La oleada de amenazas, estigmatización y odio que afloró en la campaña presidencial y que se agudizó luego de los comicios del 21 de junio de 2026, es parte de una escalada de discursos impulsados desde sectores de ultraderecha dirigidos contra liderazgos sociales, organizaciones populares y dirigentes políticos de izquierda. Un clima de creciente intolerancia y hostilidad hacia quienes defienden proyectos democráticos y de transformación social.
La reciente campaña orquestada por integrantes del Centro Democrático en contra de la Juventud Comunista Colombiana, en la que de manera irresponsable se descontextualizó un video subido a redes sociales, produce acusaciones contra la población, violenta el Estado Social de Derecho y la Constitución Política Nacional, y pone en riesgo la vida de las y los comunistas.
Esta acción se suma a la ola de amenazas contra la vida de liderazgos regionales, violencia física contra campesinos a quienes recientemente el Gobierno les entregó tierras para trabajar, y los ataques de odio a las comunidades por la orientación sexual, por su etnia y por la defensa al proyecto político del cambio.
La estigmatización e incitación a la violencia, así como el anticomunismo, no son nuevos en la historia política colombiana. Estas mismas prácticas fueron utilizadas durante décadas para justificar la persecución y el exterminio contra militantes y dirigentes del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica, en uno de los episodios más dolorosos de la violencia política en el país, que cobró la vida de más de 6.500 personas entre asesinados, desaparecidos y víctimas de otras formas de violencia.
El resurgimiento de estas narrativas de odio y persecución fue afianzado por el presidente electo al inicio de su campaña: “Y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde, porque ustedes no merecen un trato diferente”, fue la famosa frase que pone en riesgo la vida, la integridad y el ejercicio de la actividad política de amplios sectores democráticos, pero en especial de la militancia comunista.
Esa peligrosa narrativa busca deslegitimar las luchas por la vida, la paz, la justicia social y la profundización de la democracia, al tiempo que pretende crear condiciones para dirigir el poder bajo una lógica de coerción social que garantice los intereses políticos y económicos de la extrema derecha.
Colombia, en el presente contexto, estará navegando bajo el acecho contra quienes ejerzan la oposición política y social a las políticas regresivas, antiderechos y guerreristas del nuevo gobierno. Con seguridad se agudizará la violencia política gubernamental, como históricamente se había hecho contra organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y populares que actúan en el marco de sus derechos.
El Partido Comunista Colombiano mantendrá firme su compromiso revolucionario con la defensa de las libertades democráticas, los derechos humanos, las reformas sociales, la paz y las conquistas alcanzadas por el Gobierno del cambio liderado por Gustavo Petro.
Es momento de la unidad por la vida frente a este escenario de violencia mediática y persecución política. Todos los sectores sociales debemos volcarnos a exigir plenas garantías para el ejercicio de la oposición política democrática y para ejercer el derecho a la organización, la movilización y la protesta social.
La defensa de las garantías democráticas y del derecho a pensar diferente no
es una causa exclusiva de los y las comunistas, sino una condición humana indispensable para la vigencia de la democracia colombiana. Ahora más que nunca: unidad para la movilización política y defensa de la vida, como principio de la paz.
