El desalojo es parte de la barbarie capitalista

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Dentro del capitalismo, por sus propias leyes (no importa lo que recojan las Constituciones), la ganancia capitalista está por encima de cualquier consideración social, humana o humanitaria.

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Andrés Piqueras.— El capitalismo realiza la explotación extensiva a través de tres procedimientos: a) por aumento de la duración de la jornada de trabajo; b) por el incremento de la intensidad del trabajo sin elevación equivalente del salario; c) por la reducción del fondo de consumo del trabajador/a mediante la subida del precio de las mercancías que tiene que consumir, lo cual significa que los capitalistas “recuperan” cada vez más parte del salario que pagan a la clase trabajadora, o lo que es lo mismo, incrementan la explotación y sustracción salarial de la fuerza de trabajo hasta el punto de impedir que pueda subsistir por sí misma.

 

Esto forma parte de la sobrexplotación, que se da cuando el salario no cubre la reproducción de la fuerza de trabajo, o dicho de otra manera, cuando el salario no da para satisfacer sus necesidades mínimas.

Vamos a ejemplificar esto hoy mediante algunas referencias de los precios de la vivienda, dado que acabamos de asistir al desahucio de una persona de 87 años, inválida. Y es que el capital cada vez se descara más, y dada la permanente caída de la tasa de ganancia productiva, busca más y más el beneficio, entre otros procedimientos, apropiándose de la riqueza colectiva. Para ello debe quedar palmariamente claro que su ganancia está por encima de cualquier derecho social recogido en la Constitución. O dicho de nuevo de otra manera, el incumplimiento de esos derechos no lleva pena alguna para la clase capitalista.

Precios de vivienda y esfuerzo de compra (años de salario)

País / área Indicador Lectura
EE. UU. Índice precio‑ingresos ≈127 (2025, base 100=2015) Vivienda claramente menos asequible que en 2015
UE‑27 Ratio precio‑ingresos por encima de la media histórica en 2020‑22 Burbuja de esfuerzo, ligera corrección reciente
España Índice precio‑ingresos ≈125 (2025, base 2015) Fuerte deterioro de la asequibilidad desde 2015

Europa / España (Eurostat, OCDE)

Eurostat muestra que el price‑to‑income ratio en la UE‑27 se sitúa por encima de 100 (es decir, por encima de su media histórica) en 2020‑2022; en el Reino de España el indicador supera también la media histórica, reflejando que los precios han crecido más rápido que la renta disponible.

  • La OCDE estima para 2025:
    • EE. UU.: índice ≈126,9
    • España: ≈124,9
    • Portugal: ≈166,7 (caso extremo) Un índice más alto implica más años de ingresos necesarios (o una carga hipotecaria más pesada) para comprar una vivienda típica.

Lectura en “años de trabajo”

No hay un único número oficial de “años de salario”, pero el mensaje del índice es claro:

  • Si tomamos un índice 125 frente a 100 en 2015, significa que, a igualdad de condiciones, hoy necesitas aproximadamente un 25 % más de ingreso acumulado para comprar la misma vivienda que en 2015 (ya no hablamos con respecto a los años 80 del siglo XX).
  • En mercados como Portugal o algunas ciudades de EE. UU., el salto es del 50‑60%, lo que deja la compra fuera del alcance de los salarios medios.

Alquileres por encima de las posibilidades (especialmente de la juventud)

Área % ingreso destinado a vivienda Nota sobre jóvenes / sobrecarga
UE (media) 19,7 % del ingreso disponible en vivienda (2023) Jóvenes sobrerrepresentados entre quienes destinan ≥40 %
España (alquiler) 43 % del salario bruto al alquiler en 2023 (media) Muy por encima del 30 % recomendado
Grecia (ejemplo UE) 28,5 % de hogares con sobrecarga (>40 % de renta en vivienda) Caso extremo de ahogo habitacional

En la UE, en 2023 los hogares gastan de media 19,7 % de su renta disponible en vivienda.  Una parte significativa de quienes gastan ≥40 % de su renta en vivienda son jóvenes; además, el 26 % de jóvenes vive en viviendas sobreocupadas.

Informes de FEANTSA hablan de “independencia interrumpida”: la edad de emancipación sube donde el parque de vivienda asequible es escaso o el acceso a ella es muy difícil.

Si se necesita el 40‑60 % del salario para pagar un alquiler, la emancipación se retrasa, la formación de familias se aplaza, la movilidad se reduce.

Eso no es solo un problema individual: afecta a la demografía, al mercado laboral, a la política (una generación que vive más tiempo en casa de sus padres, con menos patrimonio propio, se relaciona distinto con el Estado y el mercado). Afecta también, y esto debería de verdad preocuparnos, a la “maduración social” y al consiguiente relevo generacional.

Reino de España

Según estudios Fotocasa‑InfoJobs:

  • 2019: ≈38 % del salario bruto destinado al alquiler.
  • 2023: 43 %, máximo de los últimos cinco años.
  • En Baleares y Madrid se supera el 60 % del salario bruto para alquilar 80m², el doble de lo recomendado (30 %).

Esto significa que incluso hogares con empleo estable están en niveles de esfuerzo considerados “perjudiciales” por organismos europeos.

¿Qué significa todo ello para la desigualdad y la pobreza “real”?

Empobrecimiento efectivo aunque el ingreso no indique “pobreza oficial”

  • Cuando un hogar destina ≥40 % de su renta a vivienda, la propia Eurostat habla de sobrecarga de coste: para mantener el techo se recorta en alimentación, salud, ocio y ahorro.
  • Eso genera una pobreza “real” que no siempre aparece en las estadísticas de pobreza medida monetariamente: gente que no es pobre según el umbral oficial, pero vive sin margen, sin capacidad de ahorro ni aguante ante adversidades.

Todo lo cual suele acabar en una tan vertiginosa como vergonzosa escalada de desahucios.

Fijémonos en la progresión de desahucios en Estados Unidos (según Eviction Lab):

  • 2020‑2021: < 600.000 al año
  • 2022: ≈ 989.000 casos
  • 2023: ≈1.115.000 casos, por encima de niveles “normales” pre‑COVID en muchas ciudades

En el Reino de España el CGPJ publica los “lanzamientos” (desahucios) en la serie Efectos de la crisis en los órganos judiciales. El dato más reciente indica que en el primer trimestre de 2026 hubo 4.005 lanzamientos totales (2.600 por impago de alquiler, 971 por ejecución hipotecaria).`

Pero esta es la secuencia de los últimos años:

2023

  • Total desahucios: 26.659
  • Por alquiler (LAU): 19.676
  • Por ejecución hipotecaria: 5.260
  • Resto: 1.723
  • Comunidad con más desahucios: Cataluña (7.148)

2024

  • Total desahucios: 27.564 (↑ 3,4 % respecto a 2023)
  • Por alquiler (LAU): 20.558 (74,6 %)
  • Por ejecución hipotecaria: 5.073 (18,4 %)
  • Resto: 1.933
  • Comunidad con más desahucios: Cataluña (7.381)

2025

  • Total desahucios: 25.540 (↓ 11 % respecto a 2024)
  • Por alquiler (LAU): 18.317 (71,7 %)
  • Por ejecución hipotecaria: 4.346 (17 %)
  • Resto: 1.877
  • Comunidad con más desahucios: Cataluña (6.814)

Tenemos a Cataluña en primera posición en cifras absolutas (seguida de Andalucía, País Valencià y Madrid), y si miramos en proporción a los habitantes suele ser también la campeona, pero en lo que va de 2026 es el País Valencià el que gana este dudoso premio.

                        1er Trimestre de 2026

Ranking Comunidad Tasa (por 100.000 habitantes)
1 País Valencià 13,7
2 Murcia 12,5
3 Cataluña 11,3

Para 2025 el total anual en el Reino de España es de 25.540 lanzamientos (desahucios). Lo que significa una media diaria de 70. ¡70 al día! Pero bueno, han llegado a ser más de 100.

Hoy es difícil comparar políticamente la expulsión de la fuerza de trabajo de la vivienda entre Comunidades gobernadas por el PP o por el PSOE, porque casi todas han caído bajo los gobiernos neofranquistas de PP-Vox, pero por lo visto en Cataluña y en el conjunto de la UE, la lectura que podemos hacer de todo ello es que el color de quien gobierne (derecha o izquierda del Sistema) no se antepone a las exigencias de beneficio del capital.

Lo que sí muestran los hechos es que las cada vez más proto-fascistizadas derechas del Sistema (PP, Vox, Junts, UPN) han votado repetidamente contra moratorias antidesahucios y a favor de agilizar desalojos.

Por su parte, las pánfilas izquierdas del Sistema (Sumar, Podemos, ERC…) se mueven entre “impulsar” moratorias, topes de alquiler y límites a fondos buitre, y a la hora de la verdad quedarse mirando al infinito -eso sí, sin dejar de colaborar o, en su caso, formar parte del mismo gobierno- cuando el PSOE (fuerza que hace de bisagra entre las derechas y las izquierdas del Sistema, y que tiene “actitudes” para todos los gustos -pero siempre con los intereses del capital por encima de todo-) se abstiene en votaciones clave.

Así que la impúdica expulsión cada año de decenas de miles de familias sin recursos, condenadas a la miseria más absoluta, continua su marcha imparable, bajo los cantos de lamentación -eso sí- de la izquierda “progre” (integrada) que dice querer combatir todo eso (¿!) estando o habiendo estado en el mismo Gobierno que lo consiente.

Esta semana esta brutal expresión de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, su expulsión habitacional o cancelación del “derecho a la vivienda”, ha sido groseramente ejemplificada con el desahucio de Maricarmen (a quien prácticamente nadie ha querido poner apellido, parece ser -¿por ser el de Abascal?-). 87 años, luchadora aun postrada en silla de ruedas.

La ancianidad y lo que ellos mismos llaman “vulnerabilidad” de la población afectada (muchas madres solas con hijos han sido también desalojadas o familias con menores sin ninguna residencia a la que ir, condenadas a vivir en la calle), les importa lo mismo que si un pimiento se marchita en la mata (o quizás menos, según especulaciones).

 ¿Tendrá esto algo que ver con los suicidios que año tras año se empeñan en mostrar su elevada realidad en el Reino de España?

 Según datos provisionales del Ministerio de Sanidad y del INE las muertes por suicidio en 2025 fueron 3.808. Una tasa de 7,71 suicidios por cada 100.000 habitantes. Unos 10,4 al día. 150,7 suicidios diarios en la UE.

En cualquier caso, lo que nos debe quedar más que claro es que los derechos sociales le provocan una gran carcajada a la clase capitalista y a sus políticos.

Contraste

Sólo para tener referencias con las que contrastar, vamos a dar cuatro.

En China más del 70% de los/las jóvenes vive en vivienda en propiedad. Allí el suelo es público, hay una construcción masiva y una amplia oferta, con vivienda asequible y renta pública, así como millones de unidades planificadas en cada Plan Quinquenal, pues según dice su presidente Xi Jinping, “las viviendas son para vivir, no para especular”.

En la Corea no ocupada por Estados Unidos la vivienda está asignada por el Estado, no existe mercado inmobiliario “libre” (esto es, para que los grandes propietarios se forren). Las viviendas se distribuyen según empleo o contribución social y ubicación estratégica, entre otras condiciones.

En Cuba, antes del actual genocidio en curso por parte de Estados Unidos, dejando al país sin energía alguna (precisamente para acabar con su ejemplo), la propiedad de la vivienda fue casi universal y gratuita como parte del modelo revolucionario. Durante décadas, Cuba mantuvo uno de los sistemas más peculiares del mundo: la mayoría de las familias eran propietarias de sus viviendas.

La propiedad se obtenía por:

  • Asignación estatal (trabajadores/as de sectores estratégicos, médicos/as, maestros/as, militares…).
  • Herencia familiar.
  • Esfuerzo propio (autoconstrucción con materiales subsidiados).

No existía un mercado inmobiliario formal: las casas no se podían vender sin más.

La autoconstrucción fue la vía principal. Hasta 2011–2013, la mayor parte de las viviendas nuevas se construían por microbrigadas (grupos de trabajadores/as organizados/as por el Estado) o por el esfuerzo propio: las familias construían o ampliaban sus casas con materiales subsidiados, créditos blandos y apoyo técnico estatal. Era un sistema de vivienda con muy alta aceptación social.

Y hasta en la Libia de Gadafi (esa misma a la que contribuyó a destruir y barbarizar -también para acabar con su proceso social- el Jefe del Estado Mayor de la Defensa -JEMAD- Julio Rodríguez, luego en las listas electorales de Podemos) el Estado también proporcionaba vivienda a las nuevas parejas, y de hecho este fue uno de los pilares del modelo social libio entre los años 1970 y 2011, antes de la barbarie de la OTAN y el asesinato de su líder.

La vivienda fue un derecho garantizado por el Estado. La Ley de la Vivienda Popular y el Libro Verde establecían que nadie debía pagar alquiler (el alquiler se consideraba explotación); el Estado debía proporcionar vivienda gratuita a cada familia; las nuevas parejas tenían derecho a una vivienda asignada, o bien a un subsidio estatal para construirla, o, en su caso, un crédito sin intereses. Así es, sin intereses.

Conclusión que debería ser evidente para cualquier luchadora o luchador social hoy, aquí, por la vivienda

La lucha popular táctica por el derecho a la vivienda sólo tendrá alguna posibilidad de verse compensada en las grandes dimensiones y con continuidad generacional si es acompañada por la lucha estratégica de superar el capitalismo.

Dentro del capitalismo, por sus propias leyes (no importa lo que recojan las Constituciones), la ganancia capitalista está por encima de cualquier consideración social, humana o humanitaria.

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