Estados Unidos por supuestas preocupaciones de seguridad que nunca han sido explicadas públicamente con claridad. Como consecuencia, fue excluido de la competición.
Lo que debía haber sido un momento histórico para Somalia terminó convirtiéndose en un incidente diplomático y deportivo que provocó indignación en numerosos sectores. A su regreso a Mogadiscio fue recibido por cientos de personas como un héroe nacional, símbolo de la dignidad de un pueblo que vio cómo uno de sus representantes era apartado de la competición más importante del mundo sin haber cometido ninguna falta deportiva.
Pero el problema no termina ahí. Las polémicas relacionadas con visados, desplazamientos y restricciones para determinados países están proyectando una sombra sobre un torneo que debería estar presidido por la igualdad de trato para todos sus participantes. Cuando un país organiza una competición internacional tiene la obligación moral y deportiva de garantizar que jugadores, árbitros, técnicos, periodistas y aficionados puedan participar en condiciones justas y sin discriminaciones derivadas de conflictos políticos.
Porque el deporte internacional no puede convertirse en una extensión de la política exterior de ninguna potencia. Si un país decide quién entra y quién no entra en función de criterios políticos, ideológicos o geopolíticos, el principio de igualdad competitiva queda seriamente dañado.
La cuestión de fondo es sencilla. Un Mundial no pertenece al país anfitrión. Pertenece al fútbol mundial. Pertenece a los pueblos que participan en él. Por eso resulta legítimo preguntarse si un Estado que genera constantes controversias relacionadas con visados, restricciones de entrada o limitaciones para participantes y aficionados reúne las condiciones adecuadas para albergar acontecimientos que aspiran a representar a toda la humanidad.
Lo ocurrido con Omar Artan debería servir como advertencia. No estamos hablando únicamente de un árbitro. Estamos hablando del derecho de cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, a participar en una competición internacional en igualdad de condiciones.
El fútbol debería unir a los pueblos. Debería derribar fronteras, no levantarlas. Y cuando las decisiones políticas terminan condicionando quién puede arbitrar, quién puede jugar o quién puede asistir a un partido, el problema ya no es deportivo. El problema es que el espíritu mismo del deporte está siendo puesto en cuestión.
Quizá haya llegado el momento de abrir un debate serio dentro de las organizaciones deportivas internacionales. Si queremos competiciones verdaderamente universales, tal vez debamos exigir a los países organizadores garantías reales de acceso, igualdad de trato y neutralidad. Porque un Mundial no puede convertirse en un privilegio reservado a quienes resultan políticamente aceptables para el gobierno anfitrión.
El deporte internacional debe pertenecer a todos o dejará de ser verdaderamente internacional.
André Abeledo Fernández
