Familiares y vecinos recordaron este lunes a Josué, Ismael, Nehemías y Steven, asesinados tras ser detenidos por una patrulla militar en la urbe costera el 8 de diciembre de 2024.

Con una marcha por el barrio donde vivían, ubicado en el sur de Guayaquil, decenas de personas expresaron dolor por una tragedia que conmovió al país.

Más temprano, en una rueda de prensa, Katty Bustos, madre de Josué e Ismael Arroyo agradeció el apoyo de grupos de la sociedad civil que han estado junto a ellos para darles fuerza y exigió saber ”la verdad, que se haga justicia”.

Igualmente, Johana Arboleda, madre de Saúl, pidió justicia para “que ya no se vuelva a repetir más nunca con ningún niño”.

El padre de Steven, Ronny Medina, rechazó las versiones de los militares que afirmaron haber dejado a los menores con vida, pero “¿de qué vale que les hayan dejado con vida, si los dejaron maltratados, en un lugar de tercer orden, donde hay solo monte, oscuridad?”.

En Quito, por su parte, hubo un acto conmemorativo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), donde un grupo de artistas presentó la obra «Desaparecidos nunca más», en memoria de los cuatro menores.

El presidente de la CCE, Fernando Cerón, mencionó que no son solamente los cuatro niños de Las Malvinas víctimas de desaparición forzada, sino que hay más de 30 personas en esa situación.

Asimismo, en el bulevar de la avenida Naciones Unidas, en el norte de la capital, decenas de personas se reunieron en un plantón con velas y oraciones de homenaje a los jóvenes, mientras que otro grupo de ciudadanos acudió a las afueras de la Fiscalía General del Estado, donde responsabilizaron al Gobierno por la falta de respuestas ante el crimen.

Estos fueron algunos de los eventos convocados por la Mesa de Solidaridad, conformada por distintas organizaciones sociales, colectivos afroecuatorianos, de derechos humanos, para recordar el hecho.

Paralelamente, este lunes continuó la etapa final del juicio en el que son procesados los 17 militares cuya patrulla detuvo a los niños y, según las declaraciones de testigos, los sometieron a torturas, tratos crueles e inhumanos.

Como parte del proceso, la Fiscalía pidió 34 años y ocho meses de prisión para los uniformados involucrados.

La detención de los cuatro adolescentes ocurrió en medio del conflicto armado interno declarado en enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa, que indicó a los militares sumarse a operativos para combatir al crimen organizado.

La coordinadora ejecutiva de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Ingrid García, aseguró que no ha existido una disculpa pública real y que hubo ocultamiento de información, mientras las familias “no reciben respuestas”.

Para la legisladora Viviana Veloz, titular de la Comisión de Niñez, este es un día de luto nacional por un crimen que marcó al país y que ningún silencio estatal podrá enterrar.

A un año de la desaparición y posterior muerte de cuatro menores del barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunció la falta de respuesta oportuna y la inacción del Estado ecuatoriano. Ismael, Josué, Nehemías y Steven fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 por integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), un hecho capturado por cámaras que fue vital para evitar que el caso quedara en la impunidad.

En una rueda de prensa en Quito, Ingrid García, coordinadora ejecutiva de Inredh, fue categórica al afirmar que “la desaparición forzada se quiere negar desde el poder”. García señaló que, a pesar de la existencia de procesos judiciales, las autoridades castrenses y los abogados de los uniformados han intentado sistemáticamente impedir que el caso sea declarado como desaparición forzada a través de un hábeas corpus, cuya decisión se encuentra en manos de la Corte Constitucional.

La activista de derechos humanos aseguró que, durante todo el proceso, las familias de los jóvenes han sido víctimas de la omisión y el ocultamiento de información, sin que se haya ofrecido una disculpa pública o una respuesta real sobre lo ocurrido. Esta falta de transparencia se extiende a un patrón de abusos, pues la organización denunció al menos otras 33 desapariciones con características similares en las provincias costeras del país.

García explicó que los hechos cumplen con los tres elementos esenciales establecidos por el derecho internacional para catalogar una desaparición forzada: la privación de la libertad, el ocultamiento deliberado de información oficial y la participación comprobada de agentes estatales en el crimen. Este marco legal internacional respalda la exigencia de justicia de las víctimas y de las organizaciones civiles.

El caso de Las Malvinas se enmarca en la controvertida estrategia de seguridad militarizada implementada por el presidente Daniel Noboa desde enero de 2024, cuando decretó un «conflicto armado interno» contra el crimen organizado. Defensores de derechos humanos han advertido que esta militarización sirvió como excusa para excesos y un uso desproporcionado de la fuerza, abriendo la puerta a graves violaciones.

Mientras el juicio contra los 17 militares implicados en la muerte de los jóvenes sigue su curso, con una petición fiscal de 34 años y ocho meses de prisión, la Mesa de Solidaridad por los Cuatro de las Malvinas criticó el «silencio inaceptable» del presidente Noboa. El colectivo denunció que, en un intento por justificar la detención arbitraria, se buscó «criminalizar a los niños», y convocó a movilizaciones y vigilias en varias ciudades para exigir verdad, justicia y garantías de no repetición.

La Fiscalía General de Ecuador solicitó este lunes una pena de 34 años y ocho meses de prisión para 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), acusados de la desaparición forzada y posterior asesinato de los adolescentes Ismael Arroyo, Josué Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, en el marco del caso Las Malvinas, ocurrido en diciembre de 2024.

De acuerdo con las investigaciones, los uniformados participaron en la aprehensión de los menos de edad. Tras su aprehensión, los adolescentes no volvieron a ser vistos con vida. Sus cuerpos, completamente calcinados, aparecieron el 24 de diciembre en una zona rural de Taura, en el cantón Naranjal.

Durante las audiencias de juzgamiento, el fiscal Christian Fárez sostuvo que los hechos no fueron un error operativo, sino un acto deliberado de violencia contra niños afrodescendientes, provenientes de comunidades pobres, que no eran delincuentes y se hallaban vinculados a actividades formativas como el deporte.

Fárez presentó como sustento pericias forenses, testimonios y grabaciones que muestran golpizas, ofensas y agresiones físicas mientras los jóvenes estaban bajo control militar. Entre los hechos descritos figuran lesionarlos con objetos contundentes y actos de tortura perpetrados durante el traslado hacia el sitio donde finalmente fueron asesinados.

El Ministerio Público encuadró el delito en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la desaparición forzada con penas de entre 22 y 26 años. No obstante, solicitó la pena agravada debido a la condición de las víctimas —todas menores de edad— y a la participación de servidores estatales, lo que eleva la condena a más de tres décadas de prisión.

El caso ha provocado indignación a nivel nacional, en medio de retrasos judiciales, intentos de recusación y denuncias de presuntos mecanismos de encubrimiento dentro de las FF.AA. Diversas organizaciones defensoras de DD.HH. exigen transparencia y que se juzgue a todos los responsables.

Los familiares de las víctimas reclaman al Estado para que asuma su responsabilidad, ya que no confían en que las instituciones ecuatorianas garanticen justicia.

Aseguran, además, que faltan implicados por identificar, que se ha ocultado información y que las autoridades aún no han ofrecido disculpas públicas ni han revelado la totalidad de los involucrados.

Luis Arroyo, padre de dos de los adolescentes, afirmó “No confiamos en las leyes ecuatorianas. Queremos que este caso llegue a la Corte Interamericana”.

Los cuatro chicos fueron retenidos por dos patrullas militares el 8 de diciembre de 2024 en el sur de Guayaquil. Según testimonios recopilados en el expediente, fueron abandonados heridos y sin ropa en un camino rural de Taura, a unos dos kilómetros del centro parroquial. Dieciséis días después, sus restos calcinados fueron localizados en una zona aislada de esa misma jurisdicción, en la provincia del Guayas.