En un significativo revés para el Gobierno de Javier Milei, el juez laboral Herman Mendel hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan en Argentina y ordenó la suspensión inmediata de los sumarios administrativos abiertos contra trabajadores que participaron en protestas gremiales.
La investigación, que buscaba el desafuero de representantes sindicales para poder despedirlos cuando el proceso recién comenzaba, fue calificada por el magistrado como un “obstáculo” para la libertad sindical y un “antecedente claramente orientado a disciplinar a otros trabajadores”.
El conflicto se originó en octubre pasado cuando empleados del hospital de pediatría reclamaban tras descuentos salariales significativos aplicados por días de paro. La respuesta de las autoridades fue la apertura de 40 sumarios, doce de los cuales apuntaban a delegados y trabajadores con protección gremial.
La situación se agravó cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció públicamente en sus redes sociales los pedidos de desafuero y las sanciones antes de que los trabajadores siquiera hubieran sido notificados formalmente para ejercer su derecho a defensa, lo que para los gremios evidenció el carácter político de la medida.
Al conceder la cautelar solicitada por APyT, el juez Mendel no solo suspendió el trámite de las actuaciones administrativas sino que dispuso que sean asumidas por el propio juzgado, apartando a las autoridades del hospital cuya imparcialidad quedó en duda.
En su resolución, el magistrado sostuvo que se puede presumir la existencia de “persecución y hostigamiento”, y advirtió que los anuncios públicos de funcionarios nacionales implican una amenaza para la continuidad de las funciones sindicales y un mensaje intimidatorio dirigido a los trabajadores.
El juez admitió que es verosímil el planteo trabajadores/as nucleados en APyT que señalaron “una suerte de persecución u hostigamiento a los representantes y activistas sindicales involucrados” que se confirmaría con “el adelantamiento extraoficial de la conclusión que recaerá en aquellas actuaciones” que “implicaría un obstáculo actual, para dichos representantes y activistas, en cuanto al desarrollo de las actividades que hacen al ejercicio de la libertad sindical (tanto en su plano individual como colectivo)” y hacia adelante sería “un peligroso antecedente claramente orientado a disciplinar a otros trabajadores (actuales o futuros) de la demandada, todo ello en clara violación del derecho de libertad sindical, derecho de indudable raigambre constitucional”.
