Blanca Rivas (Unidad y Lucha).— En el Perú existe una medida constitucional denominada vacancia presidencial, mediante la cual el Congreso puede destituir al presidente de la República por las causas previstas en la Constitución. Además de las más comunes —como el fallecimiento, la incapacidad física o la renuncia—, existe otra especialmente polémica: la “incapacidad moral permanente”, un concepto complejo y ambiguo que resulta imposible definir claramente porque, en la práctica, depende de las interpretaciones políticas de unos u otros.

El Reglamento del Congreso establece con precisión que el procedimiento para admitir una moción de vacancia: requiere la firma de, al menos, una quinta parte de los parlamentarios y, para su aprobación, el voto favorable de dos tercios del total de congresistas.

Dina Boluarte, quien asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, encabezó un gobierno inmerso en una profunda crisis política y económica. Su gestión estuvo marcada por la represión violenta de las protestas sociales, acusaciones de corrupción, violaciones de los derechos humanos y un gigantesco desgaste institucional, lo que generó un amplio rechazo del pueblo y una desaprobación social histórica contra las políticas neoliberales y autoritarias de la expresidenta.

Esa impopularidad, sumada a las frágiles alianzas que logró mantener en el Congreso, propició la presentación de varias mociones de vacancia acogiéndose al mecanismo de la incapacidad moral permanente y los partidos que antes la respaldaron acabaron retirándole su apoyo. Finalmente, la medida fue aprobada con el número de votos requeridos y, ante la ausencia de vicepresidentes, José Enrique Jerí, presidente del Congreso y miembro del partido Somos Perú, asumió la jefatura del Estado.

Se convirtió así en el séptimo presidente del país en apenas siete años.

Boluarte, que resistió ocho mociones de vacancia en sus tres años de mandato, en esta ocasión, no acudió al Congreso y renunció a su derecho de defensa antes de la votación, lo que aumentó la percepción de un Ejecutivo debilitado y sin rumbo político.

Mientras tanto, distintos colectivos y sectores sociales han rechazado el nombramiento de José Jerí, quien, hasta la fecha, no ha conseguido formar un equipo de gobierno. Jerí no sólo se enfrenta a acusaciones por corrupción y presunto enriquecimiento ilícito, además tiene contra él una denuncia por violencia sexual, que fue archivada meses atrás. Su historial de comentarios sexistas en redes sociales refuerza la imagen de un dirigente machista y misógino, con escasa legitimidad ética y política para ejercer el cargo.

Pese a ello, el nuevo mandatario le ha echado jeta y ha prometido convocar elecciones, combatir la delincuencia y trabajar por la reconciliación nacional.

Diversos colectivos feministas, juveniles, de izquierda y organizaciones sociales han convocado protestas en rechazo a su nombramiento, denunciando la permisividad institucional frente al machismo, el avance del fascismo y el resurgimiento de tendencias anticomunistas y reaccionarias.

Está previsto que el mandato de Jerí concluya en abril de 2026, aunque muchos de los líderes que promovieron la vacancia ya se perfilan como candidatos en la próxima contienda electoral. En este escenario, los movimientos y los partidos tradicionales parecen diluirse ante el surgimiento de figuras populistas y personalistas que con la excusa de capitalizar el descontento ciudadano lo único que buscan es satisfacer sus propios intereses.

En las calles de Perú, trabajadores, trabajadoras y jóvenes expresan su hartazgo y desconfianza contra estas políticas corruptas y oportunistas que vienen padeciendo durante décadas. Las movilizaciones se multiplican bajo una consigna que resume un sentimiento de hastío y aborrecimiento generalizado:

“¡Que se vayan todos!”

Hoy, el Perú se encuentra sumido en una profunda inestabilidad política, con instituciones fragmentadas, un pueblo desencantado y un futuro inmediato más que incierto.