Ya no se trata de una deducción de analistas o de señalamientos desde las filas de la izquierda política. La Doctrina Monroe y su conocido postulado «América para los estadounidenses» han vuelto oficialmente de la mano del Gobierno de Donald Trump, que en su Estrategia de Seguridad, publicada el pasado 4 de diciembre, añadió con la firma del presidente un corolario al ampliamente rechazado enfoque de política exterior promulgado en 1823, en interés de precisar cómo se propone hoy Washington imponer su dominio en el hemisferio occidental.

«Tras años de abandono, EE.UU. reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías claves en toda la región», se lee en el documento.

Según Washington, los propósitos centrales son la prevención y el desaliento de la migración masiva, garantizar la cooperación de los gobiernos de la región «contra narcoterroristas, cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales», así como «asegurar» el «acceso continuo» del país norteamericano «a ubicaciones estratégicas claves». «En otras palabras, afirmaremos y aplicaremos un ‘corolario Trump’ a la Doctrina Monroe», puntualiza el escrito.

En el texto se advierte que la Casa Blanca le negará «a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales» en un hemisferio que EE.UU. asume como suyo, con la utilización del pronombre posesivo «nuestro».

«Este ‘corolario Trump’ de la Doctrina Monroe es una restauración sensata y contundente del poder y las prioridades estadounidenses, coherente con los intereses de seguridad de EE.UU», remata el alegato.

Paradójicamente, EE.UU. afirma en su Estrategia que mantiene una «predisposición al no intervencionismo». Y si bien argumenta que «así como todos los seres humanos poseen los mismos derechos naturales otorgados por Dios, y todas las naciones tienen derecho, por ‘las leyes de la naturaleza y el Dios de la naturaleza’, a una ‘posición separada e igual’ entre sí», se arroga el derecho de intervenir unilateralmente en cualquier país cuando lo considere justificado.

«Para un país con intereses tan numerosos y diversos como los nuestros, la adhesión rígida a la no intervención es imposible. Sin embargo, esta predisposición debería establecer un estándar alto para lo que constituye una intervención justificada», apunta el documento.

Garrote y zanahoria 2.0

En términos de objetivos, el país norteamericano resume su perspectiva para América Latina y el Caribe en dos vertientes: el alistamiento y la expansión.

En el primer caso, se trata de incorporar a sus filas «aliados consolidados en el hemisferio», con miras a «controlar la migración, detener el tráfico de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad terrestre y marítima». Para garantizar la expansión, la propuesta se cimienta en el cultivo y fortalecimiento de relaciones con «nuevos socios», mientras se refuerza «el atractivo» de EE.UU. «como socio económico y de seguridad predilecto del hemisferio».

A estos efectos, el reclutamiento «de líderes regionales que puedan contribuir a crear una estabilidad tolerable en la región, incluso más allá de las fronteras de esos socios», figura como un aspecto clave del monroísmo de factura trumpista.

Desde la óptica de Washington, esas naciones ayudarán «a frenar la migración ilegal y desestabilizadora, neutralizar los cárteles, [impulsar] la manufactura local y desarrollar las economías privadas locales, entre otras cosas».

Empero, esta cooperación, más que una asociación estratégica basada en intereses comunes, se define abiertamente en términos de recompensas y castigos. Así, Washington promete abiertamente premiar a quienes exhiban un alineamiento con sus planes, políticas e intereses.

«Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y estrategia», declara el escrito. Para matizar, se asume que EE.UU. no deberá «ignorar a los gobiernos con perspectivas diferentes» con los que eventualmente comparta «intereses» y estén dispuestos a colaborar con el país norteamericano.

Los castigos, no enunciados en este apartado, tienen su espacio más adelante, al aludir a la necesidad de que los países de la región tengan a la Casa Blanca como principal socio en todos los ámbitos. «Queremos que otras naciones nos consideren su socio predilecto y, por diversos medios, desalentaremos su colaboración con otros«, se advierte, sin precisar cuáles serán esos medios.

Se destaca asimismo que, como condición para su «seguridad y prosperidad», EE.UU. «debe tener una posición preeminente en el hemisferio occidental», que le permita afirmarse «con confianza donde y cuando sea necesario en la región».

«Los términos de nuestras alianzas, y los términos bajo los cuales brindamos cualquier tipo de ayuda, deben estar condicionados a la reducción de la influencia externa adversaria, desde el control de instalaciones militares, puertos e infraestructuras claves hasta la compra de activos estratégicos en términos generales», postula la Estrategia.

Militarización y despliegues

A diferencia de sus antecesores, el actual gobierno de EE.UU. se ha planteado recortar la presencia militar en «teatros cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas o años», con miras a destinar esos recursos al hemisferio occidental y abordar así lo que denomina «amenazas urgentes».

De esta manera, se prevé «una presencia más adecuada de la Guardia Costera y la Marina «para controlar las rutas marítimas e impedir la migración ilegal y otras migraciones no deseadas», así como para «reducir el tráfico de personas y de drogas y controlar las principales rutas de tránsito en situaciones de crisis». En pocas palabras, se anuncia una presencia permanente de fuerzas castrenses en las aguas hemisféricas, bajo el alegato de enfrentar a migrantes y criminales.

Puede notarse que ya algunas de las políticas emprendidas por la Administración Trump se inscriben dentro de esos fines, como por ejemplo el acuerdo suscrito con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para trasladar a inmigrantes presuntamente transgresores de las leyes locales al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad señalada por violentar sistemáticamente los derechos humanos de los reos.

En la misma línea, se puntualiza que Washington ejecutará «despliegues específicos para asegurar la frontera y derrotar a los cárteles», con el «uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia de aplicación exclusiva de la ley de las últimas décadas» cuando así lo estime necesario.

En adenda, las autoridades estadounidenses se plantean «establecer o ampliar el acceso a ubicaciones estratégicamente importantes».

También en este caso, el Gobierno estadounidense ha dado ya algunos pasos elocuentes, como el uso de puertos y aeropuertos dominicanos en el contexto de la Operación ‘Lanza del Sur’, emprendida con el alegato de combatir el narcotráfico internacional en el hemisferio, pero que ha sido calificada como una «agresión» por el Gobierno de Venezuela, o el frustrado intento de reabrir la base de Manta en Ecuador, iniciativa que fue derrotada en un referéndum popular.

A ello se suma la promesa de trabajar «para fortalecer» sus alianzas hemisféricas «en materia de seguridad, desde la venta de armas hasta el intercambio de inteligencia y los ejercicios conjuntos», con lo que se pretende dejar fuera de juego a otros actores relevantes, como China, presentado a lo largo de todo el escrito, directa o indirectamente, como el gran adversario estratégico.

La expulsión de rivales extrahemisféricos

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. no solo se plantea un control en términos políticos o militares, sino también en el plano económico. Esto, a través de lo que denomina «diplomacia comercial», cuyo propósito terminal es fortalecer su economía y sus industrias, por medio de «aranceles y acuerdos comerciales recíprocos, como herramientas poderosas».

«El objetivo es que nuestros países socios fortalezcan sus economías nacionales, mientras que un hemisferio occidental económicamente más fuerte y sofisticado se convierte en un mercado cada vez más atractivo para el comercio y la inversión estadounidenses», reza el documento.

El planteamiento es claro: «fortalecer las cadenas de suministro críticas», en aras de reducir «las dependencias» y aumentar «la resiliencia económica estadounidense», bajo la promesa de obtener beneficios mutuos y dificultar «que competidores no hemisféricos aumenten su influencia en la región», aunque para ello deban echar mano de métodos no precisados.

A estos efectos, se menciona que en la medida en que EE.UU. profundice sus «alianzas» con aquellos países con los que «mantiene fuertes relaciones», también debe procurar «expandir» su red «en la región». La meta es transparente: controlar los vastos recursos estratégicos presentes en el hemisferio occidental.

«El hemisferio occidental alberga numerosos recursos estratégicos que EE.UU. debería desarrollar en colaboración con sus aliados regionales, para que tanto los países vecinos como el nuestro sean más prósperos», apunta el texto. En ese orden, se instruye al Consejo de Seguridad Nacional para que identifique, con apoyo de «la comunidad de inteligencia», «puntos y recursos estratégicos en el hemisferio occidental con miras a su protección y desarrollo conjunto con los socios regionales».

Esa declaración se compadece con los comentarios que formulara en 2023 la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, quien en una conferencia enumeró —bajo el controversial y posesivo plural «tenemos»— los recursos estratégicos presentes en América Latina y el Caribe, en una lista que incluyó petróleo, litio, oro, tierras raras, minerales varios, agua y suelos, bajo la premisa de que ahora Washington debe disputárselos con otras potencias.

La Estrategia puntualiza: «Competidores no hemisféricos han realizado importantes incursiones en nuestro hemisferio, tanto para perjudicarnos económicamente en el presente como para perjudicarnos estratégicamente en el futuro. Permitir estas incursiones sin una respuesta firme es otro gran error estratégico estadounidense de las últimas décadas».

No obstante, Washington admite que «cierta influencia extranjera será difícil de revertir, dadas las alianzas políticas entre ciertos gobiernos latinoamericanos y ciertos actores extranjeros«, aunque atribuye esas asociaciones a las ventajas comerciales que se les otorgan a los socios latinoamericanos, antes que a una alineación ideológica «con potencias extranjeras».

En línea similar, se asevera que EE.UU. «ha logrado reducir la influencia externa en el hemisferio occidental al demostrar, con precisión, cuántos costos ocultos —en espionaje, ciberseguridad, trampas de deuda y otros— están implícitos en la supuesta asistencia exterior de bajo costo», razón por la cual acelerará «estos esfuerzos», aunque para ello deba recurrir a «la influencia estadounidense en finanzas y tecnología para inducir a los países a rechazar dicha asistencia».

Amén de afirmar que «los bienes, servicios y tecnologías estadounidenses son una inversión mucho mejor a largo plazo» en función de su calidad, la Estrategia de Seguridad Nacional anuncia que emprenderá reformas en su sistema «para agilizar las aprobaciones y licencias», de manera tal que EE.UU. vuelva a convertirse «en el socio predilecto».

Estos postulados no significan el abandono de las políticas proteccionistas que han caracterizado la segunda temporada de Trump en la Casa Blanca. Así, se indica que «EE.UU. también debe resistir y revertir medidas como los impuestos selectivos, la regulación injusta y la expropiación, que perjudican a las empresas estadounidenses».

En particular, se establece que sus acuerdos, «especialmente con los países que más dependen» de Washington y sobre los que tiene «mayor influencia, deben ser contratos de proveedor único» para sus compañías. «Al mismo tiempo, debemos hacer todo lo posible para expulsar a las empresas extranjeras que construyen infraestructura en la región», se agrega.

«La disyuntiva que todos los países deberían afrontar es si quieren vivir en un mundo liderado por EE.UU., con países soberanos y economías libres, o en uno paralelo, influenciado por países del otro lado del mundo«, remata la sección.

Injerencia y presiones con fines corporativos

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense incluye además, entre sus medidas para el hemisferio occidental, un mandato a aquellos de sus funcionarios que cumplen labores en la región o relacionadas con ella, para que estén «al tanto del panorama completo de la influencia externa perjudicial y, al mismo tiempo, aplicar presión y ofrecer incentivos a los países socios para proteger» a ‘su’ hemisferio, particularmente en lo que corresponde a inversiones estratégicas que podrían entrañar grandes beneficios para empresas estadounidenses.

«Todas nuestras embajadas deben estar al tanto de las principales oportunidades de negocio en su país, especialmente de los grandes contratos gubernamentales. Todo funcionario del gobierno estadounidense que interactúe con estos países debe comprender que parte de su trabajo es ayudar a las empresas estadounidenses a competir y tener éxito», instruye el documento.

Para estos fines, el Gobierno de EE.UU. «identificará oportunidades estratégicas de adquisición e inversión para las empresas estadounidenses en la región y las presentará para su evaluación en todos los programas de financiamiento del Gobierno de EE.UU.», con particular interés en aquellas vinculadas con los departamentos de Estado, Guerra y Energía.

Este eslabón se considera decisivo para darle sentido a la colaboración con gobiernos y empresas regionales, en aras de «construir una infraestructura energética escalable y resiliente, invertir en el acceso a minerales críticos y fortalecer las redes de comunicaciones cibernéticas existentes y futuras que aprovechen al máximo el potencial de la infraestructura estadounidense de cifrado y seguridad».

Reconquista del «patio trasero»

Lo expuesto permite colegir que en la era Trump, la Casa Blanca está anunciando la reconquista de un espacio que asume suyo por derecho propio, sin dejar ninguna área estratégica de lado. Al margen de valoraciones de cualquier índole, se trata de un plan donde se exponen, en línea gruesa, las políticas que deberán garantizarle a Washington su hegemonía hemisférica durante las próximas décadas, particularmente frente a adversarios geopolíticos como China o Rusia.

Empero, si bien los objetivos estratégicos son cuando menos algo diferentes de los de otros momentos históricos, los medios enunciados para alcanzar esos fines son herramientas habitualmente empleadas por EE.UU. para proteger sus intereses: amenazas del uso de la fuerza y presiones económicas, comerciales, financieras y diplomáticas.

No son medidas desconocidas, pero el momento en el que llegan es particularmente complejo para la región latinoamericana y caribeña, que aún en el contexto del mayor despliegue militar estadounidense en el mar Caribe en más de tres décadas, ha sido incapaz de producir una respuesta conjunta de rechazo a los bombardeos de pequeñas embarcaciones tildadas sin pruebas de ‘narcolanchas’, pese a que expertos de las Naciones Unidas y varios gobiernos los han calificado de «ejecuciones extrajudiciales».

Menos repudio todavía ha suscitado el hecho de que Trump haya acusado infundadamente a los mandatarios de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, de liderar cárteles de narcotráfico, aunque huelga decir que otros países más, como Brasil o México, han expresado preocupación por la presencia de aprestos militares estadounidenses en el Caribe, pues estiman que ello atenta contra el principio de mantener la región como zona de paz, al cernirse una indisimulada amenaza de agresión bélica sobre Caracas y Bogotá.

En cualquier caso, la ausencia de bloques regionales bien consolidados, funcionales y capaces de trabajar en pos de objetivos soberanos a largo plazo, con independencia de quién ostente el poder político en los países, constituye ahora mismo la gran debilidad de América Latina para responderle al monroísmo de Trump. Se avecinan tiempos complejos.