Francisco Arias Fernández (Granma).— La política racista antiinmigrante de Donald Trump, respaldada por su Secretario de Estado y sus compinches de origen cubano en el Congreso, ha generado cambios bruscos, una especie de metamorfosis, en el estatus de los cubanos en Estados Unidos, cuyos «privilegios» migratorios se esfuman con los fuertes vientos del neofascismo.

El mismo anticomunismo que en la cruzada de la Guerra Fría los utilizó como «refugiados», «exiliados», «protegidos», «luchadores por la libertad», con la narrativa subversiva de que habían huido de la garras comunistas, ahora los coloca en el saco sin fondo del migrante que «amenaza» la seguridad nacional, y no tiene padrinos ni favoritismos, ni siquiera la mirada compasiva de sus propios paisanos en el Departamento de Estado o en el Capitolio, quienes por su cinismo, fueron a parar a vallas como ejemplo de traidores.

Han quedado como hijos de nadie, a merced del pánico y del miedo que impera ante las malas noticias, que son cascada en titulares de frustración e incertidumbre en los diarios miamenses y en los propios medios digitales de la mafia local.

El martes pasado se dio a conocer la última de esas medidas, con la suspensión de todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de 19 países incluidos en una prohibición de viajes, entre ellos, Cuba.

Esa decisión del Gobierno afecta procesos de residencia permanente, naturalización y otros trámites migratorios, y ha resultado en cancelaciones de entrevistas y ceremonias de naturalización.

Los propios medios miamenses reconocen que «la medida se produjo en un contexto de creciente represión migratoria y tras recientes incidentes de seguridad nacional, incluyendo el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, atribuido a un ciudadano afgano con asilo».

Cualquier acción violenta interna, no importa el origen ni las causas, son un comodín para la implementación del plan para sacar del país a más de un millón de migrantes o para condicionar favores, perdones migratorios a compromisos políticos o reclutamientos para acciones turbias, no se sabe contra quién ni dónde.

Cada nueva medida de Trump, bajo la narrativa de defender la seguridad nacional, tiene un costo humano significativo y en especial para los derechos de los cubanos en Estados Unidos, que son perseguidos o calumniados por sus posiciones políticas, empleos, responsabilidades en Cuba, entorno familiar o por atreverse a cuestionar el desempeño de políticos del gobierno o de las propias medidas migratorias.

Además, la dictadura anexionista de Miami, encabezada por Rubio y los legisladores apocalípticos de la Florida, presionan y chantajean a la denominada mayoría silenciosa de la comunidad cubana para que no envíen remesas, no viajen, no se comuniquen con sus familiares, o procuran erigir nuevos muros entre los dos países, al tiempo que el Secretario de Estado se ocupa de congelar cualquier mínima relación bilateral.

Existen numerosos videos que documentan la brutalidad de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ice). También se han denunciado violaciones de derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes, donde incluso se han registrado muertes.

Personas con ciudadanía, residencia, llegados legalmente, son perseguidos o deportados por arbitrarias medidas o criminalizados después de vivir décadas en EE. UU., incluso tras haber servido en estructuras armadas y guerras bajo la bandera estadounidense.

Madres y padres separados de sus hijos; familias divididas; hijos enviados a África u otros lejanos países; encierros en prisiones sin las más mínimas condiciones; detenciones arbitrarias en calles, centros de trabajo y durante la madrugada, en sus casas, mientras dormían, y traslados masivos de deportados, de forma hacinada, mal alimentados y privados de todos sus derechos para reclamar su situación migratoria.

Familias que no llevan sus hijos a las escuelas por temor a ser detenidos, suspensión de viajes para visitar a sus seres queridos en Cuba por miedo a que les manipulen sus documentos migratorios, les detengan o los expulsen de ee. uu. Otros tienen que ocultar sus viajes a la Isla para que los dueños de los empleos no los suspendan o sufren el congelamiento de cuentas bancarias, el control político y jurídico de sus conversaciones en redes sociales que les pueden costar su permanencia en territorio estadounidense.

Una mezcla de fascismo y macartismo para la cacería humana, la persecución política y la discriminación racial. La mafia creada y dirigida por los Servicios Especiales trata de aprovecharse de la furia antiinmigrante para reclutar y poner precio a sus favores e incluso apuesta abiertamente por el anexionismo como solución al estatus de los cubanos que quieren permanecer en ese país, en medio de los cuestionamientos a su indiferencia o complicidad con las políticas del magnate.