CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Cientos de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural de Ayotzinapa (sudoeste de México) marcharon para exigir justicia al cumplirse tres años del crimen, dijo a Sputnik el abogado del caso ante organismos internacionales, Santiago Aguirre.
«Ante el luto que envuelve a México por los sismos recientes, marcados por la indolencia gubernamental, la sociedad civil salió a exigir sus derechos, justicia y verdad por los desaparecidos con una concentración de luto y solemnidad, en una marcha de silencio», dijo Aguirre, directivo del jesuita Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que acompaña la demostración junto con decenas de organizaciones independientes.
Han pasado tres años del ataque cometido contra cinco autobuses en el que viajaban los estudiantes en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero (sudoeste), «sin justicia ni verdad para las familias, porque el Estado mexicano ha fracasado en el cumplimiento de su responsabilidad», denunció Aguirre, mientras acompañaba la protesta en una tarde lluviosa en la capital.
Los manifestantes se concentraron en el monumento al Ángel de la Independencia y marcharon hacia el llamado «antimonumento» en el Paseo de la Reforma, una reproducción del número 43 antecedido del signo de «más» que representa una crítica a la injusticia de la llamada «Masacre de Iguala».
Aguirre, que ha representado a las familias ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) en Washington y en otras audiencias, dijo que se trató de «un mitin sobrio contra la impunidad».
Los principales temas pendientes «están relacionados con las falencias e irregularidades de la investigación federal», dijo el experto, que ha acompañado los tres años del peregrinar de los familiares, para conocer el paradero de sus hijos y hermanos de los jóvenes desaparecidos.
La masacre fue perpetrada la noche del 26 de septiembre de 2014 y en la madrugada siguiente, dejando a seis personas muertas a balazos en distintos ataques, al menos 25 heridas y 43 desaparecidas.
Según las pesquisas, seriamente objetadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, los autobuses de los estudiantes fueron atacados a balazos, perseguidos y cercados por patrullas policiales de los municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco, del estado de Guerrero, supuestamente confabuladas con presuntos sicarios del crimen organizado.
Los estudiantes viajaban a la Ciudad de México a conmemorar un aniversario de la masacre de Tlatelolco, cometida contra jóvenes universitarios en 1968.
La deuda de la justicia
La primera de las tres grandes áreas de descontento de los abogados y las familias apunta al «fracaso en resolver un expediente que debió ser conducido en forma extraordinaria, por la dimensión del caso, pero fue cumplido con irregularidades», dijo Aguirre.
Las graves fallas legales fueron descubiertas por los expertos independientes de la CIDH, procedentes de España, Chile, Colombia y Guatemala, a quienes el Gobierno de México no renovó su mandato el año pasado, pero tampoco ha cumplido sus recomendaciones.
«La investigación de la desaparición de los normalistas generó una versión del paradero de los estudiantes que no resistió el escrutinio externo», dijo Aguirre sobre la llamada «Verdad Histórica» publicada por la Procuraduría General de la República y que se derrumbó.
Dos equipos periciales internacionales establecieron que «carecía de prueba científica suficiente la supuesta pira gigantesca» donde los alumnos habrían sido calcinados en un basurero municipal de Cocula (140 kilómetros al sur de Ciudad de México).
Desde entonces, no se ha generado una nueva explicación del paradero de los jóvenes, y solo el cuerpo de uno de ellos fue plenamente identificado en un laboratorio forense de la Universidad de Innsbruck, mediante análisis genético en restos óseos rescatados del río San Juan que cruza cerca del mencionado basurero público.
El tercer aniversario llega, en segundo lugar, «sin una sola sentencia condenatoria y sin un solo juicio por el delito de desaparición forzada», lamentó el abogado.
En efecto, para la justicia mexicana los estudiantes aún se consideran «secuestrados», sin reconocer la participación de policías ni agentes del Estado.
Esa falencia impide una acusación de lesa humanidad, «que tácitamente la Procuraduría rechaza», deploró el directivo del centro jesuita.
Los defensores han destacado, además, el fracaso para sancionar las irregularidades en el marco de la investigación, que ameritarían severas sanciones.
Los expertos de la CIDH, que colaboran con los abogados independientes mexicanos, denunciaron que el entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, hizo una diligencia ilegal en la que sustrajo de prisión a un sicario que denunció torturas, lo llevó en helicóptero hasta el basurero de Cocula, un día antes del hallazgo de restos óseos, y no registró la diligencia en el expediente hasta que fue descubierto en el informe final de los expertos independientes.
Zerón no fue sancionado, sino que «fue promovido a secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y los funcionarios de la Procuraduría que buscaban sancionarlo fueron removidos de sus cargos», puntualizó Aguirre.
Finalmente, el Estado mexicano, no ha adoptado garantías «que impidan la repetición de esas aberraciones, y en todo el país hay ahora más de 33.000 desaparecidos», dijo.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto no aprendió la lección, observó.
«La esperada ley general en materia de desapariciones aún no ha sido aprobada en el Congreso», concluyó Aguirre.
