Café para todos, pan para casi nadie.
Camaradas,
Hay que decirlo claro y sin anestesia: las ayudas en este país son, en demasiados casos, insuficientes y están lejos de responder a las necesidades reales de buena parte de la clase trabajadora. El problema no es que sobren ayudas para quienes las necesitan. El problema es que faltan recursos, existen barreras administrativas y, demasiadas veces, el sistema termina gestionando la pobreza en lugar de combatir las causas que la producen.
Es como servir café en un bar de carretera: uno para cada mesa, independientemente de quién tenga hambre y de quién pueda pagarse la comida.
El diputado que cobra sin necesitarlo y el trabajador que necesita sin cobrar
Y aquí aparece una de las contradicciones más evidentes de esta España de doble vara de medir: resulta difícil aceptar que personas con ingresos elevados puedan beneficiarse de determinadas ayudas o ventajas fiscales mientras trabajadores y familias en situación de verdadera necesidad encuentran enormes dificultades para acceder a prestaciones suficientes para vivir con dignidad.
No se trata de señalar a una persona concreta por recibir una ayuda a la que legalmente tenga derecho. El problema es el diseño de un sistema que puede distribuir recursos de manera poco relacionada con la necesidad económica real.
Porque, mientras unos pueden discutir sobre deducciones, complementos o beneficios fiscales desde una posición económica desahogada, otros tienen que decidir qué factura dejan sin pagar para poder llenar la nevera.
Eso no es una anécdota. Es el resultado de un modelo que, demasiadas veces, administra la pobreza en lugar de garantizar unas condiciones materiales dignas para toda la clase trabajadora.
El bulo del inmigrante privilegiado.
Y entonces aparece uno de los discursos más peligrosos: el del supuesto «inmigrante que vive de las ayudas».
Quienes vivimos en el mundo real sabemos que esa imagen no se corresponde con la realidad de millones de personas migrantes que trabajan, cuidan, limpian, recogen fruta, construyen, reparten pedidos o sostienen sectores enteros de nuestra economía.
Y sabemos también que una persona migrante en situación administrativa irregular se encuentra en una posición especialmente vulnerable. No dispone de autorización para trabajar legalmente y tiene enormes dificultades para acceder a numerosas prestaciones económicas y derechos vinculados a la residencia regularizada.
Eso no significa que carezca absolutamente de derechos. Los tiene, y algunos servicios públicos pueden estar a su alcance en determinadas circunstancias. Pero comparar su situación con la de una persona con residencia regular y autorización para trabajar es sencillamente absurdo.
Trabaja porque tiene que comer.
Aquí está una de las grandes contradicciones.
Una persona puede encontrarse sin autorización para trabajar legalmente y, al mismo tiempo, necesitar trabajar para comer, pagar una habitación o enviar dinero a su familia.
¿Desaparece entonces el trabajo. No.
El trabajo aparece, pero muchas veces lo hace en la economía sumergida.
Sin contrato. Sin cotizaciones. Sin garantías laborales. Con salarios inferiores a los establecidos legalmente. Con miedo a reclamar. Con miedo a perder el empleo. Y, en los casos más graves, sometido a auténticas situaciones de explotación.
La persona migrante no crea esa situación porque quiera vivir al margen de la legalidad. Muchas veces se encuentra atrapada en ella porque necesita sobrevivir.
Y ahí aparece el verdadero beneficiario de la irregularidad: el explotador.
¿Quién gana con la economía sumergida?.
Esta pregunta debería hacerse mucho más a menudo.
¿Quién se beneficia de poder pagar menos que el salario legal? ¿Quién se ahorra cotizaciones? ¿Quién evita derechos laborales? ¿Quién puede despedir o dejar de pagar con mayor facilidad? ¿Quién compite bajando costes laborales a costa de la dignidad de los trabajadores?.
No es el trabajador migrante. El trabajador migrante es, precisamente, quien se encuentra en una posición más débil.
La economía sumergida puede convertirse en un mecanismo de transferencia de riqueza desde abajo hacia arriba: se aprovecha la necesidad de quien tiene menos capacidad para defenderse y se transforma esa vulnerabilidad en beneficio empresarial.
Y existe, además, otra víctima: el empresario que cumple la ley.
Quien contrata legalmente, paga salarios conforme al convenio, cotiza a la Seguridad Social, respeta las jornadas y cumple el Estatuto de los Trabajadores tiene que competir con quien reduce artificialmente sus costes recurriendo a mano de obra irregular. Eso es competencia desleal.
Por tanto, combatir la economía sumergida no significa perseguir al trabajador que se encuentra en una situación de necesidad. Significa perseguir a quienes se enriquecen aprovechándose de esa necesidad.
La regularización también es una cuestión laboral.
Por eso, facilitar vías reales y eficaces para regularizar la situación administrativa de las personas que ya viven y trabajan en España no debería plantearse únicamente como una cuestión migratoria. También es una cuestión laboral.
Una persona que puede trabajar legalmente puede tener contrato, cotizar, reclamar sus derechos, contribuir a la Seguridad Social y exigir el cumplimiento del convenio colectivo.
Una persona obligada a permanecer en la irregularidad tiene muchas más posibilidades de terminar en manos de quien le ofrece trabajo sin contrato y le dice: «Si no te interesa, tengo otros diez esperando».
Ahí es donde la irregularidad se convierte en una herramienta de explotación.
Y cuando eso ocurre, pierde el trabajador migrante, pierde el trabajador autóctono y pierde también el empresario que cumple la ley.
El verdadero enemigo no es el trabajador migrante. Por eso resulta tan absurdo enfrentar al trabajador autóctono con el trabajador migrante.
El trabajador que ha nacido aquí y el que ha llegado de otro país pueden tener diferentes historias, idiomas o culturas, pero cuando llegan a una empresa y venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario ocupan la misma posición dentro de la relación laboral.
Uno puede ser gallego y otro senegalés. Uno puede haber nacido en Ferrol y otro en Lima. Uno puede tener veinte años y otro cincuenta. Pero, si ambos trabajan por un salario, ambos forman parte de la clase trabajadora.
El problema no es que uno le quite el trabajo al otro. El problema aparece cuando alguien utiliza la necesidad de uno para rebajar las condiciones laborales de todos.
Por eso, la respuesta no puede ser enfrentar a trabajadores contra trabajadores. Tiene que ser exactamente la contraria: igualdad de derechos, empleo legal, salarios dignos, cumplimiento de los convenios, persecución de la explotación laboral y vías eficaces de regularización para quienes ya forman parte de nuestra sociedad.
Café para todos, pan para casi nadie.
Nos han enseñado a discutir entre nosotros mientras otros hacen caja.
Nos dicen que el problema es el inmigrante que recibe una ayuda. Nos dicen que el problema es el trabajador que cobra demasiado. Nos dicen que el problema es quien recibe una prestación. Nos dicen que el problema es quien viene de fuera.
Mientras tanto, hablamos cada vez menos de los salarios que no llegan, de los alquileres imposibles, de la precariedad, de los beneficios empresariales, de la economía sumergida y de quienes se enriquecen aprovechándose de la necesidad ajena.
El trabajador migrante no es el enemigo del trabajador autóctono. El trabajador desempleado no es el enemigo del trabajador ocupado. Y quien recibe una ayuda porque la necesita tampoco es el enemigo de quien trabaja.
El enemigo es un sistema que consigue que los de abajo se peleen por las migajas mientras quienes concentran la riqueza siguen acumulando poder.
Café para todos, pan para casi nadie.
Y, mientras discutimos quién se ha tomado el café, hay quienes siguen quedándose con el pan.
Até á vitoria sempre!
André Abeledo Fernández
