La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina anunció una movilización hacia la Plaza de Mayo para este 30 de abril, en vísperas del Día del Trabajador, con el objetivo de defender el empleo digno y denunciar la pérdida del poder adquisitivo.
La movilización contará con la participación de sindicatos como Camioneros, Sanidad y Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), junto a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Los dirigentes sindicales expresaron su firme rechazo al reciente fallo judicial que habilita la aplicación de una reforma laboral alineada con los intereses de la Administración nacional. El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, calificó de indignante la medida judicial que afecta más de 80 artículos considerados inconstitucionales por el sector trabajador.
Por su parte, Jorge Sola, integrante de la conducción de la central, denunció que la clase obrera enfrenta una situación crítica donde los ingresos no cubren necesidades básicas como la educación o una alimentación adecuada, mientras se registra el cierre de más de 21 mil empresas en los últimos dos años.
En el ámbito legal, la CGT anunció que recusará al juez Víctor Arturo Pesino por habilitar la reforma laboral impulsada por el Gobierno, señalando una maniobra judicial obscena que atenta contra los derechos individuales y colectivos. La central obrera apelará el fallo que dejó sin efecto la cautelar previa, la cual protegía a los trabajadores de la normativa cuestionada.
La dirigencia sindical insistió en la urgencia de establecer paritarias libres sin techos impuestos oficialmente, reafirmando que la marcha del 30 de abril será un llamado a la unidad frente a la crisis económica que atraviesa la nación. La jornada también incluirá actos conmemorativos de carácter social, subrayando que la protección del trabajador debe ser la prioridad absoluta en cualquier proyecto de país.
La CGT mantiene su postura de no ceder ante medidas que vulneren la estabilidad laboral y la soberanía de los derechos conquistados históricamente.
La movilización se presenta como una respuesta directa a las políticas de ajuste que erosionan la seguridad social y el futuro del pueblo argentino, consolidando un frente de resistencia ante el avance de reformas que favorecen la precarización del empleo.
Para finales de marzo La Justicia Nacional del Trabajo (JNT) de Argentina ordenó la suspensión provisoria de 82 artículos de la reforma laboral impulsada por la Administración de Javier Milei.
La resolución respondió a una medida cautelar presentada por la CGT, bajo el argumento de que la normativa representa una regresión en materia de derechos y vulnera principios constitucionales fundamentales.
Con este fallo del juez Raúl Horacio Ojeda, sumaban cuatro las resoluciones judiciales que frenan la implementación de la Ley 27.802. El magistrado para el momento determinó que existen indicios de inconstitucionalidad y un riesgo inminente de daños irreparables para millones de trabajadores si la norma entra en vigencia plena.
Aunque el fallo no resolvía el fondo del asunto, establecía un freno inmediato a la aplicación de artículos que modifican indemnizaciones, facultades del empleador y condiciones laborales, además de aquellos que imponen restricciones a la actividad sindical.
La decisión se fundamentó en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece el principio de protección del trabajo frente a posibles arbitrariedades. La dirigencia sindical recibió la noticia con satisfacción, señalando que la justicia ratifica la postura del movimiento obrero contra una supuesta modernización que vulnera derechos individuales y colectivos.
Por su parte, la Administración nacional defendió la reforma como una herramienta necesaria para fomentar el empleo formal y atraer inversiones, advirtiendo que la suspensión afectaba el interés público. En ese sentido el Gobierno apeló a la resolución, convirtiéndola en una disputa judicial de largo alcance sobre el futuro de la legislación laboral en la nación austral.
