El Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, surgido de la Asamblea Nacional de Venezuela y que agrupa a todos los sectores de vida venezolana, convocó a los diputados y senadores ante la urgencia de la amenaza imperialista de “promover un cambio de régimen” en Caracas.
Luego de las deliberaciones realizadas con representantes de 14 países de América Latina y el Caribe, los delegados sostuvieron un encuentro con el presidente Nicolás Maduro Moros y aprobaron la Declaración Parlamentaria del Gran Caribe por la Paz, que afianza los nexos entre los parlamentos, para defender la verdad de nuestros pueblos ante las aviesas acciones imperiales.
El presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, calificó esa intención de aviesa con el objetivo de permitir a Estados Unidos hacerse con las riquezas naturales que “solo pertenecen al pueblo y a la República”.
Rodríguez abogó por una sola voz y acción que conduzca a preservar la paz, el futuro, la independencia y soberanía de los países de la región, conceptos planteados de diferentes maneras y un solo sentido, y en el que la palabra unidad retumbó una y otra vez.
Así concordaron en sus intervenciones los delegados de Cuba, Nicaragua, Colombia, Antigua y Barbudas, Belice, Dominica, Granada, San Vicente las Granadinas, México, Guatemala, Honduras, Brasil, Uruguay y Venezuela.
La delegación de Nicaragua estuvo integrada por el canciller Denis Moncada; la Primer Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Arling Alonso; el jefe de la bancada de diputados del FSLN, Edwin Castro; el diputado Carlos Emilio López; la diputada Yitsy Hernández; la embajadora de Nicaragua en Venezuela, Daysi Torres y los funcionarios de la embajada Valezka López y César Acosta.
Por eso se recordó la celebración de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en 2014 en La Habana, Cuba, donde fue proclamada a América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
Esa Proclama de Paz de la CELAC es la que ahora está amenazada, así como el mar Caribe, como declaró el titular del Poder Legislativo venezolano, en un “despliegue bárbaro” de fuerzas y medios estadounidenses en un intento de agredir a Venezuela y los países del Caribe.
El viernes, en nombre del Gobierno Sandinista, el canciller Denis Moncada denunció que “el Gobierno norteamericano fundamenta su agresión política, psicológica y militar contra Venezuela, en la falsedad y la mentira. Pretenden destruir la verdad venezolana, elaborando una narrativa falsa que difunden de forma sistemática a través de su poder mediático, con el objetivo de derrocar a su legítimo y constitucional Presidente; crimen que no lograrán”.
Asimismo, exigió el “cese inmediato de la agresión contra la soberanía, independencia y autodeterminación de Venezuela y el retiro urgente de la fuerza de tarea norteamericana desplegada en el Caribe que es “Zona de Paz de Nuestra América”, por la que lucharon nuestros Héroes”, y reiteró que Nicaragua acompaña y apoya la unidad cívico–militar para defender la Patria Bolivariana.
Como colofón de la reunión, el presidente Nicolás Maduro convocó a un gran encuentro antes de finalizar el año con la participación fuerzas políticas, movimientos sociales y populares y parlamentarios de toda la región para defender el derecho a la paz del continente.
La Declaración Final del Encuentro Parlamentario del Gran Caribe llamó a afianzar todavía más los lazos y nexos entre los parlamentos de los países de la región; establecer formas de comunicación mucho más profundas y rápidas entre los parlamentarios y los pueblos.
Asimismo, profundizar la solidaridad que “bien nos enseñaron los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez” como paso inicial de la hermandad entre pueblos, gobiernos y procesos revolucionarios, y repudió la presencia de efectivos y equipos militares desproporcionados en el Caribe.
Declaración Parlamentaria del Gran Caribe por la paz
Nosotras y nosotros, parlamentarios y parlamentarias de las naciones de: Cuba, Nicaragua, Colombia, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Grenada, San Vicente y las Granadinas, México, Brasil, Guatemala, Honduras y Uruguay, pertenecientes a la cuenca del Caribe, reunidos en la ciudad de Caracas, Venezuela, con el propósito de defender la paz, el respeto a la soberanía y el derecho internacional en nuestra Región, frente a las crecientes amenazas y agresiones por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, bajo el pretexto de una “guerra contra el narcotráfico”, manifestamos lo siguiente:
Considerando
Que los pueblos del Gran Caribe, unidos por el mar y herederos de las luchas anticoloniales, así como de una profunda tradición de solidaridad y cooperación entre naciones hermanas, han forjado su identidad regional sobre los valores de la independencia, la justicia y el respeto mutuo, haciendo de la paz una forma de vida y un compromiso histórico con la dignidad, el desarrollo y la libertad de todos los pueblos de la región.
Que la Carta de las Naciones Unidas establece como propósito “Mantener la paz y la seguridad internacionales” y; adopta como principios “la igualdad soberana de todos sus Miembros”; de manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia” y; que sus miembros “se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado”.
Que el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), suscrito por 33 Estados de nuestra región en el año 1967, establece “prohibir e impedir” en sus respectivos territorios “cualquier forma de posesión de toda arma nuclear, directa o indirectamente, por mandato de terceros o de cualquier otra forma”.
Que el 29 de enero del año 2014 en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en La Habana, Cuba; se declaró por parte de 33 países de la región a “América Latina y el Caribe como Zona de Paz basada en el respeto de los principios y normas del Derecho Internacional”; con el “compromiso permanente para la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre la amenaza y el uso de la fuerza, en nuestra región”, en reconocimiento de “la paz como es un bien supremo y anhelo legítimo de todos los pueblos”.
Que el pasado 20 de agosto, la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA, declaró el rechazo de manera categórica a “las órdenes del gobierno de los Estados Unidos de desplegar fuerzas militares bajo pretextos, con la clara intención de imponer políticas ilegales, injerencistas y contrarias al orden constitucional de los Estados de América Latina y el Caribe”.
Que desde el mes de agosto del presente año, el gobierno de los Estados Unidos ha realizado un despliegue militar en nuestra región que según diversas fuentes incluyen 10 mil soldados, aviones de combate AC-130 de transporte y logística, un buque de combate USS Wichita, 6 drones Reaper MQ9, 3 aviones de vigilancia bombardero B-52, 10 cazas furtivos F-35, 2 buques de reaprovisionamiento, tres destructores de misiles guiado, 1 submarino nuclear, tres Grupos Anfibio del Iwo Jima, un número hasta ahora no determinado de helicópteros Black Hawk y recientemente la movilización del Buque Portaviones USS “Gerald R. Ford”.
Que mediante este despliegue armamentístico se han cometido ejecuciones extrajudiciales a partir del pasado 2 de septiembre, donde se han asesinado al menos a 61 personas de diversas nacionalidades de la región, en 15 ataques a embarcaciones; acciones a todas luces ilegales y criminales, que atentan contra la soberanía de nuestras naciones y que buscan interferir por vía del uso de la fuerza en los asuntos internos de los Estados de América Latina y el Caribe, con el fin último de aprovecharse y apropiarse de los recursos naturales y energéticos existentes en el territorio de nuestras naciones.
Que las naciones caribeñas a lo largo de sus relaciones históricas han asumido los temas comunes desde la solidaridad, tal como ha quedado demostrado durante los últimos años con políticas conjuntas para el bienestar de nuestros pueblos, las misiones médicas cubanas hacia distintos países de la región, Acuerdo Energético de Caracas, Petrocaribe, entre otras iniciativas que han permitido fomentar la hermandad, armonía, la paz y el respeto a la soberanía de nuestras naciones.
Declaramos
Rechazar enérgicamente las acciones de agresión, amenaza y promoción de la violencia por parte del gobierno de los Estados Unidos en el Gran Caribe, ejecutadas bajo el pretexto de la “guerra contra el narcotráfico”, con el objetivo de interferir en los asuntos internos de nuestros países y promover cambio de régimen sometidos y alineados a sus intereses, mediante prácticas coloniales obsoletas.
Reafirmar nuestro compromiso inquebrantable con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular:
- El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
- El principio de la igualdad soberana de todos sus miembros.
- La obligación de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado.
Ejercer nuestro derecho a la paz como fundamento inalienable para el desarrollo sostenible y el bienestar de los pueblos del Caribe.
Defender de manera irrestricta la soberanía nacional e integridad territorial de todos los Estados, condenando cualquier intento de injerencia externa, coerción política o medidas unilaterales.
Ratificar nuestro compromiso con la no agresión, rechazando el uso de la fuerza. Reconocer el derecho de Venezuela a ejercer su legítimo derecho a la defensa, según el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, a través de todas las gestiones para preservar la paz y la movilización cívica, militar, policial.
Promover el dialogo y la cooperación mediante el fortalecimiento de mecanismos regionales como la CELAC, ALBA-TCP y CARICOM, para fomentar la solidaridad y la paz.
Condenar las ejecuciones extrajudiciales realizadas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el Mar Caribe, actos que violan los derechos humanos y el ejercicio soberano de nuestros Estados.
Exigir al gobierno de los Estados Unidos y al congreso de ese país el cese inmediato de todas las acciones que vulneren los derechos de los Estados soberanos del Caribe, el retiro de su flota militar desplegada en la región, y la adopción de un enfoque responsable en el tratamiento del narcotráfico.
Invitar a los parlamentos nacionales, regionales e internacionales a sumarse a este compromiso, promoviendo iniciativas conjuntas en defensa de la paz y la soberanía, y articulando esfuerzos en foros multilaterales para reafirmar a América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
Nuestra voluntad de promover acciones conjuntas orientadas a fortalecer la diplomacia parlamentaria por la paz, incluyendo espacios de concertación, intercambio y cooperación que contribuyan a la creación de mecanismos permanentes de articulación regional y a la difusión global de mensajes comunes en defensa de la soberanía, la integración y la paz del Gran Caribe.
Ratificar la plena vigencia de la Proclama de América Latina como zona de Paz, cuyo alcance se ratifica particularmente en estas condiciones, al Gran Caribe.
Defender la paz, rechazar las guerras, agresiones y provocaciones imperiales, con posturas de unidad en la diversidad para proteger el bien más preciado de nuestros pueblos, que es la vida de cada persona, no importa su filiación política, sus religiones pluralidad de pensamiento.
Promover con urgencia y por todos los medios y vías posibles, la activación de concientización del peligro que afecta la región.
Promover un movimiento cultural con la suma de artistas, vocerías desde el arte y la cultura, así como intelectuales que promuevan la paz y la soberanía de los pueblos.
Remítase la presente Declaración Parlamentaria del Gran Caribe por la Paz al Secretario General de las Naciones Unidas, a la Presidencia Pro Témpore de la CELAC, a la Secretaría de CARICOM, al Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), y a los parlamentos nacionales de la región, para su conocimiento, respaldo y difusión.
En Caracas, a los 31 días del mes de octubre de 2025.
