Las universidades públicas de Argentina volverán a convertirse en el centro de las protestas durante esta semana, luego de que las federaciones docentes CONADU y CONADU Histórica, junto con distintas organizaciones gremiales del sector, convocaron a un paro nacional entre el 16 y el 20 de junio.
La medida busca exigir una actualización urgente de los salarios, mayores recursos para las instituciones de educación superior y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
La protesta se desarrolla en medio de una creciente tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la comunidad universitaria. Los sindicatos sostienen que los incrementos salariales otorgados en los últimos meses quedaron muy por debajo del avance de la inflación, lo que trajo consigo una significativa pérdida del poder adquisitivo entre docentes y trabajadores no docentes.
Desde las organizaciones gremiales advierten que la situación económica ha deteriorado las condiciones laborales del sector y que numerosos trabajadores perciben ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas. Asimismo, alertan que las universidades enfrentan cada vez más dificultades para sostener sus actividades académicas y administrativas.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) denunció que el Ejecutivo no ha brindado respuestas concretas a las demandas planteadas y cuestionó la política de ajuste aplicada sobre los recursos destinados a la educación superior. Según la entidad, esta situación repercute directamente en la calidad de la enseñanza, la investigación científica y los programas de extensión universitaria.
En la misma línea, la CONADU Histórica ratificó la continuidad de su plan de lucha tras rechazar la última propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional. La federación aseguró que las negociaciones paritarias permanecen prácticamente estancadas y señaló que el deterioro acumulado de los ingresos alcanza niveles sin precedentes en los últimos años.
Los representantes sindicales también expresaron preocupación por el impacto que la reducción presupuestaria tiene sobre la investigación científica, los proyectos académicos y las políticas de acompañamiento estudiantil. Aseguran que la falta de financiamiento compromete el funcionamiento de laboratorios, bibliotecas, programas de extensión y sistemas de becas destinados a garantizar la permanencia de miles de estudiantes.
A la convocatoria se sumó la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), que reiteró sus cuestionamientos a la pérdida de poder adquisitivo del sector y reclamó condiciones laborales adecuadas para quienes desarrollan tareas de docencia, investigación y extensión en la principal casa de estudios del país.
Los gremios sostienen que el conflicto excede el ámbito salarial y advierten que el actual escenario pone en riesgo la sostenibilidad del sistema universitario público. Por ello, exigen la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario como mecanismo para asegurar recursos permanentes y previsibles para las instituciones educativas.
La nueva medida de fuerza forma parte de un proceso de movilización que se mantiene desde hace varios meses y que tuvo como uno de sus momentos más significativos las multitudinarias marchas federales universitarias realizadas en distintas ciudades argentinas. Durante la semana de protesta se prevén paros, clases públicas y movilizaciones para visibilizar los reclamos y rechazar las políticas de ajuste impulsadas por la administración de Javier Milei.
