Víctimas de una farsa judicial desde 2022, son el blanco de un régimen acorralado que recurre a los métodos más brutales para silenciarlos o enviarlos a morir al frente. Hace cuatro años que los hermanos Kononovitch, militantes comunistas ucranianos, se encuentran bajo arresto domiciliario con pulsera electrónica a la espera de un juicio.
Incapaz de dictar sentencia en un caso totalmente vacío, el régimen de Kiev alarga el proceso cambiando de jueces en tres ocasiones. Hoy, este régimen se encuentra prisionero de su propia maquinación.
Hoy, la estrategia cambia. El régimen, en un intento por legitimarse ante la proximidad de las elecciones, ha pasado a la ofensiva. El 26 de febrero, Alexander Kononovitch fue secuestrado por agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) frente al palacio de justicia, ante la mirada cómplice de la justicia. Aunque fue liberado bajo presión, este intento de intimidación no fue más que un aplazamiento.
Desde entonces, la situación se ha vuelto crítica. Debido al secuestro orquestado por el SBU, los hermanos Kononovich no pudieron asistir a la vista en la que se iba a prorrogar su arresto domiciliario. Por consiguiente, desde el 16 de marzo se encuentran en un vacío legal total. Sus brazaletes GPS, que constituyen su única protección al vincularlos oficialmente al Estado, no han sido prorrogados oficialmente. Privados de esta vigilancia electrónica, pasarían a ser invisibles a los ojos de la ley y, por lo tanto, quedarían a merced de sus verdugos neonazis sin ningún tipo de protección. A finales de 2025, el régimen de Kiev intentó una estratagema digna de un Estado mafioso y corrupto.
El SBU se había puesto en contacto con los hermanos para proponerles un «trato» envenenado: su seguridad y una compensación económica a cambio de su participación en las elecciones, con el fin de blanquear al régimen.
Si se negaban, les amenazaban con quitarles las pulseras de rastreo sin juicio alguno y hacerlos desaparecer. En otras palabras, asesinarlos. Mikhail y Aleksandr Kononovich, por supuesto, rechazaron ese acuerdo. Ahora, sus vidas corren peligro. El régimen tiene la intención de organizar su «desaparición». Desde hoy y hasta la vista que se celebrará el 25 de marzo, oficialmente no están bajo la responsabilidad de nadie. Ni el tribunal ni la fiscalía responden por ellos. Esto significa que si el régimen lleva a cabo sus amenazas y los asesina entre el 16 y el 25 de marzo, oficialmente no habrá ningún responsable legal. Este vacío es una licencia para matar. La situación es grave. Hay que romper el silencio.
La URC (Unión por la Reconstrucción Comunista) hace un llamamiento a la movilización y al envío de correos electrónicos a:
Fiscalía General de Ucrania: office@gp.gov.ua
• Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania: zsmfa@mfa.gov.ua
• Administración del Presidente de Ucrania: letter@apu.gov.ua
• Ministerio de Justicia de Ucrania: themis@ca.minjust.gov.ua
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