Tatiana Delgado (Unidad y Lucha).— Tanto los que están pactando la prioridad nazional como los que han decretado la regularización extraordinaria de personas migrantes son los responsables de que parte de la clase obrera migrante en el estado español sufra unas condiciones de esclavitud en los trabajos a los que pueden acceder y a una ilegalidad vital impuesta por la racista ley de extranjería.
La regularización del gobierno socialdemócrata se da después de que multitud de colectivos lanzarán una exitosa campaña de recogida de firmas que superó ampliamente las 500 mil necesarias y que después de admitirla a trámite en el congreso ha dormido una largo sueño en algún cajón burocrático.
Con unos cambios significativos y que dificultan en la práctica la regularización como la inclusión del certificado de vulnerabilidad, como si ser considerado ilegal no fuera en si mismo ser vulnerable, o el de no tener antecedentes penales también reforzando el vínculo migración y criminalidad y asumiendo una política carcelaria de las relaciones sociales.
La ley de extranjería y toda la política migratoria ha estado al servicio de los patrones debemos analizar analizar como durante años, el capital ha encontrado en la irregularidad administrativa una herramienta perfecta para segmentar a la clase trabajadora: una parte con más derechos formales y otra condenada al miedo, al chantaje y a la sobreexplotación. Esa fractura no es accidental. Sirve para presionar a la baja los salarios, debilitar la capacidad de organización colectiva y convertir la amenaza de la deportación, del expediente o de la invisibilidad legal en un mecanismo disciplinario al servicio de la patronal. La regularización no es caridad institucional sino una conquista por la que se ha luchado contra una estructura que ha normalizado que cientos de miles de personas trabajen, cuiden y produzcan riqueza sin reconocimiento pleno de derechos y que sostienen materialmente nuestras sociedad.
Los datos del propio proceso muestran la magnitud de esta realidad. En la primera semana se registraron más de 130.000 solicitudes según la secretaria de Estado de Migraciones y con una previsión que afectaría a de alrededor de 500.000 personas beneficiarias. Estas cifras desmontan el discurso reaccionario del “efecto llamada”: no hablan de una llegada repentina, sino de una población que ya vive aquí, que ya forma parte del país y que ya sostiene una parte esencial de su economía.
Este debate también exige una mirada feminista. Una parte decisiva de la población migrante irregular sostiene trabajos profundamente feminizados y sistemáticamente infravalorados, especialmente el empleo doméstico y de cuidados. Son miles de mujeres las que limpian, cocinan, cuidan a la infancia, acompañan a personas mayores o dependientes y permiten, con su trabajo invisible, que el resto de la economía funcione. Sin embargo, ese trabajo indispensable se organiza básicamente sobre la base de la desprotección, la dependencia y el abuso. La regularización podría tener un impacto especialmente importante para las mujeres migrantes porque puede facilitar acceso al empleo formal, protección social, mayor autonomía económica y más capacidad para salir de situaciones de violencia o explotación.
Desde una política feminista de clase, esto es central: no hay emancipación real mientras se siga descansando sobre una división sexual, racial y migratoria del trabajo que coloca a unas mujeres al servicio precario de la reproducción de la vida de otras capas sociales. La regularización, en sí misma no va a solucionar este problema en el marco de la estructura capitalista pero sí golpea uno de sus pilares: la producción de mano de obra femenina migrante sin derechos.
Por eso mismo, la exclusión de las personas apátridas en trámite, en su mayoría saharauis, no es un detalle técnico: es una injusticia política de primer orden, se ha señalado que los borradores iniciales sí contemplaban a este colectivo y que su salida del texto final fue una decisión política del PSOE y Sumar que todo lo fían a la iniciativa legislativa que propone darle la nacionalidad a los nacido en el Sáhara antes sede 1976 y sus descendientes, denunciada por asociaciones prosaharauis, porque las personas saharauis concentraron en 2024 el 71% de las solicitudes de reconocimiento del estatuto de apátrida, camino está atravesado por demoras, indefensión y obstáculos. Y que generalmente no acaba en reconocimiento de derechos. Desde nuestra posición internacionalista y solidaria no puede aceptarse una regularización que deje fuera a un pueblo históricamente despojado, empujado al limbo administrativo y convertido una vez más en moneda de cambio geopolítica y al servicio del gran Marruecos.
La defensa de los derechos migrantes solo es coherente si incluye también la denuncia del racismo institucional y de la subordinación del Estado español a intereses cada más reaccionarios de la UE.
La regularización extraordinaria significa defender una ampliación concreta de derechos para la parte más golpeada de la clase trabajadora. Significa oponerse a un modelo económico que necesita precariedad para funcionar. Significa reconocer que sin trabajadoras migrantes no se sostienen los cuidados, los hogares, la agricultura, la hostelería, el pequeño comercio y múltiples sectores invisibilizados. Pero esto no es cuestión de utilitarismo , de darles papeles porque los necesitamos, suponemos que este es el Leiv motiv del gobierno sino debe una conformar una política verdaderamente democrática e igualitaria que no debe dividir entre migrantes útiles y migrantes descartables. Si la regularización quiere estar a la altura de lo que promete, debe ampliarse, consolidarse como método de vinculación en cuanto se llegue a territorio español y blindarse frente a la ofensiva reaccionaria y corregir de inmediato exclusiones como la de las y los saharauis. Solo así dejará de ser una medida parcial para convertirse en una verdadera afirmación de derechos, justicia social y dignidad para quienes llevan demasiado tiempo sosteniendo la vida desde la sombra . Papeles para todas, de aquí o de fuera la misma clase obrera.
